Corte de Constitucionalidad evalúa apelación para reactivar proceso contra periodistas de elPeriódico en Guatemala

Este martes 2 de junio, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala realizó una audiencia pública para evaluar una apelación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),que busca reactivar un proceso penal contra un grupo de periodistas y columnistas vinculados al extinto diario elPeriódico.

La solicitud de la Fiscalía se basa en la acusación por el delito de obstrucción a la justicia, relacionada con opiniones emitidas por los comunicadores sobre supuestas irregularidades judiciales en el caso del fundador del medio, el periodista José Rubén Zamora Marroquín. Este proceso había sido previamente desestimado por distintas instancias judiciales, que determinaron que la persecución no podía tramitarse por la vía penal.

Antecedentes y contexto del caso

El caso se remonta a las publicaciones realizadas por periodistas y columnistas de elPeriódico que cuestionaron procedimientos dentro del sistema judicial guatemalteco, en especial en torno al caso que involucra a Zamora Marroquín. La Fiscalía argumenta que estas publicaciones atentaron contra el "honor" de la exfiscal general Consuelo Porras, quien estuvo en el cargo entre 2018 y 2026. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la exfuncionaria asistieron a la audiencia pública convocada por la CC, a pesar de ser los proponentes del recurso.

Las instancias judiciales anteriores, incluyendo el Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ),habían establecido que la controversia debía resolverse exclusivamente ante un Tribunal de Imprenta, conforme a lo establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento, y no mediante un proceso penal ordinario.

Periodistas afectados y manifestaciones en la audiencia

El grupo de periodistas y comunicadores afectados incluye a la exdirectora de elPeriódico, Julia Corado; el exjefe de información Gerson Ortiz; los reporteros Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar; así como a los excolumnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez. Durante la vista pública, ellos solicitaron que se respete la libertad de expresión y denunciaron la persecución judicial que han sufrido en los últimos años, un proceso que los ha llevado incluso al exilio.

Uno de los periodistas afectados, Alexander Valdez, quien recientemente regresó al país tras tres años en el exilio, manifestó que la Corte de Constitucionalidad tiene la oportunidad de establecer un precedente que ponga fin a la criminalización de la prensa por ejercer su labor informativa.

Argumentos de la defensa y posición de la Fiscalía

La defensa legal de los comunicadores recordó al pleno de magistrados que la FECI desafía los fallos emitidos por otras instancias judiciales que protegen la libertad de expresión y establecen que el caso debe tramitarse ante un Tribunal de Imprenta. La abogada defensora Wendy López enfatizó que esta es una instancia administrativa y no penal, y que los tribunales del país han reafirmado en diversas ocasiones la garantía de la libertad de emisión del pensamiento y de prensa.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que las declaraciones y publicaciones de los periodistas afectaron la reputación de la exfiscal general, razón por la cual insiste en reactivar el proceso penal. No obstante, la ausencia de sus representantes y de la exfuncionaria en la audiencia pública ha generado cuestionamientos en torno a la seriedad y fundamento de la apelación.

Contexto político y judicial en Guatemala

Este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la libertad de prensa en Guatemala. Bajo la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, organizaciones nacionales e internacionales han señalado un aumento en la persecución judicial contra periodistas, fiscales, jueces y activistas, situación que ha provocado que varios comunicadores guatemaltecos hayan optado por el exilio para proteger su seguridad.

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, anunció el 17 de mayo la creación de una comisión destinada a revisar la situación de estas personas exiliadas o que se encuentran en riesgo debido a posibles persecuciones judiciales vinculadas con la administración anterior, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por prácticas consideradas antidemocráticas y violatorias de derechos fundamentales.

Implicaciones para la libertad de expresión en Guatemala

El resultado de la audiencia en la Corte de Constitucionalidad podría tener un impacto significativo en el ejercicio del periodismo independiente en Guatemala. La reapertura de procesos penales por opiniones vertidas en medios de comunicación podría sentar un precedente que limite la libertad de expresión y aumente la autocensura entre los periodistas.

La comunidad periodística y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen un seguimiento estrecho del caso y llaman a respetar el marco legal que protege el derecho a la libre emisión del pensamiento, un pilar fundamental para la democracia y la transparencia.

Próximos pasos y seguimiento

La Corte de Constitucionalidad tomará una decisión respecto a la apelación de la Fiscalía en los próximos días o semanas. Mientras tanto, los periodistas afectados continúan ejerciendo presión para que se garantice su derecho a informar sin temor a represalias judiciales.

Este proceso judicial se suma a otros casos emblemáticos en los que el sistema judicial guatemalteco enfrenta cuestionamientos sobre su independencia y respeto a los derechos humanos, en un país donde la libertad de prensa sigue siendo un tema vital y en constante disputa.

El Oficial continuará informando sobre los avances de este caso y su impacto en el panorama mediático y judicial de Guatemala.