Destituyen a Gilberto Porres de Paz, esposo de Consuelo Porras, y a otros ocho fiscales del MP

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 1 de julio la remoción de nueve fiscales por disposición del fiscal general, Gabriel García Luna. Entre los destituidos figura Gilberto Porres de Paz, esposo de la exfiscal general María Consuelo Porras, así como funcionarios que ocuparon cargos en distintas fiscalías especializadas.

Entre las personas removidas también se encuentran Christian José Aguilar Gálvez, Julio Antonio Lux López, Marlon Rossatti, Lizbeth Janeth Pérez de Paz, Mario Francisco Pérez Zapeta, Ruth Patricia Arrazola González Morales, Marilyn Estefany Estrada Argueta y Donal Demecio Pérez Pérez.

Porres de Paz se desempeñaba en la Fiscalía de Palencia y anteriormente fue fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción.

Rossatti era fiscal regional de la Costa Sur y formó parte del círculo cercano de la exfiscal general María Consuelo Porras.

Pérez de Paz dirigía la Fiscalía de Delitos Electorales. Durante ese cargo impulsó investigaciones relacionadas con las actas de las elecciones generales del 2023 y requirió la identificación de las personas que integraron las juntas electorales municipales, departamentales y receptoras de votos.

Pérez Zapeta estaba al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos y tuvo a su cargo el caso B410.

Arrazola González Morales fue fiscal adjunta de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),dirigida por Rafael Curruchiche.

Marilyn Estefany Estrada Argueta se desempeñaba como agente fiscal en la Fiscalía de Delitos Económicos.

Hasta el momento, el Ministerio Público únicamente confirmó la remoción de los nueve fiscales y no ha informado las razones de las destituciones. Los cambios se ejecutan en medio de un proceso de reorganización tras la llegada de Gabriel García Luna como fiscal general, en sustitución de María Consuelo Porras Argueta, quien dirigió la institución durante dos períodos consecutivos.

La administración de Porras Argueta fue cuestionada por sectores nacionales e internacionales, que la señalaron de favorecer la corrupción y de impulsar procesos penales contra jueces, fiscales y periodistas.

Porras Argueta y varios fiscales considerados afines a su gestión fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia en Guatemala.

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