Desarticulan red de narcotráfico entre Guatemala y El Salvador mediante lanchas y vehículos

En un operativo conjunto realizado durante la madrugada del 13 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR),en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) del país vecino, ejecutó una acción policial que logró desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas desde Guatemala hacia El Salvador.

Según informaron las autoridades, esta red organizaba el ingreso y distribución de diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, que eran movilizadas a través de medios como lanchas y vehículos terrestres. La droga se transportaba principalmente hacia los departamentos de San Francisco Menéndez, Ahuachapán y Sonsonate, ubicados en el occidente salvadoreño, donde la organización distribuía las sustancias para su comercialización.

Detalles del operativo y resultados

Durante el operativo, que comprendió nueve registros domiciliarios e inspecciones en diferentes puntos estratégicos, las autoridades incautaron evidencia significativa que fortalece las investigaciones en curso. El accionar policial permitió la captura de cinco personas vinculadas a la estructura delictiva, quienes fueron identificados como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.

Las detenciones se realizaron bajo la coordinación interinstitucional entre la FGR y la PNC, en el marco del fortalecimiento de las medidas de seguridad implementadas en la región para combatir el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

Implicaciones legales y contexto normativo

Los cinco imputados enfrentan procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal de El Salvador y en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD),entre los cuales destacan:

• Agrupaciones ilícitas: regulado en el artículo 345 del Código Penal salvadoreño, este delito sanciona la formación o participación en grupos organizados con fines delictivos. Las penas varían desde 5 a 8 años de prisión para integrantes, aumentando hasta 20 años en casos de pandillas o maras.
• Tráfico ilícito de drogas: contemplado en el artículo 33 de la LRARD, comprende actos como el cultivo, transporte, distribución e importación o exportación de sustancias prohibidas sin autorización. Las penas por este delito oscilan entre 10 y 15 años de cárcel, con multas que pueden alcanzar hasta 5 mil salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente US$2 millones en la economía salvadoreña.
• Posesión y tenencia ilegal de drogas: regulado en el artículo 34 de la LRARD, las sanciones dependen de la cantidad y el propósito de la tenencia, pudiendo ir desde 1 hasta 10 años de prisión en casos relacionados con fines de comercialización.

Estas normativas se aplican en un contexto de seguridad reforzado en El Salvador, donde el régimen de excepción ha sido prorrogado continuamente desde enero de 2022 con el objetivo de combatir eficazmente a las pandillas y organizaciones criminales.

Contexto regional y desafíos en la lucha contra el narcotráfico

Guatemala y El Salvador comparten una frontera extensa que se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y otros mercados internacionales. La utilización de variados métodos para el traslado de sustancias ilícitas, como lanchas en zonas lacustres o costeras y vehículos terrestres por rutas secundarias y pasadizos clandestinos, dificulta la labor de las autoridades para detectar y desmantelar estas redes.

En este escenario, la cooperación transnacional entre fuerzas de seguridad y agencias judiciales de ambos países es fundamental para enfrentar y reducir la incidencia de estos delitos. La reciente operación es un ejemplo del trabajo conjunto que busca proteger a la sociedad de los efectos negativos asociados al narcotráfico, como la violencia, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones.

Compromiso institucional y perspectivas

La Fiscalía General de la República de El Salvador reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del Estado y la sociedad salvadoreña, enfatizando que la desarticulación de esta red criminal representa un paso importante en la estrategia nacional para garantizar la seguridad ciudadana y la integridad del territorio.

Las investigaciones continúan en curso para identificar otros posibles implicados y desmantelar completamente la estructura delictiva, además de fortalecer los mecanismos de prevención y control en la frontera común con Guatemala.

Este operativo se suma a las acciones que el gobierno salvadoreño, bajo la administración actual, ha impulsado para combatir el crimen organizado, demostrando que la colaboración interinstitucional y la aplicación rigurosa de la ley son herramientas esenciales en la lucha contra el narcotráfico regional.

La sociedad guatemalteca y salvadoreña observan con atención estos avances que buscan reducir el impacto de las redes criminales que operan entre ambos países, afectando la seguridad y el bienestar de sus habitantes.