Desnutrición aguda causa la muerte de un niño por semana en Guatemala

Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Escuintla son los departamentos donde más niños menores de cinco años han muerto por desnutrición aguda, pues de los 42 decesos que registra el Ministerio de Salud hasta el 17 de octubre, el 78% se concentra en esos departamentos. La cifra podría aumentar, pues aún hay 46 casos en investigación.

Los datos surgen del análisis de 222 muertes sospechosas, de las cuales 134 fueron descartadas, explicó Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), durante una citación este 29 de octubre con la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

El diputado Jairo Flores puso en duda los datos, pues el Ministerio de Salud no da cuenta de qué pasa con los casos que son excluidos del reporte, lo que podría llevar a un subregistro y a que la cantidad de niños fallecidos por desnutrición aguda sea mayor.

Al 17 de octubre del 2026, habían transcurrido 41 semanas. En ese período murieron 42 niños por desnutrición aguda, por lo que, en promedio, falleció un menor de cinco años cada semana a causa de este flagelo. Los decesos ocurrieron en 11 departamentos. El 78.5% de los casos correspondía a menores de dos años; el 55%, a niños pertenecientes a los pueblos originarios, y el 59%, a niñas.

Por los datos anteriores, Flores señaló que la desnutrición y el hambre en Guatemala tienen rostro de mujer, de población indígena y en situación de pobreza.

Además, se informó que van 17 mil 482 casos de menores detectados con desnutrición aguda, de los cuales el 17.9% presenta una condición grave.

La secretaria de la Sesán agregó que el 58% de los niños identificados se recuperó, según el análisis de los datos reportados por Salud al 2 de octubre.

“Bueno sería que no hubiera ni un niño en esas estadísticas, pero para trabajar el tema con responsabilidad, hay que tener datos exactos, si no nos estamos autoengañando”, dijo Flores.

Programas del Mides

Para atender a la población en situación de vulnerabilidad alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene cinco programas vinculados al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán).

Bertha Zapeta, viceministra de Protección Social del Mides, indicó durante la citación que entre los programas están los comedores sociales, con una asignación de Q337 millones 833 mil; la bolsa social, con Q273 millones 551 mil; el bono social, con Q518 millones 292 mil; el bono nutrición, con Q57 millones, y el bono educación, cuyo presupuesto asciende a Q468 millones 722 mil. Estas son intervenciones distintas de la estrategia Mano a Mano.

Agregó que se les dio prioridad a los comedores sociales y a la bolsa social —transferencias monetarias de Q325 para alimentos— por ser los programas que tenían menos cobertura. En el primer caso, se abrieron 176 establecimientos en 167 municipios, y la cobertura del segundo aumentó a 75 mil beneficiarios.

Flores cuestionó el impacto de estos programas en la reducción de la inseguridad alimentaria y de la desnutrición infantil en el país, pese a los altos presupuestos que se les asignan.

“¿Dónde está el costo-beneficio? El Mides es la danza de millones (de quetzales) en los programas, que deberían reducir el hambre, la desnutrición y la pobreza”, dijo el diputado.

Palmieri explicó que del 2024 al 2026 la desnutrición crónica en niños de dos años pasó del 46% al 44.2%, con lo que hay una reducción de 1.8%. Flores señaló que el dato no parte de un censo ni de una encuesta, sino de los datos que reporta Salud, los cuales “no son confiables”.

Otro punto cuestionado por el diputado José Chic fue la manera en que se elaboran los listados de beneficiarios. En el caso del bono nutrición, se parte del listado nominal proporcionado por Salud y validado por la Sesán, mientras que las intervenciones de Mano a Mano se basan en el Registro Social de Hogares que trabaja el Mides.

Además de que no se cuenta con un mecanismo de verificación del impacto de dichas intervenciones en el combate de la desnutrición y de que será hasta el 2027 cuando las instituciones de gobierno medirán dicho impacto, los diputados solicitaron que no se politicen las entregas ni la participación de la población en los programas sociales.