Congreso avanza en negociaciones para aprobar ley antilavado antes del cierre del periodo ordinario

El Congreso de la República de Guatemala mantiene activa la búsqueda de consensos para aprobar la iniciativa de la ley integral contra el lavado de dinero y otros activos, así como el financiamiento del terrorismo, antes de que finalice el primer periodo ordinario de sesiones 2026, el próximo 15 de mayo.

La iniciativa 6593, conocida como Ley Integral contra el Lavado de Dinero, ha enfrentado una serie de obstáculos en el pleno legislativo. La discusión y eventual aprobación por artículos estaba programada para el martes 5 de mayo, sin embargo, no se alcanzó el quórum necesario de 107 votos, por lo que la sesión fue levantada y la aprobación de la norma quedó suspendida.

Negociaciones y bloqueos entre bancadas

Fuentes legislativas indicaron que varios bloques parlamentarios, incluidos Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),Todos, Valor y Cabal, han puesto reparos a la aprobación de la ley antilavado. Estas bancadas condicionan su respaldo a la aprobación previa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público (MP) y la derogación del convenio que dio origen a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),que permanece vigente y podría ser reactivada.

Estas negociaciones han generado un bloqueo sistemático, retrasando la discusión y aprobación de la ley. Según declaraciones del diputado Orlando Blanco, cuarto vicepresidente del Congreso, estas bancadas buscan asegurar el control sobre el MP, incluyendo la potestad presidencial para remover al fiscal general, tema que ha generado polémica ante la posibilidad de un cambio en ese organismo.

Además, la derogación del acuerdo que estableció la Cicig ha sido parte de las conversaciones, dado que la comisión podría ser reactivada por el nuevo titular del MP. Otros elementos en juego son intereses particulares que podrían beneficiarse con el retraso en la aprobación de la ley antilavado.

Perspectiva de los legisladores oficiales

El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha informado que las negociaciones continúan y que solo quedan detalles menores por resolver para alcanzar un acuerdo legislativo. Contreras destacó las obligaciones que la ley impondrá a los notarios, quienes deberán registrarse, mantener un registro de sus clientes y reportar actividades sospechosas, medidas que forman parte de las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Contreras indicó que algunas bancadas presentan reticencias principalmente por las multas que deberán pagar los notarios en caso de incumplimiento, ya que el Gafilat exige sanciones más severas que las actualmente propuestas.

Por su parte, el segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, afirmó que ya se están afinando los acuerdos necesarios para que la ley sea aprobada en la sesión ordinaria programada para el martes 12 de mayo, antes de que concluya el periodo ordinario el día 15.

Argumentos en contra y a favor de la ley

Desde la bancada Vamos, el jefe de bancada Alan Rodríguez aclaró que no se oponen a la ley antilavado, sino que consideran que debe ser aprobada con las modificaciones necesarias para su correcta implementación. Rodríguez criticó que muchos diputados no conocen en detalle el contenido de la iniciativa y alertó que, sin los ajustes pertinentes, la ley podría convertirse en un instrumento para persecución política.

En contraste, el diputado Raúl Barrera, del bloque oficial, expresó que la norma es necesaria para homologar las regulaciones nacionales a los estándares internacionales y que aquellos que actúan conforme a la ley no deben temer su aplicación. Barrera enfatizó que con los cambios positivos en el MP no debería existir temor a que la ley se utilice con fines políticos.

Importancia para la inversión y estrategia nacional

El pasado 8 de mayo, la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Copreclaft) celebró una reunión ordinaria con representantes del Organismo Ejecutivo, Judicial y otras entidades gubernamentales para avanzar en la estrategia nacional contra estos ilícitos.

La presidenta en funciones de Copreclaft, Karin Herrera, destacó la importancia de la aprobación de la ley para mantener la calificación internacional del país y su atractivo para la inversión extranjera. Según Herrera, la normativa facilitará el cierre de brechas detectadas por Gafilat desde 2016 y permitirá fortalecer la cooperación interinstitucional, la recuperación de activos y la prevención del lavado de dinero.

La estrategia contempla además la capacitación de personal especializado y el fortalecimiento del marco legal, para lo cual la aprobación de la ley pendiente en el Congreso resulta fundamental.

Contexto y próximos pasos

El Congreso tiene plazo hasta el 15 de mayo para aprobar la ley antes de cerrar el primer periodo ordinario de sesiones. La agenda del martes 12 incluye la discusión de esta iniciativa, así como de la ley de puertos, con la intención de aprobar ambas antes del inicio del periodo extraordinario el 16 de mayo.

El debate legislativo continúa marcado por tensiones políticas y la búsqueda de consensos en un tema clave para la transparencia financiera y la lucha contra la corrupción en Guatemala, un país que enfrenta desafíos persistentes en materia de justicia y gobernabilidad.

El resultado de estas negociaciones será determinante para el cumplimiento de estándares internacionales y para el fortalecimiento institucional en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala.