“Cumplimos la ley, pero no creemos en el dispositivo”: la apuesta por los limitadores aún no convence al transporte
Los empresarios aseguran que cumplirán la ley, pero cuestionan la eficacia del sistema. Mientras tanto, menos del 5% de los buses y alrededor del 11% del transporte de carga cuentan con la certificación exigida.
La obligación de instalar limitadores de velocidad está vigente, pero su implementación sigue generando diferencias entre las autoridades y el sector transportista. Mientras los empresarios sostienen que el dispositivo no resolverá por sí solo la siniestralidad vial, la Dirección General de Transporte insiste en que la normativa debe cumplirse.
Luis Gómez Chin, representante de la Gremial de Rutas Cortas para Transporte de Pasajeros, aseguró que el sector debe acatar la normativa, aunque cuestionó la calidad de los equipos disponibles y sostuvo que el problema de la siniestralidad responde principalmente a la conducta de los pilotos. Por ello, insistió en fortalecer la fiscalización, el monitoreo mediante GPS y los controles en carretera, en lugar de centrar la estrategia en los limitadores de velocidad.
Mantiene reservas sobre su efectividad. “No estar de acuerdo con una ley no significa que no la cumplamos; tenemos que cumplir con ella”, señaló.
Agregó que la instalación avanza de forma gradual, pero sostuvo que muchos de los equipos disponibles en el mercado son de baja calidad y “una vez colocados y arruinados, implicará que el cumplimiento (…) no se ejecute a cabalidad como la norma espera”.
Explicó que, según los reportes recibidos por el gremio, en el departamento de Guatemala existen unas mil 800 unidades, de las cuales alrededor de 800 o 900 ya cuentan con el dispositivo. Sin embargo, indicó que unas 300 han presentado problemas de instalación o funcionamiento, principalmente por sobrecargas en el sistema eléctrico provocadas por la electroválvula que utiliza el sistema.
El dirigente insistió en que el limitador de velocidad no resuelve el problema de fondo de la siniestralidad. “Los accidentes (…) están en función de la impericia humana, no por incapacidad o antigüedad de las unidades”, afirmó. Por ello, señaló que el sector ha propuesto que se exija un sistema de GPS para monitorear las unidades y que las autoridades refuercen la fiscalización de los conductores. “Lo que hace mucha falta es control de los operadores”, enfatizó.
El debate sobre los limitadores coincide con un aumento de la siniestralidad vial a nivel nacional. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), los hechos de tránsito —que incluyen distintos tipos de vehículos— aumentaron un 9.9 % entre enero y mediados de junio de este año respecto del mismo período de 2025.
Las cifras muestran que, aunque el transporte colectivo representa solo una parte de la siniestralidad vial, los incidentes persisten, según el Onset. El informe también registra la participación de mil 156 automóviles, 450 picops, 446 autobuses, 383 camiones y 190 cabezales en hechos de tránsito.
Carga cuestiona el sistema
En la misma línea, Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca),que conforma el otro sector, el de carga, afirmó que el sector no se opone a respetar los límites de velocidad, sino al mecanismo establecido para hacerlo.
“Nosotros no es que no estemos de acuerdo con reducir la velocidad, no estamos de acuerdo con que se use un mecanismo que no es efectivo”, afirmó.
“Sí queremos evitar los hechos de tránsito, sí queremos que se respete la velocidad máxima, pero sí debemos trabajar no en el reductor como tal, sino en otros aspectos que son más efectivos para el cumplimiento de la velocidad máxima”, indicó.
Ambos mantienen sus reservas sobre el uso de los limitadores de velocidad por la eficacia del sistema.
Escasez
Fajardo indicó que, aunque la obligación sigue vigente y las empresas avanzan en la instalación de configuraciones electrónicas o dispositivos, el proceso enfrenta dificultades por la escasez de equipos y la limitada capacidad de las autoridades para certificar una flota de alrededor de 300 mil vehículos.
Además, sostuvo que las pruebas realizadas por el sector muestran que los limitadores de velocidad no funcionan en pendientes de descenso, por lo que consideran que representan un gasto que no cumple con el objetivo de prevenir accidentes.
Agregó que los dispositivos tienen un costo de entre Q2 mil 500 y Q4 mil, aunque su importación ha sido limitada por la incertidumbre sobre posibles cambios a la normativa.
El director de Catransca también planteó que las sanciones deberían dirigirse al conductor que exceda la velocidad, y no al vehículo por carecer del certificado del limitador, al considerar que es el piloto quien tiene el control de la conducción.
Entre otros factores que, a su juicio, inciden en la siniestralidad vial, mencionó el mal estado de las carreteras, los baches, los túmulos, los derrumbes, las restricciones municipales al transporte pesado, las condiciones climáticas y la infraestructura vial insuficiente.
Sanciones y baja certificación
Sin embargo, la Dirección General de Transporte (DGT) reiteró que la obligación continúa vigente y que actualmente no existe ninguna reforma en discusión para modificar la normativa. La institución indicó que mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar el funcionamiento del Sistema Limitador de Velocidad y aplicar las sanciones correspondientes cuando detecta incumplimientos.
Como resultado de esas acciones, entre el 2 de marzo y el 24 de junio, la DGT impuso 118 multas por no contar con el Sistema Limitador de Velocidad, de las cuales 112 fueron al transporte colectivo y seis al transporte de carga. En ese mismo período realizó 23 operativos, durante los cuales inspeccionó 593 unidades.
De acuerdo con la DGT, 2 mil 151 buses extraurbanos cuentan con certificado de funcionalidad del sistema, frente a un universo de 43 mil 803 unidades registradas ante la SAT, lo que representa menos del 5% del parque. En el transporte de carga, 23 mil 386 vehículos disponen del certificado, de un parque de 221 mil 305, equivalente a apenas alrededor del 11%.
La sanción por incumplir esta obligación asciende a Q20 mil 11.40.
Piden cumplir la ley
La postura de los empresarios contrasta con la del diputado Jairo Flores, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS),quien sostiene que la discusión no debe centrarse en la conveniencia del dispositivo, sino en el cumplimiento de una obligación legal que sigue vigente.
“Hay que respetar la ley. La ley establece que deben tener reductores, deben haber informes del estado mecánico y debe haber un registro de pilotos”, señaló.
Flores afirmó que la normativa solo podría dejar de aplicarse mediante una reforma aprobada por el Congreso, algo que no ha ocurrido. Además, indicó que estarán atentos a las acciones de la nueva dirección de la DGT para verificar si se fortalece la fiscalización y se exige el cumplimiento de los requisitos establecidos para el transporte colectivo y de carga.
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