Controversia por intento de excluir a jueces en evaluación para fiscal general en Guatemala

La Comisión de Postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala inició la valoración de los méritos de los 48 aspirantes inscritos para el cargo, con base en la tabla de gradación aprobada y modificada en febrero pasado. Este proceso, que avanza hacia la conformación de una lista final de seis candidatos, ha estado marcado por un intenso debate interno debido a un intento por excluir a jueces de carrera del proceso de evaluación.

El conflicto surgió durante la sesión del lunes, cuando algunos integrantes de la comisión propusieron no tomar en cuenta la experiencia laboral de los jueces dentro de la puntuación para la selección de candidatos a fiscal general. La iniciativa, promovida principalmente por el decano de la Universidad San Pablo, generó resistencia entre otros miembros que señalaron que modificar los criterios establecidos en la tabla de gradación en esta fase del proceso sería ilegal, además de que dicha tabla ya había sido aplicada a varios aspirantes.

Contexto del proceso de selección

La Comisión de Postulación, presidida por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),está integrada por la titular de la CSJ, las presidentas de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang),y los 12 decanos de las facultades de derecho de las universidades del país. Las decisiones requieren un quórum de al menos diez votos de los 15 integrantes para ser aprobadas.

El proceso actual busca seleccionar al nuevo fiscal general para el periodo 2026-2030, cargo que actualmente ocupa María Consuelo Porras, designada inicialmente en el periodo del expresidente Jimmy Morales y reelecta durante la administración de Alejandro Giammattei. La lista final de candidatos será entregada al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá la atribución de nombrar al nuevo titular del MP.

Debate sobre la inclusión de jueces de carrera

El conflicto central se originó a partir de una acción de amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC),que cuestiona la elegibilidad de los jueces para postularse como fiscal general. La demanda argumenta que el ejercicio de la judicatura no equivale al ejercicio de la abogacía, requisito indispensable para aspirar al cargo de fiscal general.

A pesar de que la CC no ha resuelto aún dicha acción, el decano de la Universidad San Pablo abrió la discusión sobre la pertinencia de considerar la experiencia de jueces en la evaluación. Esta propuesta generó una fuerte oposición de otros comisionados, quienes indicaron que introducir un nuevo criterio durante esta etapa implicaría una modificación ilegal de la tabla de gradación previamente aprobada y aplicada.

Durante la sesión se observaron conversaciones discretas entre la presidenta de la CSJ y el decano proponente, sin participación ni transparencia hacia el resto de comisionados. La presidenta intentó someter la propuesta a votación, pero fue frenada por la mayoría que defendió el respeto a los criterios ya establecidos.

Finalmente, se acordó que la valoración específica de los jueces se realizará caso por caso conforme se presenten sus expedientes, evitando así modificar la tabla de gradación en este momento del proceso.

Implicaciones y contexto político

El proceso de elección del fiscal general en Guatemala se desarrolla en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre el Ejecutivo y la actual titular del MP, María Consuelo Porras, quien busca un tercer mandato pese a la oposición expresada por el presidente Arévalo. Esta situación ha provocado pronunciamientos internacionales y advertencias sobre riesgos de criminalización en la elección del MP.

La presidenta de la Comisión de Postulación, relacionada con el grupo mayoritario de la CSJ que recientemente nombró magistrados en nuevas salas de apelaciones, es señalada también por mantener vínculos políticos con actores legislativos, lo que añade un componente de controversia sobre la independencia y transparencia del proceso.

Próximos pasos en la selección

La Comisión de Postulación continuará esta semana con la calificación de los expedientes de los aspirantes, con la intención de tener lista la nómina de seis candidatos el próximo 17 de abril. Este listado será enviado al presidente Arévalo para que realice la designación formal del nuevo fiscal general, quien dirigirá el Ministerio Público durante los próximos cuatro años.

El proceso y las discusiones que lo rodean evidencian la importancia de garantizar la legalidad, transparencia y equidad en la selección de uno de los cargos más relevantes para la justicia en Guatemala, en un momento en que la independencia judicial y la lucha contra la corrupción son temas prioritarios para la sociedad guatemalteca.