Dictamen favorable impulsa creación de autoridad portuaria y abre inversión privada en Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala dio un importante paso hacia la modernización del sistema portuario nacional con la emisión de un dictamen favorable a la iniciativa de la Ley General del Sistema Portuario. Este avance legislativo busca establecer un marco legal unificado y actualizado que permita ordenar, regular y desarrollar las operaciones portuarias, además de incentivar la inversión privada en infraestructura estratégica.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas el pasado 28 de enero, reflejando la voluntad del Legislativo de fortalecer la gobernanza portuaria y mejorar la competitividad del sector. La propuesta contempla la creación de una Autoridad Portuaria Nacional (APN) con funciones rectoras, regulatorias y fiscalizadoras, diferenciando claramente la regulación de la operación portuaria para evitar conflictos de interés.

Contexto y relevancia del proyecto

El impulso a esta iniciativa coincide con recientes acuerdos internacionales y visitas técnicas que buscan ampliar y modernizar las instalaciones en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ),la principal terminal marítima del país ubicada en Escuintla. Destacan la colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE),quienes han apoyado el diseño de un tren de carga y la intervención de tramos carreteros estratégicos para mejorar la conectividad y eficiencia logística.

La importancia de este marco legal radica en la necesidad de superar problemas estructurales que afectan la competitividad portuaria, tales como los prolongados retrasos que han encarecido productos importados hasta en un 35%, así como esperas de buques que pueden extenderse hasta 45 días con costos diarios promedio de US$35 mil. También se busca fortalecer la seguridad portuaria para mitigar riesgos vinculados al narcotráfico, contrabando y crimen organizado.

Principales características de la Ley General del Sistema Portuario

La iniciativa propone un sistema moderno y cohesionado, que incluye una gobernanza clara y eficiente a través de la creación de la Autoridad Portuaria Nacional. Este organismo tendrá un directorio mixto con representación estatal y privada, una gerencia profesional capacitada y auditoría interna, garantizando transparencia y profesionalismo en la administración portuaria.

Entre las funciones de la APN se contempla la planificación estratégica, la fiscalización de las operaciones y la regulación de tarifas portuarias. Se establece un régimen tarifario público, transparente y verificable, con prohibición de prácticas discriminatorias. Aunque la APN no fijará las tarifas directamente, tendrá autoridad para supervisar su cumplimiento y sancionar incumplimientos.

Inspección única y coordinación interinstitucional

El proyecto regula la inspección única en puertos, evitando duplicidades y agilizando los procesos. La APN coordinará un modelo unificado de inspecciones técnicas, manteniendo el mandato legal de otras instituciones competentes. Asimismo, se prevé la creación de dos comités de coordinación: uno especializado en seguridad y protección portuaria y otro en apoyo logístico y eficiencia, buscando optimizar la colaboración interinstitucional.

Impulso a la inversión pública y privada

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la habilitación de la inversión privada en infraestructura portuaria, mediante un marco regulatorio claro que permite el desarrollo de proyectos públicos, privados y bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP). Esto responde a la necesidad de ampliar y modernizar las instalaciones para atender la creciente demanda comercial y mejorar la competitividad de Guatemala.

Se incorpora la figura del Usufructo Oneroso Portuario (USOP),implementado a través del Contrato de Administración Portuaria (CAP),que permite al agente privado invertir, operar y explotar la infraestructura manteniendo el Estado la propiedad de los bienes portuarios. Esto garantiza el control estatal mientras se fomenta la eficiencia y modernización mediante capital privado.

Fortalecimiento financiero y reformas complementarias

Para asegurar la sostenibilidad financiera de la APN, la ley contempla un incremento gradual de su presupuesto, que pasaría de aproximadamente US$2 millones a US$22 millones. Este aumento se financiará mediante un incremento progresivo de la tarifa por tonelada movilizada, que subiría de US$0.05 a US$0.35, además de un aporte estatal inicial de Q200 millones, equivalente a un porcentaje del presupuesto del Ministerio de Economía, y los cánones derivados de los contratos portuarios y tarifas aplicables a cruceros.

Adicionalmente, la iniciativa contempla reformas legales complementarias para armonizar el marco normativo y evitar contradicciones que puedan obstaculizar futuras inversiones. Entre las leyes que se proponen modificar figuran la Ley de Contrataciones del Estado (en aspectos relacionados con dragados),la Ley de Áreas de Reserva Territorial, la Ley Ambiental y de Áreas Protegidas, y las leyes orgánicas de las empresas portuarias Quetzal, Empornac y Champerico.

Próximos pasos y desafíos para la aprobación

Aunque la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas emitió el dictamen favorable, aún resta que la Comisión de Economía analice y emita su postura para consensuar un texto final que pueda ser presentado al pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Este proceso es clave para consolidar un marco legal moderno que responda a las exigencias actuales del comercio marítimo y la logística nacional.

El desarrollo del sistema portuario nacional es estratégico para Guatemala, dado su papel fundamental en la economía del país y la región. La modernización y eficiencia de los puertos impactan directamente en la competitividad exportadora, la reducción de costos logísticos y la atracción de inversión extranjera, contribuyendo al crecimiento económico sostenible.

Por lo tanto, la creación de una autoridad portuaria nacional y la apertura a la inversión privada representan avances significativos que podrían transformar la infraestructura portuaria y fortalecer la posición de Guatemala como un nodo logístico clave en Centroamérica.