Congreso evalúa propuesta para que mezcla de etanol en gasolinas sea voluntaria en Guatemala

En Guatemala, el debate sobre la obligatoriedad de mezclar etanol en las gasolinas ha cobrado protagonismo con la reciente presentación de una iniciativa de ley en el Congreso de la República que busca que esta mezcla sea voluntaria y no obligatoria como establece la normativa actual.

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante (Acuerdo Gubernativo 257-2025),a partir del 30 de junio de 2026, las gasolinas deberán contener un 10% en volumen de alcohol carburante. Esta medida ha sido respaldada por el Gobierno y el sector productor de alcohol, quienes argumentan beneficios para el ambiente, la salud pública y la economía.

Propuesta legislativa busca modificar la obligatoriedad del etanol

La iniciativa 6725, presentada el 10 de marzo ante la Dirección Legislativa, plantea reformas a la Ley de Alcohol Carburante (Decreto Ley 17-85) para garantizar que la mezcla de etanol en las gasolinas sea optativa, protegiendo de esa forma la libertad de elección del consumidor y el patrimonio nacional.

Los diputados que promueven esta reforma provienen de diferentes bancadas, incluyendo Comunidad Elefante, independientes y el Partido Azul. La propuesta incluye modificaciones en trece artículos relacionados con el abastecimiento, almacenamiento, distribución y expendio de alcohol carburante, además del porcentaje de mezcla y la capacidad de producción.

Uno de los aspectos más relevantes es la propuesta para que el artículo 13, que estipula el porcentaje de mezcla, establezca que la incorporación de etanol será aplicable únicamente a las gasolinas que voluntariamente se comercialicen con alcohol carburante, prohibiendo su obligatoriedad mediante disposiciones reglamentarias o administrativas. Además, se indica que los reglamentos deberán limitarse a definir estándares técnicos y de calidad, sin imponer la mezcla obligatoria.

Asimismo, se otorga un plazo de 30 días al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM),para adecuar el reglamento vigente a este nuevo régimen de voluntariedad, en caso de que la iniciativa sea aprobada.

Posiciones a favor de mantener la obligatoriedad

El viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, ha manifestado que la mezcla obligatoria no limita la elección del consumidor, dado que actualmente existen opciones entre gasolina superior y regular, aunque no en cuanto al tipo de aditivo. Según explicó, el etanol sustituye un oxigenante identificado como contaminante, aportando beneficios ambientales, para la salud y para el rendimiento del motor.

Barrios señaló que permitir que la mezcla sea optativa generaría costos adicionales para importadores y expendedores, ya que las inversiones parciales resultan más onerosas que una inversión única para todo el combustible. Además, destacó que las emisiones contaminantes afectan a toda la población, por lo que la política pública debe aplicarse de manera general y no parcial.

En términos económicos, el viceministro afirmó que el etanol históricamente ha sido más barato que la gasolina pura y que la tendencia favorable hacia la mezcla E10 redundará en beneficios para los consumidores y el medio ambiente.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Combustibles Renovables (ACR) afirmó que en ningún país que implementa etanol como biocombustible la mezcla es optativa, ya que se trata de una política pública orientada a la seguridad energética, la mitigación del cambio climático y la reactivación económica.

También destacó que la viabilidad económica se pierde si la mezcla no es obligatoria, puesto que las estaciones de servicio tendrían que invertir en equipos adicionales para ofrecer combustibles con y sin etanol, lo que incrementa costos significativamente.

Representantes del sector productor, como la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (Apag),coinciden en que la obligatoriedad es necesaria para garantizar un mercado estable y que las inversiones en la cadena de suministro se realicen con certeza. Asimismo, recuerdan que en países con políticas similares el mandato legal es la norma para asegurar beneficios en salud pública y reducción de huella de carbono.

Gremios comerciales abogan por la voluntariedad

Por otro lado, gremios como la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) y la Asociación de Importadores de Motocicletas (Asim) han manifestado que, si bien no se oponen al uso del etanol, consideran que su aplicación debe ser voluntaria y no obligatoria.

Estos sectores sostienen que la obligatoriedad limita la libertad del consumidor y genera desafíos técnicos para las estaciones de servicio, que necesitan adecuar sus instalaciones ante la ausencia de protocolos claros y garantías para evitar daños en vehículos no adaptados.

Señalan además que muchas motocicletas en el parque vehicular actual no están diseñadas para funcionar con combustibles con etanol, por lo que el proceso de adecuación debería ser gradual, tomando entre cinco y diez años, para evitar daños y costos adicionales a los usuarios.

El director ejecutivo de Ageg ha recalcado que el mercado debe determinar el uso de combustibles con etanol y que los consumidores deben tener la opción de elegir entre gasolina con o sin mezcla, considerando la inversión y la oferta de cada estación de servicio.

Por su parte, el gerente general de Asim ha señalado que la asociación está abierta al diálogo, pero insiste en que la implementación debe realizarse de forma responsable y progresiva, con garantías para los usuarios y sin imposiciones que podrían generar perjuicios económicos y técnicos.

Contexto y próximos pasos

El debate legislativo se desarrolla en un contexto donde Guatemala demanda alrededor de 100 millones de galones de etanol anuales para cumplir con la mezcla del 10% establecida en la normativa actual. Además, países vecinos y socios comerciales como Brasil, Argentina y Uruguay han implementado políticas similares con mandatos legales para el uso de biocombustibles.

Actualmente, la iniciativa 6725 aún no ha sido discutida en el pleno del Congreso, por lo que su aprobación y posible impacto en la política energética y ambiental del país están pendientes.

Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas continúa promoviendo la implementación del E10, con mesas de diálogo abiertas con el sector gasolinero para facilitar la adecuación técnica y logística necesaria antes de la entrada en vigencia del mandato.

Este proceso refleja tensiones entre sectores productivos, comerciales y legislativos, y pone en evidencia la complejidad de equilibrar políticas públicas de sostenibilidad ambiental con las dinámicas del mercado y las condiciones técnicas del parque vehicular guatemalteco.