CSJ amplía competencia de juzgados de Mayor Riesgo para casos de grupos terroristas y maras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este lunes 26 de enero de 2026 un acuerdo que amplía la competencia de cuatro juzgados de Mayor Riesgo ubicados en Guatemala y Quetzaltenango para conocer, tramitar y resolver procesos penales relacionados con delitos cometidos por grupos delictivos organizados, incluyendo maras, pandillas y organizaciones criminales transnacionales catalogadas también como terroristas.

Esta medida, formalizada mediante el Acuerdo 06-2026 del Organismo Judicial y publicada en el Diario de Centro América, responde a la entrada en vigencia del Decreto Número 11-2025 del Congreso de la República, conocido como la Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas. La normativa establece la necesidad de que el sistema de justicia guatemalteco implemente mecanismos para fortalecer el procesamiento especializado de estos delitos.

Ampliación y centralización de la competencia judicial

Con el nuevo acuerdo, los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo en las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango quedan facultados para conocer casos relacionados con crímenes cometidos por integrantes de estas estructuras criminales, tales como extorsión, trata de personas, lavado de dinero, femicidio y otros delitos conexos. Esto incluye los órganos jurisdiccionales de primera instancia y los tribunales de sentencia especializados en estos temas.

El acuerdo establece que cualquier proceso penal que se inicie contra miembros de las maras o pandillas debe ser remitido obligatoriamente a estos órganos especializados. Para asegurar un manejo adecuado y equitativo de los casos, la asignación será realizada a través del Sistema de Gestión de Tribunales (SGT),garantizando una distribución aleatoria y balanceada entre los jueces competentes.

Competencia territorial y especialización

• Cobertura territorial: La competencia se concentra inicialmente en las sedes de Guatemala y Quetzaltenango, por ser regiones con mayor incidencia de estos delitos.
• Delitos incluidos: Además de los relacionados directamente con las maras y pandillas, la ampliación abarca delitos conexos como el crimen organizado transnacional y actos terroristas.
• Etapas procesales: Los juzgados ordinarios continuarán conociendo sólo las etapas iniciales, pero una vez dictado el auto de procesamiento, el caso será trasladado a los juzgados de Mayor Riesgo para su trámite y resolución.

Medidas para la protección del personal judicial

El acuerdo también contempla la implementación de acciones específicas para proteger la integridad física y seguridad del personal judicial involucrado en estos procesos. Conforme al artículo 4, la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial deberá estudiar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de jueces, operadores de justicia y demás funcionarios expuestos.

Este aspecto cobra relevancia ante la naturaleza de los casos relacionados con grupos criminales organizados, que históricamente han generado riesgos y amenazas para quienes participan en la administración de justicia en Guatemala.

Posibilidad de creación de nuevos órganos jurisdiccionales

Como parte de las disposiciones administrativas, el Acuerdo 06-2026 faculta a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, a establecer la creación de nuevos juzgados o tribunales especializados en Mayor Riesgo si la carga procesal o las condiciones de seguridad así lo requieren. Esta flexibilidad permitirá ajustar la capacidad judicial a la dinámica del delito en el país.

Contexto y relevancia en Guatemala

Guatemala enfrenta desde hace años un reto importante contra las maras y pandillas, consideradas por la legislación reciente como organizaciones terroristas y criminales transnacionales. La ampliación de competencias judiciales representa un avance en la estrategia estatal para combatir estos grupos mediante procesos penales más especializados y eficaces.

El sistema judicial guatemalteco ha sido objeto de críticas por la lentitud y dificultades en el juzgamiento de casos relacionados con el crimen organizado. Con esta medida, se espera mejorar el manejo de expedientes complejos y brindar mayor seguridad jurídica tanto a las víctimas como al personal judicial.

Implicaciones para el combate al crimen organizado

• Especialización: La concentración de casos en juzgados de Mayor Riesgo permitirá el desarrollo de criterios jurisprudenciales homogéneos y un conocimiento profundo de la dinámica delictiva de estos grupos.
• Protección: La seguridad del personal judicial es fundamental para garantizar la independencia y eficacia en la administración de justicia.
• Coordinación institucional: La medida refuerza la necesidad de articular esfuerzos entre el Organismo Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y otras entidades para una respuesta integral.

Conclusión

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ampliar la competencia de cuatro juzgados de Mayor Riesgo en Guatemala y Quetzaltenango para conocer delitos relacionados con maras, pandillas y crimen organizado, representa un paso significativo en la lucha contra estas estructuras criminales. La centralización y especialización de los procesos, junto con las medidas para proteger al personal judicial, buscan fortalecer el sistema penal y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno delictivo que afecta a la sociedad guatemalteca.

La implementación efectiva de este acuerdo será clave para alcanzar resultados concretos en la reducción de la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.