Congreso aprueba en tercer debate la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes, en su tercer debate, la iniciativa 6593 que establece la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La medida fue respaldada por 125 diputados y responde a la necesidad de modernizar y unificar la legislación nacional en materia de prevención y combate a estos delitos.

Esta ley, presentada inicialmente por el Organismo Ejecutivo en septiembre del año anterior, integra en un solo cuerpo normativo las disposiciones vigentes y busca actualizar el marco jurídico guatemalteco para ajustarlo a los estándares internacionales estipulados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otros convenios internacionales suscritos por el país.

Objetivos y alcances de la nueva legislación

El principal objetivo de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero es fortalecer el sistema financiero nacional y evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris de países que no cumplen con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso destacó que esta actualización legal es fundamental ante la próxima evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027, proceso para el cual Guatemala debe contar con normativas adecuadas y actualizadas.

“Creemos que es parte de los compromisos que como Estado debemos cumplir ante GAFI, que visitará el país en febrero de 2027. Esta iniciativa actualiza los dos cuerpos legales que regulan el tema del lavado y financiamiento del terrorismo, incorpora un enfoque basado en riesgo y establece claramente las responsabilidades de los sujetos obligados y las unidades de inteligencia financiera”, señaló.

Principales modificaciones y novedades

• Modernización del marco jurídico: La ley unifica y actualiza las normativas vigentes para mejorar la eficacia en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Enfoque basado en riesgo: Se incorpora un modelo internacionalmente reconocido que obliga a las instituciones a identificar, evaluar y mitigar riesgos específicos.
• Definiciones claras: Se precisan conceptos clave dentro del régimen preventivo para facilitar su aplicación práctica.
• Ampliación del alcance: Se ajusta el catálogo de sujetos obligados, estableciendo con mayor precisión quiénes deben cumplir con las disposiciones legales.
• Fortalecimiento institucional: Se promueve una mejor coordinación entre entidades y se refuerzan los mecanismos de supervisión y sanción.
• Armonización legal: La iniciativa incorpora enmiendas para evitar contradicciones con otras leyes nacionales y asegurar alineación con estándares internacionales.

Contexto y relevancia para Guatemala

Guatemala enfrenta desafíos significativos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delitos que representan una amenaza para la estabilidad económica y social del país. La aprobación de esta ley es un paso importante para fortalecer las capacidades del Estado en esta materia.

La legislación vigente hasta ahora se consideraba insuficiente para responder a las dinámicas actuales delictivas y no cumplía plenamente con las recomendaciones internacionales, lo que ponía en riesgo la reputación del país en el ámbito financiero global.

Además, la inclusión de un enfoque basado en riesgo responde a una tendencia global que prioriza la prevención mediante la identificación proactiva de vulnerabilidades, en lugar de enfoques exclusivamente punitivos.

Desafíos institucionales y coordinación

La nueva ley contempla mecanismos para mejorar la coordinación interinstitucional entre las entidades encargadas de la supervisión financiera, la inteligencia financiera y los organismos de justicia, buscando una respuesta más eficiente y articulada ante posibles casos de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Asimismo, se prevé un régimen sancionatorio más claro y contundente, que permita sancionar con mayor eficacia a quienes incumplan las disposiciones legales.

Discusión sobre la Ley de Ciberseguridad

Tras la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero, el Congreso abordó en tercer debate la iniciativa 6347, que plantea la creación de una Ley de Ciberseguridad. Sin embargo, esta propuesta fue retirada temporalmente de la agenda parlamentaria para ser remitida nuevamente a las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional y Economía.

La moción para devolver el dictamen fue presentada por uno de los vicepresidentes del Congreso, quien argumentó que la iniciativa presentada contiene debilidades importantes, entre ellas la falta de delimitación clara de competencias entre las entidades encargadas de su aplicación. Además, señaló que la ley mezcla diferentes temas como ciberseguridad, ciberdelitos y respuesta institucional, lo que podría generar confusión y debilitar las capacidades estatales en esta materia.

Varios diputados respaldaron estas observaciones, subrayando que el Congreso no debe actuar bajo presiones coyunturales, como el reciente incidente de hackeo en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam),sino que debe buscar una legislación bien estructurada y eficaz.

Finalmente, la propuesta para devolver la iniciativa a las comisiones fue aprobada con 94 votos a favor, otorgando un plazo para que se realice un análisis más detallado y se emitan dictámenes separados que aborden los distintos aspectos de la materia.

Conclusión

La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo representa un avance significativo para Guatemala en el fortalecimiento de su marco legal y la alineación con los estándares internacionales. Este paso es fundamental para proteger el sistema financiero nacional y mejorar la capacidad del Estado para prevenir y combatir delitos financieros.

Al mismo tiempo, la pausa en la discusión de la Ley de Ciberseguridad evidencia la necesidad de un análisis profundo y estructurado para garantizar que las futuras normativas en esta área sean efectivas y contribuyan a la seguridad integral del país.

El camino hacia una mayor transparencia y seguridad jurídica continúa siendo una prioridad para el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de compromisos internacionales y la protección del bienestar económico y social de Guatemala.