Denuncian intento de restringir declaraciones de presidenta del CANG en redes sociales durante elecciones a magistrados de la CC

La elección de magistrados titular y suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) continúa generando debate y controversia en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). En las últimas semanas, un nuevo capítulo ha surgido a partir de una denuncia presentada ante la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo contra Patricia Gámez, presidenta del CANG, relacionada con sus declaraciones públicas sobre el proceso electoral.

Denuncia contra la presidenta del CANG

El abogado Diego Sagastume Vidaurre interpuso una denuncia formal contra Patricia Gámez, cuestionando sus pronunciamientos en redes sociales y otros medios, que según el denunciante, estarían generando confusión y desinformación entre los electores de la segunda vuelta programada para el 12 de febrero de 2026.

En el escrito dirigido a la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, Sagastume argumenta que las declaraciones emitidas por la presidenta del CANG, en calidad de representante legal y titular de la Junta Directiva, han provocado un entorno polarizado y distorsiones en el debate público sobre el proceso electoral de magistrados ante la CC.

El denunciante señala que estas expresiones contribuyen a la difusión de información falsa o engañosa y a un ejercicio de crítica sin fundamento, lo cual afecta la transparencia y legitimidad del proceso.

Contexto del amparo y exclusión de profesionales afines

El origen de la controversia se remonta al amparo provisional promovido por Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, en el que se solicitó limitar la participación en la elección únicamente a abogados y notarios activos, excluyendo a profesionales de ciencias afines. Este recurso legal fue otorgado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo y tuvo un impacto directo en la votación realizada el 4 de febrero, condicionando quiénes podían ejercer su derecho electoral.

Los promotores del amparo argumentan que la Constitución de Guatemala otorga al CANG la facultad exclusiva de elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, por lo que la inclusión de profesionales de disciplinas relacionadas vulneraría la naturaleza jurídica de dicha representación.

En su denuncia, Sagastume Vidaurre solicita que la Sala advierta a Patricia Gámez sobre el alcance del amparo provisional, recordándole que incluye la segunda vuelta del proceso electoral y que debe respetarse su ejecución.

Respuesta de la presidenta del CANG

Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, afirmó que respetaba el derecho de los denunciantes a presentar las acciones legales que consideren necesarias, pero rechazó que se pretenda limitar su libertad de expresión. Según Gámez, restringir sus declaraciones públicas constituiría un atentado contra un derecho fundamental, cuyos límites difícilmente podrían ser impuestos por un órgano constitucional.

La titular del CANG recordó que el amparo provisional tuvo como efecto la exclusión de profesionales de ciencias afines en la elección y que, ante esta decisión judicial, se presentaron las impugnaciones correspondientes, las cuales están pendientes de resolución por parte del máximo órgano constitucional.

Asimismo, enfatizó que, mientras no exista un pronunciamiento distinto, la resolución de la Sala Sexta prevalece y es la que rige el proceso electoral para la designación de magistrados ante la CC.

Situación actual y segunda vuelta electoral

En la primera vuelta del proceso electoral, desarrollada recientemente, participaron 13 candidatos. De esta contienda, resultaron seleccionados para la segunda vuelta Astrid Lemus, con 5 mil 085 votos, y Estuardo Gálvez, con 4 mil 495 votos. La definición final de los magistrados titular y suplente se realizará el 12 de febrero de 2026.

La disputa, que involucra aspectos legales, constitucionales y de comunicación pública, ha marcado la antesala de esta jornada decisiva en el CANG, organismo fundamental para la representación del sector jurídico guatemalteco y su incidencia en la Corte de Constitucionalidad.

Implicaciones para el sector jurídico y el proceso electoral

Este episodio refleja las tensiones que pueden presentarse en procesos electorales vinculados a órganos constitucionales en Guatemala, donde la interpretación de normas y la participación ciudadana adquieren un papel crucial. La controversia sobre quiénes pueden votar y ser votados, así como la libertad de expresión de los actores involucrados, plantea un desafío para el equilibrio institucional y la confianza en las decisiones de los tribunales.

El Colegio de Abogados y Notarios, como entidad con relevancia histórica en la representación de la profesión jurídica, enfrenta un proceso electoral que no sólo definirá a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, sino que también pone a prueba la transparencia, la legalidad y la convivencia democrática dentro del gremio.

Conclusión

La denuncia contra la presidenta del CANG por sus declaraciones relacionadas con el amparo provisional y el proceso electoral a magistrados de la CC ha abierto un debate sobre la libertad de expresión, la legalidad de la exclusión de ciertos profesionales y la dinámica interna del Colegio. La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo tendrá un papel esencial en la resolución de este conflicto, mientras la comunidad jurídica y el público en general observan con atención el desarrollo de la segunda vuelta electoral prevista para el 12 de febrero de 2026.

Este caso subraya la importancia de garantizar procesos electorales transparentes y respetuosos de los derechos fundamentales, así como la necesidad de mantener un diálogo abierto y respetuoso entre las partes involucradas para fortalecer la institucionalidad en Guatemala.