Congreso de Guatemala buscará aprobar ley antilavado para evitar sanciones internacionales

El Congreso de la República de Guatemala tiene programado para el martes 24 de marzo el primer debate de la iniciativa 6593, un proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta propuesta cobra relevancia ante la advertencia de organismos internacionales que podrían incluir al país en una lista gris por deficiencias en el cumplimiento de estándares internacionales.

La iniciativa 6593, también conocida como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, pretende actualizar la normativa vigente que data de principios del siglo XXI. El proyecto busca responder a las exigencias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),que dentro de aproximadamente 20 meses realizará una rigurosa evaluación del sistema guatemalteco para prevenir estos delitos.

Riesgos por retraso en la aprobación

Autoridades nacionales han enfatizado la urgencia de avanzar en la aprobación de esta ley para evitar consecuencias negativas en la estabilidad financiera y la credibilidad internacional de Guatemala. Saulo de León Durán, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB),ha manifestado que la falta de avances legislativos puede llevar a que el país sea percibido como un "país no cooperante" en materia financiera, lo que impactaría directamente en la economía nacional.

De León Durán advirtió que la inclusión en la lista gris internacional podría generar un mayor escrutinio por parte de socios comerciales y entidades financieras internacionales. Esto se traduciría en primas de riesgo más elevadas para préstamos, mayores tasas de interés e incluso restricciones comerciales que afectarían la competitividad del país.

Además, resaltó el efecto en la canalización de remesas, las cuales representan un componente significativo para la economía guatemalteca. Un informe negativo sobre el sistema de prevención podría provocar que los bancos implementen controles más estrictos, elevando costos y afectando el bolsillo de los guatemaltecos.

Ampliación de sectores bajo supervisión

La propuesta legislativa contempla la incorporación de nuevos sectores y sujetos obligados a los controles de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Entre ellos se incluyen empresas de loterías, sistemas de apuestas deportivas, proveedores de servicios de activos virtuales, así como contratistas y proveedores del Estado.

También se incorporan actividades como quinielas y bingos autorizados legalmente, que pasarían a formar parte de las entidades supervisadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Esto responde a la necesidad de ampliar el espectro de vigilancia para cubrir nuevas modalidades y actores vinculados a operaciones financieras susceptibles de ser utilizadas para lavado de dinero.

Además, la iniciativa actualiza y reestructura el listado de entidades ya reguladas, entre las que se encuentran emisores y operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, corredores e intermediarios de valores, entidades de leasing y factoraje, cooperativas de ahorro y crédito, así como promotores e intermediarios en la compraventa de inmuebles.

Impacto económico y reputacional

La posible inclusión de Guatemala en la lista gris tendría repercusiones significativas en la economía nacional. La reputación financiera de las instituciones bancarias se vería afectada, dificultando el acceso a financiamiento y la participación en mercados internacionales. Asimismo, impactaría las operaciones cotidianas de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a remesas y productos crediticios.

El Ejecutivo ha promovido la iniciativa 6593 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Guatemala. La propuesta busca evitar sanciones que podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país y su posición en el sistema financiero global.

Próximos pasos y contexto internacional

El análisis y aprobación en el Congreso se produce en un contexto de presión internacional, donde organismos multilaterales exigen mayor transparencia y eficacia en la lucha contra delitos financieros. La evaluación del Gafilat prevista para principios de 2027 será determinante para definir el estatus de Guatemala en términos de cumplimiento normativo.

De León Durán enfatizó que la cooperación internacional y el cumplimiento de estándares globales es vital para que Guatemala mantenga una imagen positiva ante sus socios comerciales y organismos financieros. La aprobación de la ley antilavado es un paso fundamental para evitar ser catalogado como un país con deficiencias en la prevención de delitos financieros.

En resumen, el Congreso enfrenta el reto de destrabar la iniciativa 6593 para actualizar el marco legal antilavado, una acción clave para proteger la economía nacional y garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia financiera.