CSU defiende nombramiento de magistrados para la Corte de Constitucionalidad amid cuestionamientos

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) defendió la reciente designación de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad (CC),luego de que algunos sectores señalasen posibles conflictos de intereses en el proceso de selección.

Las elecciones, realizadas el 16 de febrero de 2026, resultaron en la elección de Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular y José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente. Ambos profesionales fueron seleccionados en una votación secreta que contó con la participación de 38 de los 41 consejeros del CSU.

Proceso de selección y resultados

La designación de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay sorprendió a analistas y sectores especializados que anticipaban que la dupla estaría integrada por Leyla Lemus, actual presidenta de la Corte Constitucional, y María Consuelo Porras, ex Fiscal General de la República.

En la votación, Julia Marisol Rivera obtuvo 23 votos, superando a Leyla Lemus que consiguió 13 sufragios. Por su parte, Consuelo Porras no fue considerada para ninguna de las posiciones. En cuanto a la magistratura suplente, José Luis Aguirre Pumay obtuvo 24 votos, mientras que Guillermo Demetrio España, actual integrante del CSU, recibió 10 y Alejandro José Gutiérrez apenas 2.

Vinculaciones y cuestionamientos

Julia Rivera Aguilar es conocida por haber sido esposa de Julio Cordón, actual secretario del CSU, lo cual ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. En tanto, José Luis Aguirre Pumay se desempeña como director del Centro Universitario de Santa Rosa y ha tenido una trayectoria vinculada a diferentes partidos políticos en busca de cargos públicos.

El CSU rechazó las críticas y defendió la transparencia y legalidad del proceso. Berner García, uno de los consejeros y vocero del CSU, explicó que la selección se basó en criterios establecidos en sentencias previas que privilegian la designación de profesores universitarios, además de la certificación de recursos humanos que acreditó la relación de los postulantes con la universidad.

Sobre la relación personal entre Rivera Aguilar y Cordón, García indicó que este aspecto no fue planteado ni discutido durante las sesiones del Consejo, por lo que no influyó en la decisión final.

Mecanismos y ambiente en la votación

La votación se realizó mediante urna y fue secreta, con la prohibición del uso de celulares para evitar cualquier tipo de coacción o malentendidos. Esta medida fue resaltada durante la exhibición personal presentada por el diputado José Chic, quien solicitó clarificar la situación de cada integrante del CSU para garantizar la transparencia del proceso.

La sesión se llevó a cabo en Antigua Guatemala, una decisión que generó preguntas entre la prensa, ya que tradicionalmente estas reuniones se realizan en la sede de la USAC. Los representantes del CSU no ofrecieron una justificación clara para esta elección de sede, limitándose a señalar que todos los consejeros fueron debidamente convocados.

Asistencia y participación

De los 41 consejeros, 38 participaron en la elección. Destacaron las ausencias de Marco Vinicio de la Rosa, representante de la Facultad de Veterinaria, a quien se le negó el ingreso, y de María Enriquéz Cottón, de Ciencias Químicas y Farmacia, quien no asistió a pesar de estar convocada.

Contexto y próximos pasos

La renovación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se da en un momento de alta expectativa ciudadana y política, dada la relevancia del máximo tribunal constitucional en Guatemala para la interpretación y protección de los derechos fundamentales y la constitucionalidad de las leyes.

Con la elección de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay, el CSU reafirma su papel como órgano decisorio de la USAC en la designación de magistrados constitucionales, a pesar de las críticas y cuestionamientos que han surgido.

El siguiente paso consiste en que el CSU notifique formalmente tanto a la Corte de Constitucionalidad como al Congreso de la República sobre estos nombramientos. Posteriormente, el Congreso deberá programar la juramentación oficial de los nuevos magistrados, junto con el resto de magistrados que integrarán la Corte.

Consideraciones finales

Este proceso pone en relieve la importancia de la transparencia y la confianza en los órganos universitarios que tienen la responsabilidad de designar magistrados constitucionales, así como la necesidad de un escrutinio público informado para fortalecer las instituciones democráticas en Guatemala.

El Consejo Superior Universitario ha reiterado su compromiso con los procedimientos establecidos y su disposición a responder ante cualquier inquietud, buscando preservar la autonomía universitaria y la estabilidad institucional del país.