Congreso agiliza dictamen de ley contra lavado de dinero ante evaluación internacional 2027

Congreso agiliza dictamen de ley contra lavado de dinero ante evaluación internacional 2027

El Congreso de Guatemala apura el dictamen de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero para cumplir con exigencias internacionales previas a la evaluación de 2027 por Gafilat, con apoyo del sector financiero y supervisores.

3 febrero 2026
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El Congreso de la República de Guatemala ha iniciado una fase decisiva en el proceso legislativo de la Iniciativa 6593, denominada "Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo". Esta normativa busca actualizar y fortalecer el marco legal vigente para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el país.

El avance de esta ley se produce en el contexto de una próxima evaluación que Guatemala enfrentará en febrero de 2027 por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Este organismo supervisa el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que la adecuación legislativa es un requisito fundamental para mantener la cooperación financiera internacional y evitar sanciones.

Proceso legislativo y análisis en comisiones

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la etapa de dictamen dentro de las comisiones de Economía y Finanzas del Congreso. Ambas comisiones analizan el proyecto de ley de manera paralela, trabajando con asesores especializados para ajustar el texto y alcanzar acuerdos que permitan su aprobación.

La complejidad de la ley radica en que contiene más de 150 artículos que abordan aspectos legales, penales, financieros y de supervisión, lo cual demanda un análisis técnico exhaustivo. Además, el proceso legislativo se ha visto retrasado debido a la carga de trabajo de las comisiones, especialmente la de Finanzas, que durante 2025 se concentró en temas presupuestarios.

Urgencia ante la evaluación internacional

Representantes del sector financiero, a través de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), junto con autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), han manifestado la necesidad imperiosa de aprobar la ley con prontitud. La ausencia de un marco normativo actualizado genera riesgos significativos, incluida la posibilidad de que Guatemala sea incluida en una lista "gris" de países poco cooperantes, lo que impactaría negativamente en la economía local y el sistema financiero.

La ley pretende modernizar las disposiciones legales vigentes y adaptarlas a las recomendaciones internacionales, lo que fortalecerá la capacidad del Estado para detectar, prevenir y sancionar operaciones ilícitas relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Perspectivas y desafíos en el Congreso

Según declaraciones de miembros de la Comisión de Finanzas, existe un compromiso para avanzar en la aprobación, al menos parcial, de la iniciativa durante las próximas semanas. Sin embargo, el panorama legislativo aún presenta incertidumbres, ya que la configuración actual de votos en la comisión es compleja y dependerá de las negociaciones y acuerdos que se establezcan.

Se espera que el dictamen sea presentado para discusión en el Pleno del Congreso en febrero de 2026, con el propósito de cumplir los plazos previos a la evaluación internacional. No obstante, la agenda legislativa y la prioridad que el pleno otorgue a este tema serán factores determinantes para su pronta aprobación.

Importancia para Guatemala

La actualización del marco legal en materia de lavado de dinero es vital para preservar la integridad del sistema financiero guatemalteco y garantizar la colaboración con organismos internacionales. Además, contribuirá a fortalecer la seguridad nacional frente a delitos financieros y al financiamiento de actividades ilícitas.

La ley también tiene implicaciones directas en sectores económicos clave, como el envío de remesas y la regulación de activos digitales, cuya supervisión es cada vez más relevante en un contexto globalizado.

Conclusión

El Congreso de Guatemala enfrenta un reto crucial al acelerar la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. El cumplimiento de las recomendaciones internacionales y la preparación para la evaluación de Gafilat en 2027 son factores que impulsan la urgencia legislativa.

El apoyo del sector financiero y las autoridades regulatorias, junto con el trabajo técnico de las comisiones legislativas, serán determinantes para que el país cuente con un marco normativo moderno, eficaz y alineado con los estándares internacionales.

El desarrollo de este proceso legislativo será un tema a seguir en los próximos meses, dado su impacto en la estabilidad financiera y la reputación internacional de Guatemala.

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