Congreso avanza con la iniciativa que busca imponer los criterios de la CSJ en las resoluciones penales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca que los criterios que adopte la Cámara Penal sirvan de base para que los jueces penales emitan resoluciones, con la iniciativa de ley 6708.

La propuesta de ley ingresó a Dirección Legislativa el 30 de enero pasado, fue presentada por el pleno de la CSJ, que decidió hacer uso de su facultad para promover leyes en el Congreso.

Los magistrados de la CSJ sugieren cinco cambios en el Código Procesal Penal para que las sentencias de la Cámara Penal en fase de casación sean doctrina legal; es decir, para que jueces de menor jerarquía estén obligados a resolver bajo esos mismos parámetros.

Esta propuesta de ley recibió dictamen favorable con modificaciones el 24 de agosto, según consta en la página web del Congreso, mismo día en que la instancia de Jefes de Bloques la programó para su primer debate.

La iniciativa 6708 fue anunciada ante el pleno de diputados en la sesión plenaria del pasado 25 de agosto, y fue tramitada sin mayor discusión y debate de parte de los diputados presentes.

Ahora, resta que el Congreso decida volverla a programar para su segundo y tercer debate, junto a la redacción final, para que la iniciativa se convierta en una nueva ley para el sistema de justicia.

La propuesta explica que toda vez existan cinco fallos consecutivos emitidos por el Tribunal de Casación de la Cámara Penal, los criterios adoptados para esos casos pasarán a ser parte de la doctrina legal en materia penal.

Luis Contreras, presidente del Congreso, dijo en la pasada sesión de jefes de bloque que el Organismo Legislativo estará programando está iniciativa hasta que se convierta en un nuevo decreto.

Las dudas

Expertos en derecho penal evaluaron la iniciativa 6708, al considerar que es un mecanismo legal que existe en muchas partes del mundo, y reconocen que es una discusión oportuna.   

No obstante, existen dudas por los actores que integran la CSJ que impulsan esa iniciativa de ley, debido a que existen antecedentes en el Poder Judicial que han despertado dudas en grupos sociales.

“Esta iniciativa viene de una CSJ que genera desconfianza ciudadana debido al funcionamiento del sistema judicial en casos de corrupción, narcotráfico, extorsiones, criminalizaciones y delitos llamados de cuello blanco”, opinó Marco Antonio Canteo, abogado experto en política criminal.

La actual CSJ fue cuestionada cuando nombró magistrados de manera directa en nuevas Salas de Apelaciones y omitió el papel constitucional que le confiere al Congreso, según analistas.

Además de una división clara entre el bloque mayoritario y el minoritario en la CSJ, donde este segundo estaría siendo objeto de posibles amenazas sin que exista una explicación si el Poder Judicial reforzó la seguridad de esos magistrados.

La presidencia de la CSJ actualmente recae en la magistrada Claudia Paredes, que según organizaciones de observación, es afín a determinados grupos políticos dentro del Congreso, y es relacionarla con el diputado Allan Rodríguez, de Vamos.

“En el sistema de elección de altas Cortes, con las comisiones de postulación, muchas veces no llegan los mejores juristas. Desafortunadamente, la elección de cargos de justicia se da con mecanismos que no garantizan la calidad de la elección”, remarcó Canteo.

Por su parte, Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ve algunas fortalezas en la propuesta impulsada por la CSJ, pero opinó que lo prudente es una discusión y aprobación moderada en el Congreso.  

“Hay que reconocer que en muchas ocasiones la CSJ no es infalible, pues existen situaciones donde puede haber interpretaciones cuestionables, o bien que sean contrarias al control de convencionalidad”, explicó Rodríguez.

El abogado agregó que la doctrina legal es una regla en muchos países del mundo, pero por las dudas que hay en el propio sistema de justicia, es de la idea de que la aprobación debe de ser sin prisas.

“Guatemala tiene más de 34 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanas y algunas tienen que ver por decisiones equivocadas de la CSJ; entonces, si un juez tiene que enfrentar el dilema, tiene que decantarse siempre por la defensa de la Constitución”, dijo el experto.

“Yo confío en el sistema”

La iniciativa de ley fue presentada ante los diputados por el magistrado Réne Girón, integrante de la CSJ y quien forma parte del bloque dominante del Poder Judicial.

El magistrado explicó que son razonables algunas dudas alrededor de la propuesta, pero asegura que esos temores son infundados, ya que existen mecanismos claros para que un criterio de la Cámara Penal se convierta en doctrina legal, o sea, una norma obligatoria para los jueces penales.

“No creo que sea peligrosa la iniciativa, al contrario, es beneficioso que las sentencias del Tribunal de Casación adquieran la fuerza de doctrina legal. No se puede ver peligro porque una sentencia que no le guste a una persona no significa que sea doctrina legal”, explicó el magistrado.

Girón detalló que para que los criterios de un caso penal sean obligatorios, requiere cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido, algo que elimina los riesgos sobre posible discrecionalidad.

“Yo confió en el sistema, es el que hay, pero ser antisistema y estar en el sistema, son personas que están equivocadas”, expresó el magistrado, y que los argumentos de peligro son infundados porque esta misma regla se aplica a otra rama legal. “El criterio judicial se convierte en fuente de derecho, algo que existe en lo civil, reintroducirlo a lo penal no es de temor”, añadió.

La próxima sesión de jefes de bloque será el próximo lunes, donde se verá si la Junta Directiva que preside el diputado Contreras propone la reforma al Código Procesal Penal para una segunda lectura.