Congreso aprueba ampliación presupuestaria de Q9,326 millones para el 2026 a solicitud del Ejecutivo

El Congreso de la República de Guatemala aprobó en la madrugada del 28 de enero de 2026 una ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones para el ejercicio fiscal 2026, a solicitud del Ejecutivo. Esta decisión permite que el presupuesto total alcance los Q164 mil 163 millones, monto que había sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) a finales del año pasado.

La ampliación responde a la resolución emitida por la CC el 30 de diciembre de 2025, que suspendió la entrada en vigencia del presupuesto aprobado en noviembre de 2025. En consecuencia, para iniciar el nuevo año fiscal, quedó vigente el presupuesto del 2024, lo que generó la necesidad de ajustar el plan financiero para atender las demandas del país durante 2026.

Detalles de la ampliación y distribución de recursos

La iniciativa aprobada, que reforma el Decreto 36-2024, modifica el presupuesto general de ingresos y egresos para 2026, pasando de Q154 mil 836 millones a Q164 mil 163 millones. Esta ampliación está destinada a fortalecer la ejecución de diferentes sectores prioritarios para el país.

Entre los principales beneficiarios se encuentra el Ministerio de Educación, que recibirá una asignación significativa para programas de alimentación escolar, pago de salarios del personal docente y administrativo, así como mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contará con fondos adicionales para fortalecer la atención en hospitales, adquirir insumos médicos esenciales y mejorar los servicios de primer nivel en todo el territorio nacional. Esta inversión es clave para enfrentar los retos en salud pública y ampliar la cobertura de atención a la población.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación dispondrá de recursos para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, así como para implementar acciones orientadas a la prevención del delito y el control territorial, aspectos fundamentales para la seguridad ciudadana.

Por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibirá fondos para la ejecución de obras viales, infraestructura clave para el desarrollo económico y social del país. También se asignarán recursos al rubro de Obligaciones del Estado, que incluyen deuda pública, pensiones y otros compromisos legales.

Reformas a la ejecución de fondos de los Codedes

Durante la misma sesión, los diputados aprobaron reformas legales relacionadas con los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes),que buscan flexibilizar la ejecución de sus fondos. Entre los cambios destaca la eliminación de la obligación de transferir el 100% de sus recursos a las unidades ejecutoras, lo que se espera agilice la implementación de proyectos en los departamentos.

Además, se extendió el plazo para reprogramar proyectos hasta el último día hábil de marzo, ampliando la ventana de gestión para adaptar los planes a las necesidades reales. También se modificó el periodo de silencio administrativo, que pasó de 5 a 30 días, para evaluar iniciativas presentadas, buscando mayor certidumbre en los procesos.

Estas reformas pretenden acelerar la ejecución de proyectos prioritarios para el desarrollo local. Sin embargo, expertos y críticos advierten sobre el riesgo de que esta mayor flexibilidad pueda debilitar los mecanismos de supervisión y control, lo que podría afectar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Contexto político y económico

La aprobación de esta ampliación presupuestaria se da en un contexto de tensiones entre los poderes del Estado, especialmente tras la suspensión del presupuesto original por parte de la Corte de Constitucionalidad. El Ejecutivo había planteado la necesidad de ajustar el gasto público para garantizar la continuidad de los servicios y proyectos previstos para el 2026.

Para Guatemala, un país con retos significativos en materia social, educativa, sanitaria y de seguridad, contar con un presupuesto adecuado es fundamental para avanzar en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población. La ampliación aprobada busca responder a estas necesidades, aunque el debate sobre la gestión eficiente y transparente de los recursos continúa siendo una prioridad para la sociedad civil y los organismos de control.

Perspectivas y desafíos

El incremento presupuestario representa un esfuerzo para mantener la estabilidad financiera del Estado y atender las demandas sociales. No obstante, su ejecución efectiva dependerá de la capacidad institucional para administrar estos recursos, garantizar la transparencia y evitar desviaciones que puedan afectar el desarrollo de los programas.

En particular, la supervisión en la asignación y uso de fondos en sectores clave como educación, salud y seguridad será determinante para cumplir con los objetivos planteados. Asimismo, las reformas a los Codedes abren una ventana para mejorar la gestión local, pero demandan mecanismos robustos de vigilancia para evitar posibles irregularidades.

El gobierno y el Congreso deberán trabajar en coordinación para asegurar que esta ampliación presupuestaria se traduzca en beneficios concretos para la población guatemalteca, impulsando el desarrollo sostenible y fortaleciendo las instituciones públicas.

En resumen, la aprobación de esta ampliación presupuestaria por parte del Congreso marca un paso importante para el inicio del ejercicio fiscal 2026, permitiendo que el país cuente con los recursos necesarios para atender sus prioridades, en un marco que exige responsabilidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos.