Demanda de proyectos Codedes 2026 se concentra en infraestructura básica en zonas rurales

Durante el primer trimestre de 2026, la mayoría de los proyectos solicitados y avalados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) en Guatemala se han enfocado en la construcción y mejoramiento de infraestructura básica, principalmente caminos rurales, escuelas primarias y calles en áreas rurales, según datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

De un total de 872 solicitudes recibidas para la construcción de 760 proyectos a cargo de los Codedes, 308 cuentan con la aprobación formal para su ejecución por parte de las entidades responsables en el proceso, de acuerdo con la información que también puede ser verificada en el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (Siprocode) operado por la SCEP.

Comparativo con 2025 revela reducción significativa en avales

Estos números evidencian una disminución sustancial en comparación con el mismo período del 2025, año en el que se registraron 1,042 solicitudes y se aprobaron 1,012 proyectos. Esta reducción se atribuye principalmente a la implementación de controles más estrictos y a una revisión detallada de los expedientes, que involucra a la SCEP, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El procedimiento actual evita la aprobación automática mediante el "silencio administrativo" establecido en la Ley para el Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 7-2025),conocido como la ley de gasto "exprés" para los Codedes, con el objetivo de prevenir irregularidades y asegurar la calidad y viabilidad de los proyectos.

Principales tipos de proyectos solicitados y avalados

Entre las solicitudes presentadas, los proyectos con mayor demanda son:

• Caminos rurales: 252 solicitudes
• Calles en áreas rurales: 184 solicitudes
• Construcción de escuelas primarias: 136 solicitudes
• Sistemas de agua potable: 89 solicitudes
• Sistemas de alcantarillado sanitario: 59 solicitudes

En cuanto a los proyectos que han recibido aval, la distribución es la siguiente:

• Caminos rurales: 93 aprobados
• Calles en áreas rurales: 113 aprobados
• Sistemas de agua potable: 30 aprobados
• Escuelas primarias: 26 aprobados
• Sistemas de alcantarillado sanitario: 17 aprobados
• Puentes vehiculares: 9 aprobados
• Otros proyectos incluyen institutos básicos, sistemas de aguas pluviales, tratamiento de aguas residuales, infraestructura educativa bilingüe, bibliotecas escolares, sistemas de energía solar, tanques de captación de agua y manejo de desechos sólidos.

Entidades estatales que más avalan proyectos

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha otorgado el mayor número de avales, con un total de 178 proyectos, destacando 87 caminos rurales, 85 calles rurales y 6 puentes vehiculares.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha aprobado 62 proyectos, que incluyen calles rurales, sistemas de agua potable, escuelas y sistemas de alcantarillado, entre otros.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha avalado 39 proyectos, principalmente relacionados con sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, además de obras complementarias para la gestión del agua y residuos.

El Ministerio de Educación ha aprobado 18 proyectos enfocados en infraestructura escolar, tales como escuelas primarias, preprimarias, institutos básicos y telesecundarias.

Finalmente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) ha dado aval a 11 proyectos, principalmente en calles rurales, sistemas de agua potable y obras viales.

Implementación de controles y supervisión

El titular de la SCEP señaló que, a partir de finales de 2025, se comenzaron a aplicar medidas de control en coordinación con alcaldes locales, con la finalidad de garantizar que las obras cuenten con supervisión adecuada, estudios técnicos y avales correspondientes antes de su ejecución. Esto busca minimizar riesgos y evitar que los proyectos enfrenten problemas durante su desarrollo o una vez finalizados.

Estos controles responden a las disposiciones establecidas en el Decreto 7-2025, que también busca fortalecer la transparencia y la correcta administración de los recursos asignados a los Codedes.

Desafíos en la calidad y sostenibilidad de los proyectos

Expertos en infraestructura han manifestado preocupación por la falta de mantenimiento planificado de las obras ejecutadas en las áreas rurales, lo que pone en riesgo la durabilidad y el impacto a largo plazo de las inversiones. Es frecuente observar que, tras dos o tres años, caminos y otras infraestructuras presentan un deterioro significativo, afectando la continuidad y el beneficio real para las comunidades.

Además, se señala que muchos proyectos son de pequeña escala y responden a demandas puntuales más que a una planificación integral que promueva un desarrollo sostenible y de mayor impacto regional. Por ejemplo, proyectos de adoquinamiento o pavimentación limitados a pocos cientos de metros pueden atender necesidades inmediatas pero no transforman estructuralmente las condiciones de las localidades.

Otro aspecto relevante es el aumento de recursos asignados a los Codedes en 2026, que genera el desafío de mejorar la capacidad de ejecución para evitar la acumulación de fondos no utilizados, una situación que ha sido recurrente en años previos.

Contexto para Guatemala

Los Codedes son instancias clave para la gestión de proyectos de desarrollo local en Guatemala, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura básica es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. La priorización de caminos rurales y escuelas refleja la necesidad de conectar comunidades y fortalecer la educación, dos pilares para el desarrollo social y económico nacional.

La implementación de controles más rigurosos responde a un esfuerzo gubernamental por elevar la calidad y la transparencia en la ejecución de obras públicas, en un contexto donde la supervisión y la planificación adecuada resultan imprescindibles para maximizar el impacto social y evitar el desperdicio de recursos.

En este marco, la coordinación entre las diferentes entidades estatales y los gobiernos locales será determinante para el éxito de los proyectos y para garantizar que la inversión pública contribuya efectivamente al progreso sostenible de las comunidades guatemaltecas.