Congreso mantiene en pausa aprobación final de ley antilavado por discusión técnica y enmiendas

El debate en torno a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala continúa en un proceso de evaluación técnica y discusión de enmiendas que ha retrasado su aprobación final en el Congreso de la República. A pesar de haber superado la tercera lectura, la iniciativa 6593 aún no cuenta con una fecha definida para su inclusión en la agenda del pleno legislativo.

El miércoles 22 de abril, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, sostuvo una reunión para revisar las propuestas de modificación a la iniciativa. En este encuentro, los legisladores reafirmaron la necesidad de un análisis detallado apoyado en asesoría técnica especializada para aclarar dudas y fortalecer el contenido normativo.

Revisión técnica y búsqueda de consensos

El diputado Ayala explicó que el proceso se encuentra en una etapa de consolidación de observaciones para evitar vacíos legales y garantizar una legislación robusta. “Estamos revisando las enmiendas con apoyo técnico para aclarar dudas. La idea es construir consensos, pero con una ley bien sustentada”, indicó.

Durante la sesión se contó con la participación de representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB),la Asociación Bancaria de Guatemala y la Cámara de Finanzas de Guatemala, quienes aportaron insumos técnicos sobre aspectos como transacciones sospechosas, registros digitales y el alcance de las obligaciones establecidas en el proyecto.

La comisión confirmó que ha recibido varias propuestas de enmiendas planteadas por distintos diputados, mismas que están siendo analizadas por el equipo técnico para su posterior discusión en el pleno. Esta revisión ha derivado en la convocatoria de reuniones extraordinarias para mediados de la próxima semana con el fin de afinar los cambios pendientes.

Proceso y próximos pasos

El presidente de la comisión adelantó que se elaborará un documento comparativo que consolide las enmiendas, facilitando así su evaluación entre los miembros. “Vamos a hacer un cuadro, consolidar las enmiendas y distribuirlas entre los miembros para su evaluación”, señaló.

Además, anunció que estarán convocando reuniones los días martes y miércoles para avanzar en los consensos necesarios. El objetivo es que la ley pueda ser aprobada antes del receso legislativo, aunque aclaró que esto dependerá de la capacidad para alcanzar acuerdos entre los diputados.

“La intención es aprobarla en las últimas sesiones antes del receso, pero dependerá de que logremos consensos sobre las enmiendas”, puntualizó.

Llamado a la concertación y presentación de propuestas

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, hizo un llamado a los legisladores para que presenten propuestas concretas que permitan avanzar en acuerdos previos a la discusión en el pleno. Señaló que la intención es evitar que se planteen cambios no consensuados durante la sesión plenaria.

Contreras indicó que ha sostenido reuniones con diputados que mantienen dudas sobre la iniciativa y que continuará dialogando con ellos para que puedan presentar soluciones específicas a los problemas detectados, en lugar de solo señalar las dificultades.

“Lo que buscamos es llegar con enmiendas ya acordadas. No queremos que en el pleno se planteen cambios que no han sido consensuados”, afirmó.

El presidente legislativo agregó que, aunque existe el interés de agendar la ley antes del receso parlamentario, la aprobación dependerá de que se logre un consenso amplio entre los diputados. “No puedo garantizar que se apruebe en el pleno, pero considero que hay condiciones para lograrlo. En todo caso, tanto yo como la Junta Directiva vamos a respaldar estas leyes”, concluyó.

Aspectos técnicos y debates clave

Entre las observaciones presentadas por algunos diputados destacan cuestionamientos relacionados con la conservación de registros, el uso de reportes de transacciones sospechosas como evidencia y la duración de medidas cautelares.

Uno de los puntos más debatidos es el artículo 34, que establece la obligación de conservar registros por un período de más de una década. Algunos legisladores advierten que esta medida puede resultar excesiva para sectores como inmobiliarias, joyerías o profesionales independientes, proponiendo que dicha exigencia se limite a entidades reguladas y de mayor escala.

En cuanto al uso de reportes de transacciones sospechosas, se ha planteado que estos deben considerarse como información preventiva y no como prueba directa en procesos judiciales, de modo que el Ministerio Público realice investigaciones propias antes de judicializar un caso.

También se ha señalado la necesidad de que las medidas cautelares tengan límites temporales razonables para evitar que las personas sujetas a estas restricciones permanezcan en esa situación por períodos prolongados sin una resolución judicial definitiva.

Adicionalmente, otros diputados han presentado propuestas para ajustar la definición de terrorismo, la carga de la prueba y las condiciones aplicables a personas políticamente expuestas, manteniendo abierto el debate sobre estos temas.

Contexto nacional e internacional

La revisión y eventual aprobación de esta ley forman parte de los compromisos de Guatemala ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),que ha instado al país a fortalecer su marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En este contexto, la demora en la aprobación refleja la complejidad técnica y política de la iniciativa, así como la importancia de garantizar un instrumento normativo efectivo y ajustado a las realidades nacionales.

El proceso legislativo continúa, con el compromiso de los diputados para alcanzar consensos y avanzar en la aprobación de una ley que contribuya a la transparencia financiera y al combate de los delitos económicos en Guatemala.