De pastor a detenido por presuntos vínculos con la Mara 18: El caso que se investiga en Honduras

Conforme a lo expuesto por la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), una operación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) permitió la captura de Douglas Flores Silva, de 35 años, señalado como presunto integrante de la mara Barrio 18, en el municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, Honduras.

De conformidad con la PMOP, la aprehensión de Flores, conocido en las investigaciones con el alias de “Cisco Colombiano”, se produjo después de que las autoridades hondureñas recibieran una denuncia anónima de una persona residente en el extranjero, lo que habría dado paso a las diligencias de investigación y seguimiento del caso.

Frente a este escenario, uno de los aspectos que más sobresalen en el informe preliminar del DAET es que el sospechoso presuntamente utilizaba su apariencia de pastor evangélico como fachada para ocultar sus vínculos con la mara Barrio 18, una de las organizaciones criminales más numerosas y violentas de Honduras y Centroamérica.

Por lo tanto, según las investigaciones de la DAET y la PMOP, esa condición habría sido parte de la forma en que el hombre se desenvolvía en la comunidad evangélica, mientras presuntamente mantenía vínculos con integrantes de la estructura delictiva, considerada la pandilla más grande de Honduras, con un estimado de 23 mil miembros.

El pastor ladrón y terrorista

Tras la detención en Tatumbla, Francisco Morazán, las autoridades hondureñas indicaron que Douglas Flores Silva es señalado como presunto responsable de asociación terrorista, amenazas de muerte, extorsión y robo, ya que Honduras ha endurecido su legislación contra las maras o pandillas, al tipificarlas como organizaciones terroristas.

Dadas las circunstancias, la asociación terrorista concentra la atención de las instituciones de seguridad y justicia en Honduras, especialmente después de las modificaciones legislativas orientadas a endurecer la persecución penal contra las organizaciones criminales, que castigan la pertenencia a estas estructuras, así como su organización.

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Esto se debe a que las amenazas y la extorsión afectan directamente la tranquilidad de las comunidades locales y representan dos de las principales preocupaciones de las autoridades, debido a las prácticas de intimidación y presión económica atribuidas a las estructuras delictivas que buscan infundir terror o desestabilizar la seguridad pública.

Ante esta situación, los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) crearon canales de ayuda y denuncia para casos de emergencia en los que alguna persona se encuentre en una situación de riesgo real vinculada a estos delitos, debido a que es fundamental buscar el apoyo inmediato y seguro de las autoridades.

Nuevas disposiciones de seguridad en Honduras

De acuerdo con El Heraldo, uno de los principales periódicos de circulación nacional de Honduras, el país centroamericano avanza en una nueva etapa de acciones contra las estructuras criminales, tras la aprobación de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal por parte del Congreso Nacional, mediante el Decreto Legislativo 258.

Por consiguiente, con ese marco legal, las autoridades buscan fortalecer las operaciones contra maras, pandillas y criminales mediante herramientas jurídicas que amplíen las capacidades de investigación, persecución penal y procesamiento de quienes se dedican principalmente a la extorsión, el sicariato y la venta de drogas al menudeo.