Congreso de Guatemala oficializa integración de la nueva Corte de Constitucionalidad y pospone fecha de juramentación

El Congreso de la República de Guatemala aprobó recientemente el decreto que oficializa la integración de la futura Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Sin embargo, la fecha precisa para la juramentación de los magistrados designados quedó pendiente de definición por parte de la Junta Directiva del Legislativo.

Integración formal de la Corte de Constitucionalidad

Tras recibir las notificaciones de los cinco órganos electores, el pleno del Congreso emitió y aprobó con carácter de urgencia nacional el decreto número 8-2026, que contiene la lista oficial de los magistrados titulares y suplentes que conformarán la CC durante los próximos cinco años.

La integración de la Corte está fundamentada en el artículo 157 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que otorga la facultad al Congreso para emitir el decreto correspondiente, el cual servirá como base legal para la instalación del órgano constitucional.

Magistrados titulares y suplentes designados

El documento aprobado por el Legislativo enumera a los cinco magistrados titulares que integrarán la Corte de Constitucionalidad para el citado periodo, quienes son:

• Dina Josefina Ochoa Escribá
• Roberto Molina Barreto
• Gladys Anabella Morfín Mansilla
• Julia Marisol Rivera Aguilar
• Astrid Jeannette Lemus Rodríguez

Asimismo, se oficializó la lista de los cinco magistrados suplentes que acompañarán a los titulares en sus funciones:

• Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
• Luis Alfonso Rosales Marroquín
• María Magdalena Jocholá Tujal
• José Luis Aguirre Pumay
• Luis Fernando Bermejo Quiñónez

Juramentación y fecha pendiente

Posteriormente a la aprobación del decreto, los diputados del Congreso también aprobaron el acuerdo legislativo 10-2026, con el cual se convoca formalmente a los magistrados designados a rendir juramento ante el pleno legislativo. No obstante, el acuerdo establece que la fecha exacta para esta ceremonia será definida ulteriormente por la Junta Directiva del Congreso.

De acuerdo con lo previsto, la nueva Corte de Constitucionalidad debe tomar posesión de sus cargos el 14 de abril de 2026, pero las circunstancias legales y administrativas han generado incertidumbre en torno a la fijación definitiva de esta fecha.

Situación de amparos y recursos legales

La integración de la CC ha estado enmarcada por un contexto de controversias legales, principalmente en relación con las designaciones efectuadas por algunos órganos electorales. Mientras que las designaciones hechas por el presidente de la República, el pleno del Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han sido objeto de acciones legales que las obstaculicen, sí se han presentado amparos contra las designaciones del Consejo Superior Universitario (CSU) y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Estos recursos legales, presentados ante diferentes instancias judiciales, invocan principalmente cuestionamientos sobre la legitimidad y procedencia de los procesos de selección. En el caso del CSU, las impugnaciones argumentan la permanencia irregular de algunos consejeros con períodos vencidos, lo que pondría en duda la validez de su participación en la designación de magistrados.

Por otra parte, un amparo específico relacionado con la designación realizada por el Colegio de Abogados y Notarios busca excluir a la magistrada Astrid Jeannette Lemus Rodríguez del acto de juramentación. Este recurso alega una supuesta falta de objetividad por parte de Lemus, basada en una ponencia presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) tras una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público en el proceso de votación del Colegio.

Contexto y relevancia para Guatemala

La Corte de Constitucionalidad es el órgano judicial supremo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y actos administrativos en Guatemala, por lo que su integración y funcionamiento son vitales para el equilibrio y respeto del Estado de Derecho. La renovación de sus magistrados cada cinco años es un proceso clave que impacta directamente en la administración de justicia y en la estabilidad institucional del país.

En los últimos años, la CC ha estado en el centro de diversos debates y confrontaciones políticas, lo que ha generado preocupación tanto en la sociedad civil como en organismos internacionales sobre la independencia y la transparencia en su conformación.

La aprobación del decreto legislativo que integra formalmente la Corte para el periodo 2026-2031 representa un avance institucional, pero las controversias y amparos pendientes evidencian la necesidad de garantizar procesos claros y legítimos para asegurar la confianza pública en el sistema judicial.

Próximos pasos y expectativas

Con la integración oficializada, el Congreso debe definir la fecha para la juramentación de los magistrados, paso indispensable para la puesta en funciones de la nueva CC. Sin embargo, la resolución de los amparos pendientes podría influir en el calendario y en la composición definitiva del órgano.

El seguimiento a estos procesos judiciales será determinante para observar la forma en que se consolidará la Corte en los próximos años y cómo se desarrollará la relación entre los distintos poderes del Estado en un contexto de fortalecimiento institucional y respeto a la legalidad.

Para el público en general y los actores políticos, la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa constituirán elementos esenciales para mantener la credibilidad en la justicia guatemalteca y en la vigencia del orden constitucional.