Designan tribunal y fijan fecha para juicio contra señalados por secuestro del odontólogo Julio Martínez

El Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala de Mayor Riesgo Grupo “B” fue designado para conocer el juicio contra cinco personas señaladas en el secuestro del odontólogo Julio Martínez Murillo.

El tribunal fijó para el 18 de enero del 2028, a las 8.30 horas, el inicio del debate, según una resolución emitida el 13 de agosto del 2026.

Los acusados son Juan Ubaldo Tzul Castillo, Carlos Antonio González y González y Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalados por plagio o secuestro en grado de autor.

También enfrentarán juicio Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzul y Juan Oswaldo Tzul Hernández, por plagio o secuestro en grado de complicidad.

El tribunal estará integrado por las juezas María Eugenia Castellanos Cruz, presidenta; Marling Mayela González Arrivillaga y Missulla Eunice Solís Rodas, vocales.

La resolución señala que la fecha fue establecida debido a la calendarización del tribunal y a que existen otros debates programados con anterioridad. La audiencia se celebrará en la sala ocho del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Desaparición de odontólogo

De acuerdo con la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP), el hecho ocurrió el 28 de mayo del 2025, cuando Martínez Murillo fue interceptado mientras se dirigía hacia El Jocotillo, Villa Canales.

Ese día, el odontólogo salió de su vivienda, ubicada en la ruta a El Salvador, con destino a su clínica en El Jocotillo. Durante el trayecto hizo una parada en un centro comercial. Según la investigación, al menos tres vehículos lo seguían.

Después de continuar su recorrido, habría sido interceptado después del kilómetro 38, en un área desolada. En ese momento mantenía una llamada con su secretaria, que se interrumpió.

Un día después, los presuntos secuestradores se comunicaron con la esposa del odontólogo para exigir el pago de “cinco quintales de maíz”, según las interceptaciones telefónicas. De acuerdo con la Fiscalía, la exigencia real era de Q5 millones.

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