Control telemático: invierten Q88.5 millones en sistema que usa solo una quinta parte de su capacidad

Guatemala

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La continuidad del sistema de control telemático requerirá una nueva inversión millonaria. El Ministerio de Gobernación adjudicó un contrato por Q88.5 millones para mantener la operación de los dispositivos electrónicos, una herramienta creada para reducir el uso de la prisión preventiva y contener el hacinamiento en las cárceles.

Sin embargo, tres años después de su implementación, el principal reto sigue siendo ampliar su utilización. Desde 2023 se han colocado 408 dispositivos, apenas una quinta parte de la capacidad prevista para las 2 mil tobilleras y/o brazaletes disponibles.

La contratación, adjudicada a la empresa Tecnología Acceso y Seguridad, S.A., contempla el arrendamiento del equipo de la Unidad de Control Telemático y de los dispositivos que utilizan los beneficiarios del sistema.

Aunque el Ministerio de Gobernación mantiene su apuesta por esta herramienta como parte de la modernización del sistema de justicia, especialistas y operadores coinciden en que aún existen barreras para ampliar su uso.

La decisión final recae en los jueces, quienes determinan su aplicación en cada caso, pero también persisten retos para que abogados y usuarios conozcan plenamente las condiciones bajo las cuales puede solicitarse y otorgarse el control telemático.

Se trata de la segunda inversión millonaria realizada por el Estado para sostener el programa. Cuando el sistema comenzó a operar en 2023, la misma empresa obtuvo un contrato por Q110.3 millones para la implementación inicial del servicio.

Para Corinne Dedik, investigadora del área legal y social del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la continuidad del sistema es necesaria, pero el reto principal no es contar con más dispositivos, sino lograr que se utilicen más.

“No nos podemos quedar solo con 400 tobilleras en uso si hay disponibilidad de 2 mil tobilleras”, señaló.

La investigadora considera que el éxito de la nueva adjudicación deberá medirse no solo por la continuidad operativa del sistema, sino por su capacidad para incrementar el número de usuarios y ampliar los ámbitos en los que puede aplicarse.

Balance de la implementación

A tres años de su puesta en marcha, el control telemático muestra avances, aunque todavía lejos de alcanzar el potencial para el que fue diseñado.

La nueva inversión llega en un momento en que el principal desafío ya no parece ser la disponibilidad de equipos, sino su utilización. Desde la implementación del sistema en junio de 2023 se han colocado 408 brazaletes electrónicos, lo que equivale al 20.4% de la capacidad prevista para los 2 mil dispositivos contemplados en el servicio, un comportamiento que para Dedik evidencia que el crecimiento ha sido constante, pero más lento de lo esperado.

“Sí se ha observado que ha ido en aumento la cantidad de dispositivos que se están usando, pero no ha sido un crecimiento acelerado con números altos desde el inicio, sino un aumento lento a lo largo de los años”, explicó.

La investigadora considera que la herramienta ha mostrado resultados positivos, pero que todavía existe un amplio margen para ampliar su cobertura dentro del sistema de justicia.

Los registros también muestran una marcada concentración territorial en el departamento de Guatemala, donde se reporta la mayor cantidad de activaciones. Sin embargo, también destacan departamentos fuera del área metropolitana que registran una utilización relativamente importante del sistema, lo que abre espacio para analizar diferencias en la aplicación judicial y el conocimiento de la herramienta entre distintas regiones del país.

Barreras para ampliar el uso

Uno de los aspectos que ha generado debate en estos años es el costo del servicio. Sin embargo, Dedik considera que la legislación incorporó mecanismos para evitar que la situación económica de una persona se convierta en un impedimento para acceder al beneficio.

“La ley establece precisamente que existe la opción de realizar un estudio socioeconómico para determinar si el usuario puede ser exonerado de ese pago. Eso se incluyó para evitar una discriminación o un trato desigual por las condiciones económicas de las personas”, explicó.

No obstante, considera que todavía existe desconocimiento sobre esta posibilidad.

“Todavía muchos abogados y personas piensan que si no pueden costear la herramienta, entonces no pueden acceder a ella. Creo que ahí aún existe una falta de información que puede contribuir a que no se solicite el acceso al control telemático”, señaló.

A criterio de la investigadora, el principal desafío sigue siendo fortalecer el conocimiento sobre el mecanismo entre quienes participan en los procesos judiciales.

“Sí considero muy importante que se siga con la socialización y las capacitaciones para difundir mejor el conocimiento, la disponibilidad y las condiciones bajo las cuales se puede acceder a esta herramienta, especialmente en el gremio de los abogados porque son quienes deben asesorar a las personas que están dentro de un proceso judicial”, añadió.

