Dictamen impulsa nueva ley antilavado con límites a multas y redefine terrorismo en Guatemala

En un paso significativo para la actualización del marco normativo en Guatemala, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un dictamen favorable a la iniciativa 6593, conocida como la “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo en julio de 2025, unifica y moderniza las leyes vigentes sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para adecuarlas a los estándares internacionales, en especial de cara a la próxima evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en febrero de 2027.

Unificación y modernización normativa

La nueva ley aglutina en un solo cuerpo legal las disposiciones dispersas desde 2001 y 2005, incorporando además a nuevos actores que deben cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (LD) y financiamiento del terrorismo (FT). El dictamen aprobado por la Comisión de Economía será remitido a la instancia de jefes de bloque para su pronta discusión en el Pleno del Congreso, con la expectativa de que pueda ser aprobado antes del receso parlamentario de marzo.

La importancia de esta reforma radica en la necesidad urgente de cumplir con las recomendaciones internacionales y evitar que Guatemala sea incluida en la llamada “lista gris” de países considerados poco cooperantes en la lucha contra el lavado de activos, lo que afectaría la estabilidad financiera y la reputación internacional del país.

Revisión del régimen de multas y certeza jurídica

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la modificación al régimen de multas relacionadas con el delito de lavado de dinero. Actualmente, existen casos en los que personas que ya cumplieron su condena de prisión continúan privadas de libertad por no poder pagar multas impuestas, situación que afecta a más de seis mil individuos según datos oficiales.

La nueva ley establece un límite a la conversión de multas impagadas en días de prisión, permitiendo que la condena total no exceda en más de un cuarto la sentencia original. Este ajuste busca evitar sanciones desproporcionadas y promover un sistema más justo y equilibrado.

Además, se redefine el delito de lavado de dinero para exigir la intencionalidad de ocultar recursos ilícitos, eliminando interpretaciones anteriores que consideraban cualquier movimiento de dinero proveniente de actividades ilícitas como lavado, aunque fuera de baja cuantía o sin intención clara.

Redefinición del delito de terrorismo

La iniciativa también introduce modificaciones al delito de terrorismo, delimitando con mayor precisión las conductas tipificadas para evitar interpretaciones excesivamente amplias que podrían afectar derechos constitucionales. Esta redefinición se orienta a establecer criterios claros que permitan una aplicación más precisa y adecuada de la ley.

Asimismo, se clarifican y limitan las obligaciones de ciertos profesionales, como abogados, notarios, contadores públicos y auditores, en el cumplimiento de las medidas de prevención, con base en el acompañamiento del sector financiero y dentro del marco legal vigente.

Participación y respaldo del sector financiero

Organismos como la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos (SIB),la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) han manifestado la necesidad de avanzar en esta ley para fortalecer la integridad y confianza en el sistema financiero nacional.

Por medio de un comunicado, la Superintendencia de Bancos resaltó que el dictamen favorable representa un avance decisivo para robustecer el marco normativo nacional, permitiendo un enfoque basado en riesgos y un cumplimiento más efectivo de los compromisos internacionales asumidos por Guatemala.

De igual forma, la Cámara de Finanzas de Guatemala señaló la importancia de una rápida discusión y aprobación en el Pleno, seguida de un proceso reglamentario coordinado para garantizar una implementación clara y operativa de la norma, evitando vacíos legales o interpretaciones contradictorias.

Plazos para reglamentación y entrada en vigor

De acuerdo con lo establecido, una vez que la iniciativa sea aprobada como decreto, entrará en vigor tres meses después de su publicación. La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE),tendrá un plazo máximo de seis meses para elaborar el reglamento correspondiente.

Este reglamento será fundamental para asegurar una aplicación homogénea y efectiva del nuevo marco legal, con responsabilidad técnica compartida entre la IVE y la SIB.

Contexto para la evaluación Gafilat 2027

El país será sometido a una evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en febrero de 2027, que revisará el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La actualización y unificación de la normativa buscan demostrar el compromiso de Guatemala con los estándares internacionales, mejorar la supervisión y fortalecer la efectividad del sistema nacional de prevención.

Impacto y desafíos futuros

En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía un monto aproximado de Q15 mil 967 millones asociados a casos de lavado de dinero, reflejando la magnitud del desafío que enfrenta el país en este tema.

La nueva ley integral, con sus ajustes técnicos y jurídicos, pretende cerrar brechas legales y operativas, promover la certeza jurídica y favorecer un entorno más transparente para el sector financiero y la economía en general.

El proceso legislativo continúa, y se espera que el Pleno del Congreso impulse la discusión y aprobación definitiva de esta iniciativa para consolidar un marco normativo moderno, robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales.

En definitiva, esta reforma representa un paso fundamental para fortalecer el sistema guatemalteco de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contribuyendo a la estabilidad financiera y al desarrollo integral del país.