DIPP enfrenta retos para iniciar operaciones y mantener proyectos viales prioritarios en Guatemala

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP),creada por la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria aprobada en 2024, enfrenta importantes desafíos para iniciar formalmente sus operaciones en Guatemala. Esta entidad tendrá la responsabilidad de administrar y mantener las principales rutas viales del país, incluyendo los corredores centroamericanos que son fundamentales para la conectividad regional y el desarrollo económico.

A pesar de que la normativa entró en vigor hace más de un año, la instalación formal y operativa de la DIPP aún no se ha concretado. El proceso ha sido afectado principalmente por la falta de consensos entre los miembros de su directorio, la ausencia del reglamento que regule su funcionamiento y dificultades para definir una estructura financiera clara que permita la transferencia de recursos.

Importancia estratégica de la DIPP para la infraestructura vial

El papel de la DIPP es clave para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías prioritarias, lo que impacta directamente en la movilidad, seguridad y competitividad del país. Según representantes del sector transporte, la falta de funcionamiento de esta dirección genera mayores costos logísticos, tiempos de traslado prolongados y riesgos para los usuarios.

Durante un foro reciente, la presidenta del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) destacó que la DIPP no solo debe enfocarse en la construcción de infraestructura, sino en su mantenimiento constante. Explicó que esto contribuiría a reducir los accidentes y a hacer los trayectos más predecibles, aspectos fundamentales para el sector productivo y la población en general.

Impacto en la competitividad y atención de emergencias

El funcionamiento efectivo de la DIPP permitiría una respuesta rápida ante emergencias viales, como colapsos de tramos carreteros o interrupciones en corredores logísticos, sin obstáculos burocráticos que suelen presentarse en la actualidad. Además, podría intervenir en casos donde proyectos estén suspendidos o judicializados, agilizando soluciones y garantizando la continuidad de la movilidad.

Obstáculos en la conformación y operación de la DIPP

El directorio de la DIPP está integrado por representantes de los ministerios de Economía, Finanzas y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV),entre otros actores públicos y privados. Sin embargo, el proceso para definir su estructura organizativa y financiera ha enfrentado dificultades, entre ellas:

• Falta de consenso en votaciones: La ley establece que las decisiones del directorio requieren al menos cuatro de cinco votos para su aprobación, una condición que no siempre se cumple, lo que retrasa la toma de decisiones clave.
• Ausencia del reglamento: Aunque el directorio aprobó una propuesta de reglamento en noviembre de 2025, su emisión formal por parte del Organismo Ejecutivo todavía está pendiente, incumpliendo los plazos establecidos en la ley.
• Cambios en autoridades del CIV: Las rotaciones frecuentes de funcionarios en el ministerio responsable han afectado la continuidad del proceso, generando revisiones y ajustes que ralentizan el avance institucional.
• Discusiones sobre estructura presupuestaria y salarios: Aún no hay acuerdo sobre la estructura financiera ni sobre el salario de la gerente general de la DIPP, aspectos esenciales para su funcionalidad.

Retos presupuestarios y administrativos

El Ministerio de Finanzas Públicas ha destacado que, para realizar la transferencia de recursos prevista en la ley, primero deben cumplirse ciertas condiciones técnicas e institucionales. Entre ellas se encuentran la asignación de un código de unidad ejecutora en el sistema financiero estatal y la aprobación formal de la estructura presupuestaria y la creación de los fondos operativo e infraestructura.

El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones señaló que, sin estos instrumentos financieros y sin la validación del directorio, no es posible hacer los desembolsos correspondientes, lo que limita la contratación de personal y la habilitación de funciones administrativas de la DIPP.

Proceso institucional y próximos pasos

En la actualidad, la DIPP se encuentra en una etapa de configuración institucional. No se prevé la aprobación de proyectos ni licitaciones mientras no se consolide su estructura operativa y financiera. La ley también establece la realización de una evaluación del estado de la red vial prioritaria, que debe completarse antes del 25 de abril de 2026, para definir un plan de inversión.

Expertos y representantes del sector privado proponen establecer un calendario intensivo de reuniones para resolver los pendientes de reglamento, estructura presupuestaria y evaluación de la red vial. Asimismo, sugieren que la aprobación del reglamento siga una ruta crítica con responsables y plazos claros para agilizar el proceso.

Un análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) indica que una vez superados estos obstáculos, la DIPP podría dedicar el próximo año a la planificación y estudio de infraestructura vial, sentando las bases para iniciar licitaciones y proyectos en años posteriores.

Calendario y cumplimiento de plazos

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria estableció varios plazos para la conformación y operación de la DIPP, algunos de los cuales se han cumplido, mientras otros presentan retrasos significativos:

• Cumplidos: Nombramiento de miembros del directorio, conformación del comité para elegir gerente y definición de estándares para evaluar la infraestructura vial.
• Incumplidos: Desarrollo de la estructura financiera, desembolso de fondos iniciales, emisión del reglamento por parte del Ejecutivo y aprobación de la estructura presupuestaria.
• A tiempo: Contratación o licitación para evaluación inicial de la infraestructura vial, plazo que vence en abril de 2026.

Conclusión

La puesta en marcha efectiva de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios es un paso fundamental para el mantenimiento y desarrollo sostenible de la infraestructura vial en Guatemala. Sin embargo, la falta de consenso, la ausencia del reglamento y los retos presupuestarios han retrasado su operación, afectando la movilidad y competitividad nacional.

El avance en la aprobación del reglamento, la definición clara de la estructura financiera y la realización del estudio integral de la red vial son esenciales para que la DIPP pueda iniciar funciones y cumplir con el mandato legal que busca mejorar la conectividad y seguridad vial en todo el territorio nacional.