Contraloría y PGN respaldan suspensión de reelección de Walter Mazariegos en la Usac

La disputa por la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) ha escalado a instancias judiciales, luego que la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) respaldaran amparos provisionales que buscan detener la reelección de Walter Mazariegos para el período 2026-2030, cuya posesión está prevista para el próximo 1 de julio.

Dos acciones constitucionales de amparo fueron presentadas contra la elección de Mazariegos, declarada por la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario (CEU) el 8 de abril en Antigua Guatemala. Los juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto de Primera Instancia Civil conocen estas acciones, que actualmente mantienen suspendidos los efectos de la declaratoria de reelección.

El equipo legal que representa a los amparistas explicó que, aunque la elección fue oficializada por la CEU, el proceso electoral se encuentra en pausa debido a estos amparos provisionales. Sin embargo, el proceso judicial sigue su curso y podría continuar hasta una resolución definitiva, la cual podría ser revisada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las apelaciones presentadas contra estos amparos no detienen el trámite, pues las instancias judiciales mantienen el análisis en curso para determinar si la suspensión de la elección se mantiene o se revoca. El área jurídica de la Usac ha informado que ha presentado los recursos legales pertinentes para cuestionar estas decisiones.

Intervención de Contraloría y Procuraduría General de la Nación

Dentro del proceso judicial, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación actuaron como terceros interesados. Ambas instituciones participaron en las audiencias y solicitaron que se otorgue lugar a la acción constitucional de amparo.

La CGC fundamentó su postura en que Walter Mazariegos no posee la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida comúnmente como finiquito, debido a denuncias que están pendientes contra su persona. Esta certificación es un requisito legal establecido por la Corte de Constitucionalidad para que un funcionario pueda optar a cargos públicos.

Por su parte, la PGN se pronunció en respaldo a los amparistas, resaltando la importancia del respeto a derechos fundamentales como la participación democrática, el principio de legalidad, la supremacía constitucional, el derecho a la educación superior, así como el derecho de defensa y debido proceso.

Contexto y otros procedimientos legales

Además de los dos amparos provisionales, existen aproximadamente veinte acciones legales relacionadas con diferentes etapas del proceso electoral universitario. Estas incluyen recursos contra decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU),como la exclusión de ciertos cuerpos electorales y la admisión de recursos de revocatoria contra elecciones de representantes estudiantiles.

Algunas de estas acciones legales podrían derivar en la repetición de elecciones en ciertos sectores universitarios si los tribunales así lo deciden. Actualmente, la tramitación de varios casos presenta retrasos por imprevistos en las judicaturas, aunque se espera que retomen actividad en las próximas semanas.

El proceso electoral para la rectoría de la Usac se ha caracterizado por una serie de impugnaciones, cuestionamientos y disputas legales provenientes de distintos sectores universitarios. Mientras algunos defienden la legitimidad del CSU y el procedimiento electoral, otros denuncian irregularidades y exclusiones ilegales en la integración del cuerpo electoral.

Posición institucional de la Usac

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han ofrecido una declaración directa a través de los canales oficiales de comunicación con la prensa. La respuesta institucional se ha limitado a publicaciones en redes sociales y comunicados oficiales.

En un video difundido el 5 de mayo, la subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Usac confirmó que la universidad fue notificada sobre una resolución provisional vinculada al proceso electoral. Indicó que esta resolución suspende actos realizados por el CSU, aunque señaló que dicho órgano no fue notificado ni forma parte del proceso de amparo, lo que, en su opinión, ha impedido ejercer el derecho de defensa.

Asimismo, cuestionó la competencia del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil para conocer el caso y reiteró que la universidad presentó los recursos legales y denuncias correspondientes para impugnar las resoluciones emitidas.

La funcionaria reafirmó el compromiso de la Usac con la defensa de la autonomía universitaria y el cumplimiento estricto de la ley.

Por su parte, Walter Mazariegos no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso electoral ni sobre los recursos legales en trámite.

Implicaciones para la comunidad universitaria

La situación jurídica que rodea la elección del rector de la Usac genera incertidumbre dentro de la comunidad universitaria y podría afectar el normal desarrollo administrativo y académico de la institución. La resolución definitiva que emitan las instancias judiciales será determinante para el futuro de la rectoría y la estabilidad institucional.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, como la casa de estudios superior más antigua y de mayor relevancia en el país, desempeña un papel fundamental en la educación pública guatemalteca. Por ello, la transparencia y legalidad en sus procesos electorales son aspectos clave para preservar la confianza de estudiantes, docentes y sociedad en general.

El seguimiento a este caso continuará siendo de interés público, dada la importancia de la Usac en el contexto nacional y su impacto en la formación profesional y cultural de miles de guatemaltecos.