Defensa cuestiona interceptaciones y pide cierre provisional en caso de secuestro de odontólogo en Villa Canales

En el marco de la audiencia de etapa intermedia relacionada con el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, la defensa de los principales acusados solicitó la clausura provisional del proceso, aduciendo irregularidades en la investigación y cuestionando la validez de las interceptaciones telefónicas utilizadas como prueba.

Contexto del caso

El secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo de 2025, ha sido objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP) que apunta a la existencia de una estructura criminal organizada. Según la Fiscalía contra Secuestros, Martínez Murillo fue interceptado en su camino hacia su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. El MP acusa a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda como presunto cabecilla de la red, mientras que Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzul Castillo, Juan Oswaldo Tzul Hernández, y Paola Isabel Díaz Ramírez también enfrentan cargos. Anelsi Adelí Quiñones Corado permanece prófuga.

Argumentos de la defensa

Los abogados defensores de Girón Castañeda y González y González manifestaron dudas sobre la solidez del caso presentado por el MP. Durante la audiencia, la defensa de Girón, representada por Saúl Zenteno, cuestionó la precisión de la acusación fiscal y la legalidad de las interceptaciones telefónicas que fueron autorizadas bajo la hipótesis de delincuencia organizada, pese a que el MP no imputó ese delito en la acusación formal, limitándose al delito de secuestro.

Zenteno destacó que la Fiscalía promueve métodos especiales de investigación basándose en una supuesta estructura criminal, pero no concreta la imputación por asociación ilícita, situación que afecta la validez de esas pruebas.

Falta de individualización de actos

El defensor argumentó que la acusación no identifica de manera clara las acciones específicas que Girón habría cometido, ni detalla sus decisiones o instrucciones dentro del secuestro. Según la defensa, la Fiscalía divide los hechos en seis pasos — seguimiento a la víctima, participación en la privación de libertad, traslado y abandono del vehículo, negociación para la liberación, vinculación con la estructura criminal, y coordinación con prófuga — pero en ninguno de ellos se individualizan responsabilidades concretas.

Asimismo, se criticó el uso de expresiones genéricas como "en compañía de otras personas" o "planificación", sin precisar lugares, tiempos o toma de decisiones específicas de Girón Castañeda. También se cuestionó el análisis de antenas telefónicas que ubica un teléfono vinculado a Girón a 500 metros del lugar donde fue abandonado el vehículo de la víctima, sin detallar horarios, además de señalar que esa ubicación corresponde a su lugar de residencia habitual.

Cuestionamientos a la evidencia y métodos de investigación

La defensa puso en duda la validez de algunos peritajes, como el lofoscópico, por limitaciones técnicas y falta de acceso completo a bases de datos. También solicitó ampliar diligencias, incluyendo declaraciones adicionales y análisis de registros telefónicos y videos de vigilancia.

El abogado criticó la incorporación de videos captados en un restaurante de comida rápida, argumentando que no guardan relación directa con los hechos imputados. Además, cuestionó la legalidad de las interceptaciones telefónicas, ya que fueron autorizadas bajo la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero el MP no sostuvo esa figura en la acusación, lo que podría invalidar la utilización de esas pruebas.

Defensa de Carlos Antonio González y dudas sobre identificación telefónica

La defensa del supuesto negociador Carlos Antonio González y González también solicitó la clausura provisional del proceso, argumentando que la Fiscalía no ha demostrado con certeza que él sea el "emisor 2", un número telefónico vinculado a las negociaciones con la familia de la víctima.

El abogado cuestionó las pruebas basadas en activaciones de antenas y seguimientos entre Jutiapa y Guatemala, señalando inconsistencias en los horarios y movimientos atribuidos a González y González. Destacó que, a pesar de observar una llamada telefónica en la zona 5 capitalina el 4 de junio de 2025, no existe certeza de que el teléfono estuviera en poder de su cliente, ni que la llamada estuviera relacionada con el secuestro.

Además, señaló que las autoridades pudieron haber decomisado el teléfono en ese momento para comprobar su uso, pero no lo hicieron, lo que debilita la acusación.

Evidencias presentadas por el Ministerio Público

Durante la audiencia, el MP presentó una serie de evidencias materiales que, según la Fiscalía, respaldan la existencia de una estructura criminal tras el secuestro. Entre los indicios se incluyen teléfonos celulares, armas de fuego (siete pistolas, un fusil, cargadores y cartuchos),uniformes con insignias de la Policía Nacional Civil (PNC),videos de vigilancia, huellas dactilares y estados de cuenta bancarios.

El MP aseguró que todos los objetos decomisados mantienen cadena de custodia y que se incluyen intercomunicadores, un casco y prendas similares a uniformes policiales. También se presentaron audios de audiencias y grabaciones obtenidas en residenciales y comercios.

Situación actual del proceso

El caso continúa en etapa intermedia. El Ministerio Público sostiene que la investigación ha avanzado con evidencia contundente; sin embargo, la defensa insiste en que persisten deficiencias que deben ser subsanadas y que la acusación no individualiza responsabilidades suficientes para llevar el proceso a juicio.

Mientras tanto, Anelsi Adelí Quiñones Corado permanece prófuga, y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el paradero del odontólogo y los responsables de su secuestro.

Este caso ha generado gran atención en Guatemala por la gravedad del delito y la participación presunta de individuos con vínculos organizados, además de evidenciar desafíos en la aplicación de métodos especiales de investigación y respeto a garantías procesales.