Control de las cárceles, corrupción y crimen organizado: el debate que dejó el caso de Puerto Barrios
La desarticulación de una estructura criminal que operaba desde la cárcel de Puerto Barrios abrió el debate sobre el control del SP y los riesgos de que las prisiones continúen siendo centros de operaciones del crimen organizado.
La Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario (SP), el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, Izabal, donde trasladaron a 56 privados de libertad señalados de integrar una estructura dedicada al narcomenudeo, sicariato y trata de personas.
Según las autoridades, el grupo delictivo coordinaba hechos violentos desde el penal hacia distintos puntos del país, incluido el departamento de Guatemala, bajo las órdenes de Roberto Gordillo Coronado, alias La Minga, quien continuaba dirigiendo la organización desde el centro de máxima seguridad Renovación I.
Durante las requisas, las autoridades localizaron 57 teléfonos celulares, un router de internet, paneles solares, radios de comunicación, televisores, objetos punzocortantes, licor clandestino y drogas. Además, demolieron estructuras construidas ilegalmente dentro del penal.
La intervención también derivó en una alteración del orden que dejó tres privados de libertad fallecidos, luego de que un grupo intentó retomar el control del centro carcelario.
Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el caso fue analizado por especialistas, quienes coincidieron en que el operativo expuso debilidades en el Sistema Penitenciario, posibles actos de corrupción, fallas en los controles internos y los riesgos que representa que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles hacia el exterior.
Cuestionan cómo operaba una estructura criminal dentro de una cárcel
El abogado y experto en seguridad y desarrollo, Luis Villegas, afirmó que el caso evidencia una grave pérdida de control por parte del Estado dentro de los centros penitenciarios.
“Lo más preocupante es cómo es posible que en un centro carcelario tengamos una estructura de 34 miembros funcionando dentro de una instalación que se supone que está controlada por el Estado”.
Villegas cuestionó cómo los integrantes de la organización lograban acceder a teléfonos celulares, internet, saldo para comunicaciones e incluso coordinar el ingreso de personas al penal. A su juicio, estos elementos evidencian una estructura organizada que operaba con recursos y logística dentro de un centro que debía estar bajo control estatal.
Advierten riesgos de corrupción y expansión del crimen organizado
La periodista Roxana Sánchez señaló que el caso también obliga a investigar posibles responsabilidades de quienes permitieron el funcionamiento de la estructura criminal dentro del penal.
“¿Qué hace esa Inspectoría? Porque además de contratar a los guardias, ¿no deberían también revisar quiénes son los policías corruptos?”
Sánchez indicó que el ingreso de equipos de comunicación, drogas y otros objetos prohibidos plantea dudas sobre los mecanismos de supervisión y control dentro del Sistema Penitenciario.
Por su parte, el actor y comediante Jairón Salguero advirtió que el problema podría agravarse si no se adoptan medidas permanentes.
“Si esto no lo paran en este momento, va a ser una gran bola de nieve que al final no lo van a poder controlar”.
Mientras tanto, la mercadóloga y coach de vida Nydia González destacó que la estructura tenía capacidad para coordinar delitos en distintos puntos del país.
“Ellos sí están organizados… imagínate tener una amplia cobertura desde Izabal hasta zona 18”.
La panelista consideró que el caso refleja el nivel de organización alcanzado por estas estructuras y la necesidad de fortalecer los controles para evitar que los centros de detención continúen siendo utilizados como centros de operaciones criminales.
Autoridades sostienen que continuarán las acciones
El Ministerio de Gobernación afirmó que los traslados y las requisas forman parte de una estrategia para desarticular estructuras criminales que operan desde las cárceles y reducir los índices de criminalidad. Además, aseguró que el Estado responderá ante cualquier reacción de estas organizaciones y continuará con acciones para recuperar el control de los centros penitenciarios.
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