Violencia contra la mujer: una aplicación poco utilizada

Uno de los hallazgos que más llamó la atención al CIEN durante una investigación reciente sobre femicidio y violencia contra la mujer fue el escaso uso del control telemático como complemento de las medidas de protección para víctimas.

La Ley de Implementación del Control Telemático establece que el mecanismo puede utilizarse para supervisar medidas de seguridad destinadas a proteger a víctimas de violencia contra la mujer y verificar el cumplimiento de órdenes de alejamiento.

Sin embargo, los datos revisados por el centro de investigación reflejaron una utilización mínima de esta modalidad.

En febrero de 2026, durante una evaluación sobre femicidios y violencia contra la mujer, el CIEN documentó que únicamente dos dispositivos se encontraban activos para acompañar medidas de seguridad en este tipo de casos.

“Nos sorprendió bastante que hubiera tan pocos casos que acompañaran las medidas de seguridad con esta herramienta. Puede ser una excelente medida de prevención porque permite verificar de forma constante que el agresor realmente cumpla con la orden de alejamiento”, afirmó Dedik.

Según datos oficiales, los Juzgados de Femicidio y de Familia otorgaron 4 mil 393 medidas de seguridad entre 2024 y 2025. Al compararse con la cantidad de dispositivos utilizados para supervisar su cumplimiento, la diferencia resulta significativa.

“Nos sorprendió mucho que el indicador fuera tan bajo respecto a la cantidad de medidas que se otorgan. La relación es bastante contrastante”, indicó.

La investigadora considera que el sistema tiene potencial para fortalecer la protección de víctimas y prevenir que situaciones de violencia escalen hacia hechos más graves, y más mujeres mueran.

“Podría ser una excelente herramienta de prevención para que la violencia contra la mujer no escale a un femicidio o a hechos de violencia reiterada, porque realmente existe una supervisión de que se cumpla la medida de seguridad”, sostuvo.

Otros usos aún pendientes

La legislación también contempla la utilización del control telemático en las fases finales del cumplimiento de condenas, como parte de procesos de supervisión controlada y reinserción.

No obstante, según Dedik, esta modalidad prácticamente no se ha desarrollado desde la implementación del sistema.

“La ley establece que también puede aplicarse en las últimas fases del cumplimiento de una condena y hasta el día de hoy prácticamente esa herramienta no se ha usado en ese aspecto”, afirmó.

Para la investigadora, este es otro ejemplo de que el país todavía no aprovecha todas las posibilidades que ofrece el mecanismo.

“Todavía hay terreno por recorrer para que se pueda hablar de una implementación completa de esta ley”, agregó.

Beneficios para el sistema de justicia

Para Dedik, uno de los principales aportes del control telemático es que permite aplicar medidas de supervisión sin recurrir automáticamente al encarcelamiento.

“Si una persona no necesariamente tiene que entrar a un centro carcelario, siempre es mejor que no entre”, señaló.

Explicó que la herramienta ayuda a evitar la ruptura de vínculos familiares, sociales y laborales cuando la persona procesada no representa un riesgo que justifique una medida más restrictiva.

“Al final resulta más beneficioso para la sociedad no arrancar a la persona de su entorno social y eventualmente laboral para ingresarla a una cárcel, especialmente cuando no existe una necesidad real de hacerlo”, añadió.

Además de contribuir a reducir la prisión preventiva y el hacinamiento, considera que el sistema fortalece el control de medidas sustitutivas y representa un paso importante en la modernización institucional.

“Es una herramienta importante para modernizar todo el sistema de justicia”, resumió.

Siete años para entrar en operación

Aunque la Ley de Implementación del Control Telemático fue aprobada en 2016, el sistema comenzó a funcionar hasta junio de 2023, tras un proceso que se extendió por casi siete años.

Durante ese período se registraron diversos intentos de contratación y adjudicación antes de concretar la adquisición del sistema. También fue necesaria la coordinación entre el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial, el Sistema Penitenciario y otras instituciones involucradas.

Posteriormente se desarrolló la infraestructura tecnológica, se habilitó el centro de monitoreo y se inició la capacitación de jueces, fiscales, defensores y operadores responsables de aplicar el mecanismo.

Para Dedik, precisamente esa fase de divulgación y capacitación continúa siendo determinante para que la inversión realizada por el Estado logre traducirse en un mayor aprovechamiento de una herramienta que, a su juicio, todavía tiene margen para crecer y cumplir los objetivos para los cuales fue creada.

“Sí considero muy importante que se siga con la socialización y las capacitaciones para que se pueda difundir más el conocimiento, la disponibilidad y las condiciones en las cuales se puede aplicar esta herramienta”, concluyó.