Desarticulan red de trata de menores en cárceles Fraijanes 2 y Preventivo zona 18 liderada por Alis Montenegro

La Fiscalía contra la Trata de Personas en Guatemala logró desarticular una compleja red dedicada al reclutamiento y explotación sexual de menores de edad dentro de los centros carcelarios Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18. Alis María Montenegro Ibáñez, señalada como la cabecilla de esta estructura criminal, junto a Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, alias "Mango" y líder pandillero recluido, fueron identificados como los principales operadores de esta red.

Modus operandi de la red en cárceles guatemaltecas

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC),la red captaba a adolescentes bajo engaños, principalmente en colonias de la ciudad de Guatemala. Las menores, con edades que oscilaban entre 12 y 17 años, eran invitadas a salir con la promesa de diversión, pero terminaban siendo trasladadas a los centros penitenciarios donde eran explotadas sexualmente por miembros del Barrio 18 recluidos.

El traslado de las víctimas era coordinado por Montenegro con la colaboración de "pilotos" de taxis piratas y mototaxis, vinculados a Ojeda Valenzuela. Además, se presume la complicidad de guardias del Sistema Penitenciario (SP),quienes facilitaban la entrada irregular de las adolescentes mediante el uso de documentación alterada, incluida el acta de nacimiento de la hermana de la sindicada para legitimar la identidad de las víctimas.

Relaciones internas y apoyo pandillero

La relación sentimental entre Montenegro y Ojeda Valenzuela permitió que la estructura tuviese un enlace directo con pandilleros recluidos y colaboradores externos, así como con personal del SP. Ojeda Valenzuela, conocido como "Mango", era uno de los hombres de confianza de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", cabecilla del Barrio 18, y coordinaba actividades ilícitas desde la cárcel de Fraijanes 2.

Las autoridades también detectaron que la red recibía pagos de entre Q1,000 y Q1,500 por cada menor ingresada a los centros penitenciarios, lo que evidencia un esquema lucrativo y bien organizado de trata y explotación sexual.

Impacto y testimonios de las víctimas

Las víctimas relataron a investigadores del MP la violencia y coacción sufrida dentro de las prisiones. Una de ellas declaró que fue obligada a mantener relaciones sexuales con hasta 10 pandilleros en un solo día, bajo amenazas de muerte si denunciaban los abusos. Las adolescentes también describieron cómo pernoctaban dentro del Preventivo por periodos de dos a tres noches, lo que evidencia la permisividad y complicidad en el sistema penitenciario.

En total, la operación de las autoridades permitió la captura de 47 personas, entre ellas 23 guardias del SP, por su presunta implicación en la explotación sexual de menores y el apoyo logístico a la red criminal.

Procedimientos legales y situación judicial

Alis María Montenegro Ibáñez fue detenida el 20 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Actualmente está ligada a proceso por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y reclutamiento de menores para grupos delictivos organizados. La defensa de Montenegro busca evitar el juicio y pretende que la sindicada acepte cargos menores. Una audiencia para discutir esta solicitud está programada para el 27 de febrero del presente año ante el juez Mario Efraín Najarro Quinteros.

En cuanto a Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, su historial delictivo incluye la coordinación de actividades criminales como asesinatos y extorsiones desde prisión. Además, junto con familiares, operaba una red de taxis piratas en distintas colonias de la zona 18, vinculando actividades legales e ilegales en el área.

Contexto y relevancia del caso en Guatemala

La desarticulación de esta red es un golpe importante contra el crimen organizado en Guatemala, especialmente en el contexto de la lucha contra las pandillas y el tráfico de personas. La implicación de personal del sistema penitenciario refleja desafíos estructurales en la seguridad y supervisión dentro de los centros carcelarios.

Este caso también evidencia la vulnerabilidad de menores de edad en contextos urbanos con alta incidencia de violencia y criminalidad, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención para reducir la trata y explotación sexual en el país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a más responsables y desarticular completamente las redes que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios.