Defensas cuestionan investigación del MP en caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

El proceso judicial por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido en mayo de 2025, continúa con la presentación de argumentos en la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. En esta fase, el abogado defensor de una de las acusadas, Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzul, cuestionó la solidez y consistencia de la investigación realizada por el Ministerio Público (MP),señalando diversas deficiencias y vacíos en la acusación fiscal.

Cuestionamientos a la investigación del Ministerio Público

Durante la audiencia realizada el 8 de mayo de 2026, el abogado Alejandro Arriaza, representante legal de Díaz Ramírez de Tzul, afirmó que la Fiscalía contra Secuestros no logró demostrar la participación de su patrocinada en los hechos que se le imputan. En su intervención, el defensor expresó que no existe una relación clara, precisa ni circunstanciada que vincule a su clienta con el secuestro, lo que a su juicio evidencia la ausencia de "dominio del hecho", un elemento jurídico indispensable para su imputación.

El caso se centra en la desaparición de Martínez Murillo, quien el 28 de mayo de 2025 fue interceptado cuando se dirigía a su clínica ubicada en El Jocotillo, Villa Canales. La Fiscalía señala como presunto autor intelectual a Alejandro Girón Castañeda, identificado como amigo cercano de la víctima desde hace más de una década. Además, la investigación involucra a miembros de una estructura criminal que incluye a Ubaldo Tzul Castillo, su hijo Juan Oswaldo Tzul Hernández, Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzul y Carlos Antonio González y González, señalado como supuesto negociador del rescate.

Inconsistencias en la acusación y seguimiento del rescate

El abogado defensor criticó la redacción de la acusación fiscal, describiéndola como carente de coherencia jurídica y estructural, lo que dificulta establecer una narrativa clara sobre los hechos. "Esa acusación no lleva ni comas ni puntos. Es un corrido", manifestó durante la audiencia.

Asimismo, Arriaza cuestionó la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el seguimiento y entrega del rescate. Señaló que, aunque los investigadores monitorearon el dinero entregado como pago por la liberación, identificaron a quienes lo recibieron y ubicaron el inmueble donde se llevó a cabo la transacción, no se realizaron capturas inmediatas ni se recuperó el efectivo. El defensor preguntó por qué no se efectuaron allanamientos o registros a la propiedad durante la madrugada tras el rescate, lo que consideró una falla significativa en la investigación.

En este sentido, el abogado relató una supuesta manipulación de la investigación, indicando que una agente policial le habría dicho a su clienta: "¿Sabes qué pasó? Nos arruinaste la investigación". Estas declaraciones ponen en entredicho la objetividad y profesionalismo en el manejo del caso.

Contexto y detalles del secuestro

Según el expediente presentado por el MP, Martínez Murillo desapareció cuando se dirigía a su clínica tras una parada en un centro comercial para comprar desayuno, evento que quedó registrado por cámaras de videovigilancia. La Fiscalía sostiene que tres vehículos lo siguieron desde ese momento hasta interceptarlo en un tramo desolado después del kilómetro 38 en la ruta hacia El Jocotillo.

Durante el secuestro, Martínez Murillo mantuvo una conversación telefónica con su secretaria, en la que pidió que movieran un vehículo que bloqueaba el paso y, segundos después, se escuchó una voz ordenándole continuar conduciendo. La llamada finalizó abruptamente.

La Fiscalía reportó que los secuestradores exigieron un rescate de cinco millones de quetzales para liberar al odontólogo. Entre las pruebas presentadas se incluyen llamadas telefónicas, seguimientos y audios interceptados, uno de los cuales contiene una conversación entre Martínez Murillo y su esposa, donde el odontólogo suplica que se consiga el dinero para salvar su vida: "Consígalo, mi vida, consígalo. Decile al vecino o al cuñado, a todo el mundo. Yo ese dinero lo voy a pagar de una u otra manera".

Situación actual del proceso y próximos pasos

Tras las intervenciones del abogado defensor de Díaz Ramírez de Tzul, está pendiente que los representantes legales de los otros cuatro acusados presenten sus argumentos ante el tribunal. El juzgado debe evaluar las pruebas y decidir si existen elementos suficientes para enviar a juicio a cada uno de los señalados.

Mientras tanto, el paradero de Julio Amílcar Martínez Murillo continúa siendo desconocido, situación que mantiene la atención pública y judicial sobre este caso emblemático en Guatemala, que refleja los retos en la lucha contra el secuestro y la criminalidad organizada en el país.

Implicaciones para el sistema de justicia guatemalteco

El caso ha puesto en evidencia las complejidades que enfrentan las autoridades judiciales y policiales para esclarecer delitos de alta complejidad, como el secuestro. Las críticas de la defensa evidencian posibles áreas de mejora en la investigación criminal, la coordinación interinstitucional y la presentación de pruebas ante los tribunales.

Asimismo, el proceso pone a prueba los mecanismos de protección de derechos de los imputados y el respeto al debido proceso, fundamentales para garantizar un juicio justo y transparente.

El seguimiento y desarrollo de este caso será clave para definir precedentes en la persecución penal de delitos graves en Guatemala y para fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.