Congreso de Guatemala retoma discusión técnica para aprobación de ley antilavado con ajustes constitucionales

El Congreso de la República de Guatemala ha programado retomar la discusión técnica sobre las enmiendas a la iniciativa 6593, conocida como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LDFT). Este proceso se reiniciará el próximo lunes 25 de mayo y se prevé que la normativa sea discutida en sesiones extraordinarias los días 2 y 3 de junio.

La iniciativa busca actualizar el marco legal para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de fortalecer la supervisión y control financiero en Guatemala, en cumplimiento con los estándares internacionales exigidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Avances y actores involucrados en la discusión

La convocatoria para continuar el diálogo técnico incluye la participación de diputados, jefes de bloque, y miembros de la Comisión de Economía, además de representantes de entidades clave como la Intendencia de Verificación Especial (IVE),la unidad de inteligencia financiera del país; la Superintendencia de Bancos (SIB); la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG); y la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG),entre otros actores del sector financiero y regulatorio.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha señalado que esta ley presenta vacíos que deben ser abordados para evitar debilidades en la legislación, pero sin comprometer la capacidad del país para superar las evaluaciones internacionales que Guatemala enfrentará próximamente. "Queremos llenar esos vacíos sin hacer daño a la ley para pasar la evaluación del Gafilat", aseguró.

Desafíos técnicos y constitucionales

Entre los aspectos que están siendo objeto de análisis y posibles modificaciones destaca el papel y las responsabilidades de los notarios públicos en la prevención del lavado de dinero. Contreras mencionó que el notario tiene tres funciones esenciales: registrarse, registrar a sus clientes y denunciar operaciones sospechosas, lo cual implica una carga importante para estos profesionales.

Actualmente, las sanciones contempladas para incumplimientos van desde multas de Q500 hasta Q350 mil. Sin embargo, se busca flexibilizar estas penas para no afectar de forma desproporcionada a los notarios, quienes podrían verse gravemente afectados por sanciones excesivas. "Queremos evitar castigos que no permitan la subsistencia de quienes ejercen esta profesión", explicó Contreras.

Otro punto relevante es la definición y regulación sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP),tema que genera debate por la discrecionalidad en la inclusión de individuos relacionados. Los diputados proponen limitar esta categoría al primer grado de afinidad y consanguinidad, incluyendo a hijos y cónyuges, con el fin de delimitar el alcance de la normativa y evitar interpretaciones arbitrarias.

Proceso legislativo y plazos

Conforme a lo señalado por el presidente del Congreso, tras los avances en la mesa técnica, la iniciativa de ley antilavado será puesta a consideración en el pleno durante las sesiones extraordinarias convocadas para los días 2 y 3 de junio. Estas fechas coinciden con la convocatoria de la Comisión Postuladora para elegir al nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas.

Asimismo, se contempla en la agenda la discusión de la Ley del Sistema Portuario Nacional, aunque esta normativa tiene un margen de tiempo mayor para su aprobación, a diferencia de la ley antilavado que enfrenta plazos perentorios para su aprobación.

Posición de las autoridades financieras

El jefe de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León Durán, ha manifestado optimismo respecto al proceso de discusión que se desarrolla en el Congreso. Destacó la apertura de los diputados para analizar dudas y planteamientos, así como la voluntad de encontrar un equilibrio entre los requerimientos técnicos y el respeto a los principios constitucionales de protección.

De León Durán expresó que la discusión abarca tanto aspectos de fondo como de forma, ejemplificando con el tema del reporte de transacciones sospechosas, un mecanismo fundamental para que las entidades privadas puedan alertar sobre operaciones financieras anómalas. Señaló que, en esencia, las discrepancias actuales se centran en la redacción y adecuación normativa para ajustarse a las realidades y necesidades del contexto guatemalteco.

Contexto nacional e internacional

La actualización de la legislación guatemalteca en materia de prevención del lavado de dinero es crucial para mantener la integridad del sistema financiero y la confianza internacional. Además, es un requisito para superar las evaluaciones del Gafilat, que pueden impactar directamente en la percepción del país para atraer inversión extranjera y evitar sanciones financieras.

En Guatemala, el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ha cobrado relevancia ante el incremento de operaciones ilícitas y la necesidad de transparencia en sectores estratégicos. La participación de entidades como la IVE y la SIB en el proceso legislativo refleja la importancia de contar con un marco legal robusto y efectivo.

Conclusión

El Congreso guatemalteco enfrenta un desafío crucial para aprobar una ley integral antilavado que responda a las exigencias internacionales y a las particularidades del país. La coordinación entre actores técnicos, legislativos y del sector financiero busca lograr consensos que permitan fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, garantizando al mismo tiempo la protección constitucional y la viabilidad operativa para los sectores involucrados.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el alcance final de esta normativa, cuyo impacto será fundamental para la estabilidad y transparencia del sistema financiero nacional.