Crimen contra Solórzano Foppa abre debate sobre seguridad e investigación criminal para esclarecer el caso

El crimen contra Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el pasado 19 de octubre, es el resultado de la falta de una política de seguridad institucional por parte del Estado, lo que evidencia fallas para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Por ello, es necesario que las instituciones encargadas de las diligencias efectúen los procedimientos para esclarecer lo sucedido de manera ágil y precisa, coinciden analistas.

Los expertos también aseguran que, a raíz de la violencia generalizada que se ha dado en las últimas semanas en el país y que comenzó con los hechos ocurridos en Huité, Zacapa, es necesario que en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, se efectúen investigaciones internas y se destituya a los funcionarios responsables de los errores cometidos en los procedimientos para esclarecer estos hechos.

Según el politólogo Renzo Rosal, el crimen contra Solorzano Foppa es “la gota que derramó el vaso” de esta serie de eventos ocurridos en las últimas semanas y es un símbolo de una crisis de seguridad marcada por la debilidad institucional, la improvisación, la falta de planificación, la posible corrupción y la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

“Lo que estamos viendo es todavía más grave de lo que pensábamos. Ahora —el tema de la seguridad— ya no es precario, sino es peor que precario. Pone al desnudo la debilidad de las instituciones que han tenido que echar para atrás acciones, comentarios, comunicados que habían publicado y expresado anteriormente. Eso me parece que es el indicador más claro de la debilidad y del momento fuerte que vivimos en el país”, comentó.

Rosal afirmó que las dos instituciones centrales en estos hechos, que son el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, “han quedado a deber”, no solo por su incapacidad operativa, sino también porque en medio de los hechos hubo silencio, manejo deficiente de la información y acciones de las cuales posteriormente han tenido que retractarse.

A criterio de Cristhians Castillo, del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), los acontecimientos ocurridos el fin de semana “evocan fantasmas del pasado”, con hechos de violencia política en un contexto preelectoral, dentro de un patrón histórico de asesinatos de alto impacto que ponen a prueba la credibilidad del Estado.

“Este hecho describe con mucha preocupación cómo los fantasmas del pasado están poniendo nuevamente en riesgo la estabilidad y la credibilidad de la institucionalidad pública. El caso del licenciado Solórzano Foppa me parece que es la conclusión o la consecución de una tendencia de recrudecimiento de la violencia política”, expuso.

Según Castillo, varios gobiernos, desde el inicio de la era democrática en Guatemala, han tenido que enfrentar un caso de alto impacto que ha puesto a prueba su credibilidad y estabilidad. Como ejemplos de estos hechos, cita el crimen contra la antropóloga Myrna Mack durante el gobierno de Vinicio Cerezo, el asesinato de monseñor Juan Gerardi durante el gobierno de Álvaro Arzú, el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen en la administración de Óscar Berger, y el caso de Rodrigo Rosenberg en el gobierno de Álvaro Colom.

Fallas en el accionar de la PNC

Ante las fallas y contradicciones en los procedimientos aplicados por la PNC durante la captura de los hermanos Choc Toz, como presuntos responsables del crimen contra Solórzano Foppa, Rosal considera que esto es el resultado de una serie de factores, como una “absoluta insuficiencia estratégica, operativa y táctica” por parte de las fuerzas de seguridad.

“Estamos viendo también, probablemente, niveles de corrupción, niveles de penetración de la corrupción y ¿por qué no decirlo?, del crimen organizado incrustado en las estructuras de estas instituciones. Estamos viendo la insuficiencia en la planificación y la falta de capacidades de la fuerza operativa en terreno de campo”, indicó.

Castillo tampoco descarta este extremo, pues opinó que en casos e investigaciones de años anteriores también se ha corroborado que grupos delictivos se han infiltrado en estas instituciones.

“Es una hipótesis que no podemos refutar, porque en el pasado ya se han dado investigaciones que vinculan, no solo la infiltración, sino que en ocasiones miembros de la institución armada del país terminan sirviéndole a estructuras de narcotráfico o crimen organizado”, comentó.

Otro aspecto que señaló Castillo es que en el caso del crimen contra Solorzano Foppa se puede evidenciar “una total falta de inteligencia del Estado”, tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ejército, ya que, si gozaba de seguridad del Estado, por medio del aparato de inteligencia estatal se tenía que haber previsto y evitado el atentado. También hizo una acotación en que “tanto Solórzano Foppa, como Rodrigo Arenas -director del medio República- eran generadores de opinión, aunque en espectros ideológicos distintos y la muerte de cualquiera de ellos habría tenido un impacto desestabilizador similar”, por lo que es responsabilidad de las autoridades correspondientes determinar las verdaderas causas del crimen contra Solorzano Foppa.

Investigación completa y evitar especulaciones

Por aparte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hizo ver que el principal riesgo en el caso y el esclarecimiento del crimen contra Solórzano Foppa es que “la enorme presión mediática y política”, agravada por las redes sociales y el contexto electoral, pueda empujar al Ministerio Público y a los jueces a cometer errores o tomar decisiones sin sustento suficiente.

Ante ello, cree que las instituciones deben actuar con serenidad, apego a la evidencia e independencia judicial. También advirtió de que la implantación de pruebas, aunque existe, no debe generalizarse ni darse por probada antes de que el caso se ventile en las instancias correspondientes.

“Tienen que ser muy fríos, muy calculadores, muy ajenos a los medios”, señaló, al recordar que en casos como el de monseñor Gerardi hubo procesamientos similares y que se dieron a consecuencia de la presión mediática.

También resaltó que “hay que insistir mucho en independencia judicial”, para que los juzgadores resuelvan conforme a las evidencias y no para evitar desgaste público. En conclusión, considera que lo importante “es evitar la especulación y exigir una investigación completa, de oficio, que incluya la actuación policial y eventuales responsabilidades disciplinarias o penales”.