Cooperación de EE. UU. cobra relevancia ante riesgos de infiltración del crimen organizado en proceso electoral

Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certificó que Guatemala, El Salvador y Honduras cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 7045 contenida en la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del 2026.

De esa cuenta, los países que integran el Triángulo Norte podrán acceder al 50% de los fondos que Estados Unidos brinda en apoyo económico y de seguridad, y que han sido asignados a los gobiernos de los tres países. El monto de estos fondos aún no ha sido especificado. Esta certificación fue firmada por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, el pasado 1 de julio y publicada por el Registro Federal el 6 de agosto.

“Esta cooperación responde a una agenda regional que Estados Unidos impulsa en el Triángulo Norte, al que ve como una segunda frontera en donde se sitúa a Guatemala como un punto estratégico para evitar que el narcotráfico y la migración continúen avanzando hacia su territorio”, explicó el exembajador y exvicecanciller Luis Fernando Andrade Falla.

Según indicó, el “desbloqueo” de estos fondos, que aún no han sido especificados, refleja el reconocimiento de EE. UU. a los avances en materia de seguridad y combate a la migración que los tres países están implementando, pero también es una muestra de la “urgencia” de seguir fortaleciendo la institucionalidad y evitar que el narcotráfico y el crimen organizado continúen ganando terreno, principalmente en Guatemala, que está a las puertas de un nuevo evento electoral.

Preocupación compartida

Sobre este aspecto, Andrade Falla advirtió acerca del riesgo que existe actualmente en el país, en donde el crimen organizado buscará ganar mayor terreno durante las elecciones que se realizarán en el 2027. Comentó que esta preocupación ya no es solo de Guatemala, sino que también es compartida por los Estados Unidos.

“Hay una preocupación que es legítima tanto para los guatemaltecos, como para Estados Unidos, de que este cáncer del narcotráfico se esté infiltrado en la vida política del país, lo que es una gran amenaza”, afirmó.

Andrade Falla también hizo ver que uno de los principales riesgos que existen actualmente en el panorama electoral es el financiamiento que el crimen organizado pueda otorgar a distintas campañas electorales acordes a sus intereses, lo que pone en riesgo la institucionalidad del Estado.

“La campaña electoral es una forma de fortalecer la presencia del narcotráfico, por eso hay más partidos políticos que tienen capacidad de financiamiento y de proponer candidaturas afines a sus intereses. Eso ha venido ocurriendo a lo largo de los años, pero ya está llegando a niveles de mucha preocupación. Ya es una amenaza a la institucionalidad del país y a la institucionalidad del Estado”, añadió.

El exembajador refirió que la infiltración y la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la vida política son reales, y muestra de ello son los señalamientos sustentados por los Estados Unidos contra exdiputados y exalcaldes que han sido condenados recientemente por sus vínculos con estos grupos durante el desarrollo de sus funciones.

No es conveniente para EE. UU.

A criterio del politólogo Renzo Rosal, el principal aspecto en el que se incrementarán los esfuerzos y las acciones en materia de cooperación por parte de los Estados Unidos en los próximos meses será el ámbito electoral y en el tema de la seguridad, debido a la preocupación que existe sobre la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos.

“Para Estados Unidos sería muy perjudicial que asumiera en el Gobierno un partido o una alianza de partidos que pusiera en duda la continuidad de esta colaboración –entre ambos países– que en este Gobierno ha sido muy estrecha”, aseguró.

Según Rosal, el actual gobierno ha sabido llevar muy bien las relaciones con los Estados Unidos y ha sido muy cauteloso en este aspecto, tomando en cuenta que tiene muy pocos aliados, pero, dentro de estos aliados, el más importante es el país del norte.

“Para el presidente Bernardo Arévalo y su gobierno la relación con Estados Unidos es imprescindible, es fundamental también como elemento de apoyo y de gobernabilidad. Entonces, esto es una relación en donde los dos países lo están viendo con beneficio para objetivos muy concretos. Para Estados Unidos, que Guatemala sea aliado es fundamental, pero para Guatemala es importante porque el actual gobierno tiene pocos aliados, pero tener dentro de los pocos a Estados Unidos le permite mantenerse vigente y terminar su periodo para enero del 2028”, afirmó Rosal.

Ante este panorama, el analista consideró que para los intereses de Estados Unidos es muy importante evitar que agrupaciones políticas financiadas por estructuras delictivas puedan tener mayor incidencia en el Estado y sus instituciones, ya que esto pondría en riesgo las relaciones entre ambos países, tomando en cuenta también que Guatemala ha cumplido con lo solicitado por el país vecino en materia de seguridad, economía y migración.

“Indiscutiblemente el tema de la lucha contra el narcotráfico ha sido y sigue siendo una prioridad fundamental en la administración norteamericana y en el checklist – lista de verificación – en esa lista, estamos siendo un país cumplidor”, añadió Rosal.

En qué aspectos cumplió Guatemala y los países del triángulo norte

El Departamento de Estado de los Estados Unidos certificó que Guatemala, El Salvador y Honduras cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 7045, contenida en la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del 2026. Los requisitos que los tres países cumplieron para acceder a estos fondos son:

• Combatir la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y procesar a funcionarios gubernamentales, personal militar y policías oficiales presuntamente corruptos y mejorar las estrategias para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros globales;
• Implementar reformas, políticas y programas para fortalecer el estado de derecho, incluyendo el aumento de la transparencia de los servicios públicos instituciones, fortaleciendo la independencia de los poderes judicial y electoral instituciones y mejorar la transparencia de las campañas políticas y financiación de los partidos políticos;
• Protección de los derechos de los defensores de los derechos humanos y del comercio. sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, oposición política partidos y la independencia de los medios de comunicación;
• Adoptar medidas demostrables para asegurar las fronteras nacionales y frenar migración masiva hacia México y Estados Unidos, incluyendo positiva gobernanza relacionada con la lucha contra el crimen y la violencia, construcción de economía oportunidad, mejorando los servicios gubernamentales y protegiendo los derechos humanos derechos;
• Proporcionar una aplicación de la ley y seguridad eficaces y responsables para sus ciudadanos, limitando el papel de los militares en el ámbito público seguridad y respeto al debido proceso legal;
• Implementar programas para reducir la violencia contra las mujeres y chicas;
• Implementar políticas para reducir la pobreza y promover el desarrollo económico. Crecimiento y oportunidad, incluyendo la implementación de reformas para fortalecer los sistemas educativos, los programas de formación profesional y programas para jóvenes en situación de riesgo;
• Cooperar con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico trata de personas, trata y contrabando de personas y otras actividades transnacionales delito;
• Cooperar con los Estados Unidos y otros gobiernos en la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de migrantes; y
• Implementar políticas que mejoren el entorno para empresas, incluidas las empresas extranjeras, para operar e invertir, incluyendo la ejecución de la reforma tributaria de manera transparente, garantizando mecanismos legales eficaces para el reembolso de las devoluciones de impuestos adeudadas empresas de los Estados Unidos y la resolución de disputas relacionadas con las confiscaciones de bienes inmuebles de entidades estadounidenses.

Se buscó la postura de la Presidencia de la República acerca del monto que se espera recibir por concepto de esta nueva cooperación con Estados Unidos, las áreas de inversión y proyectos a los que serán destinados los recursos. Así también, sobre cuándo se espera la entrega de los fondos y que cartera estará a cargo de su gestión. No obstante, al cierre de este nota no se había tenido alguna respuesta.