Conred avaló construcción de cárcel en Morales, Izabal; Ejército responde ante suspensión provisional

Conred avaló construcción de cárcel en Morales, Izabal; Ejército responde ante suspensión provisional

La construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, fue suspendida provisionalmente por un amparo judicial que señala riesgos de inundación. El Ejército asegura que el proyecto cumple con los estudios técnicos y normas de Conred, y def...

31 marzo 2026
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La construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, departamento de Izabal, enfrenta una suspensión provisional luego de que la Sala de Apelaciones de la localidad otorgara un amparo en contra del proyecto. La decisión judicial se basa en la preocupación por los riesgos de inundación en la zona donde se planea levantar el centro penitenciario. Sin embargo, autoridades del Ministerio de la Defensa sostienen que la obra cumple con todas las normativas técnicas y no representa peligro de inundación.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, declaró a medios nacionales que, aunque la institución aún no ha sido notificada oficialmente sobre la resolución, el Gobierno acatará la suspensión provisional. Sáenz manifestó que los argumentos legales presentados ante la Sala de Apelaciones son limitados y enfatizó que el proyecto se fundamenta en estudios técnicos exhaustivos, incluyendo un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Argumentos de la Sala de Apelaciones y riesgos señalados

La Sala de Apelaciones concedió el amparo provisional debido a la proximidad del proyecto con una de las áreas más amplias del municipio de Morales, lo que, según la resolución, podría representar un alto riesgo de inundación. La orden judicial advierte que en caso de que ocurriera una emergencia por acumulación de agua, sería necesario trasladar a los privados de libertad de forma urgente, lo que podría derivar en pérdidas materiales o humanas.

Respuesta del Ministerio de la Defensa sobre la viabilidad técnica

Desde la cartera de Defensa se afirmó que la construcción está basada en un informe de riesgo elaborado por la Conred. Aunque esta entidad advierte sobre la posibilidad de acumulación de agua, también señala que es factible corregir dicha condición mediante técnicas constructivas adecuadas.

El ministro Sáenz explicó que el diseño del centro penitenciario incluye sistemas de contención para evitar inundaciones, y que el terreno fue evaluado por especialistas en hidrología y geotecnia. Según el funcionario, los estudios realizados indican que no habrá inundaciones, sino una posible acumulación de agua manejable con la infraestructura prevista.

Se intentó obtener una declaración oficial de la Conred respecto a las recomendaciones específicas para este proyecto, pero no se recibió respuesta al cierre de esta nota.

Contexto de seguridad en Izabal y estrategia estatal

En la misma entrevista, el ministro Sáenz señaló que la suspensión temporal del proyecto no alterará la estrategia de seguridad nacional. Destacó que Izabal es una región prioritaria para el Ministerio de la Defensa debido a la presencia de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y otras actividades ilícitas.

El funcionario sugirió que la oposición a la construcción de la cárcel podría estar influenciada por intereses de organizaciones criminales que operan en la zona, e indicó que estos grupos buscan manipular a la población para obstaculizar el avance del proyecto.

La importancia de la cárcel de máxima seguridad radica en que permitirá aislar a cabecillas criminales que continúan operando desde el interior de los centros penitenciarios, contribuyendo así a reducir la incidencia delictiva y recuperar el control del sistema carcelario guatemalteco.

Normativas de Conred para construcción y reducción de riesgos

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres establece criterios técnicos obligatorios para todas las obras públicas, orientados a prevenir riesgos naturales y sociales. Según expuso un exsecretario ejecutivo de Conred, los proyectos deben cumplir con estudios previos que incluyen análisis geotécnicos e hidrológicos para evaluar la viabilidad del terreno y evitar riesgos como inundaciones.

Estas normativas, denominadas Norma para la Reducción de Desastres (NRD),son comparables a códigos de construcción internacionales y abarcan aspectos desde la calidad de los materiales hasta rutas de evacuación y medidas de respuesta ante emergencias.

El exfuncionario explicó que la responsabilidad de aplicar y verificar estas normas recae en la entidad ejecutora de la obra, pero que la supervisión y capacitación a nivel nacional es una obligación legal de la Conred.

Cambios en la supervisión municipal y desafíos en la aplicación de normas

En diciembre pasado, se actualizó la NRD-2, transfiriendo la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas desde la Conred a las municipalidades. Esta decisión ha generado preocupación debido a la falta de capacitación y recursos técnicos en las comunas para asumir esta función.

El exsecretario señaló que algunas autoridades municipales han asumido esta carga sin contar con las herramientas necesarias, lo que podría afectar la correcta implementación de las medidas de reducción de riesgos en proyectos públicos y privados.

Asimismo, criticó la aparente intención de la Conred de delegar su responsabilidad, poniendo en riesgo la supervisión efectiva de las normas que buscan proteger a la población y garantizar la seguridad en construcciones como la cárcel de Morales.

Conclusión

La suspensión provisional de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, pone en evidencia las tensiones entre aspectos técnicos, legales y estratégicos en un contexto marcado por la lucha contra estructuras criminales en la región. Mientras la Sala de Apelaciones expresa preocupaciones sobre riesgos de inundación, el Ministerio de la Defensa defiende la viabilidad y necesidad del proyecto basado en estudios técnicos avalados por Conred.

El caso también resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y capacitación para la implementación de normas nacionales de reducción de riesgos, así como la necesidad de transparencia y diálogo entre instituciones para avanzar en obras públicas que contribuyan a la seguridad y desarrollo del país.

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