Diputado Orlando Blanco cuestiona fiscalización al Ministerio de Comunicaciones; Contraloría defiende distribución sectorial

Durante una reciente citación ante el Congreso de la República, el diputado Orlando Blanco, representante de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS),manifestó su preocupación por la baja fiscalización que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) recibió durante el ejercicio fiscal 2025, según el informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El legislador señaló una marcada disparidad en el número de auditorías realizadas por la CGC entre sectores clave del gasto público, haciendo énfasis en que el sector de infraestructura, donde se manejan grandes sumas de dinero y existen riesgos elevados de corrupción, fue objeto de apenas el 1% de las auditorías totales, mientras que el sector de Municipalidades concentró la mayoría de las revisiones.

Disparidad en la fiscalización

Según los datos presentados, en el año fiscal 2025 se realizaron 8 auditorías al sector de Comunicaciones e Infraestructura, cifra que representa aproximadamente el 1% del total de acciones fiscalizadoras. En contraste, el sector de Municipalidades y Consejos de Desarrollo (Codedes) fue auditado en 381 ocasiones, es decir, el 65% del total.

El diputado Blanco calificó esta situación como inaceptable y sostuvo que en el Ministerio de Comunicaciones, considerado por él como un “foco crítico” y una “cueva de Alí Babá” en referencia a posibles actos de corrupción, debería existir un escrutinio mucho más riguroso y frecuente.

Respuesta de la Contraloría

Manuel González, director de Auditoría de Municipalidades de la CGC, respondió a las críticas señalando que la distribución de auditorías se realiza de acuerdo con un modelo sectorial establecido, que busca priorizar ciertos ámbitos según criterios técnicos y legales.

González explicó que la fiscalización no solo busca sancionar, sino también fortalecer el control interno de las entidades. En ese sentido, indicó que durante 2025 se elaboraron más de dos mil acciones preventivas para corregir deficiencias administrativas antes de que se conviertan en irregularidades mayores.

El funcionario enfatizó que la CGC opera bajo el marco del Decreto 31-2002, que regula la aplicación de sanciones y establece límites en los montos que pueden imponerse por incumplimientos administrativos.

Críticas a las sanciones económicas

Otro punto de controversia fue el monto de las multas impuestas en el sector de Comunicaciones, que según el informe de la CGC ascendieron a aproximadamente Q2 millones. El diputado Blanco calificó esta cifra como “ridícula” en comparación con los miles de millones de quetzales que maneja el CIV.

El congresista advirtió que sanciones tan bajas podrían funcionar como un estímulo para que funcionarios involucrados en actos ilícitos continúen desviando recursos públicos sin temor a consecuencias significativas.

En defensa, la Contraloría explicó que las multas se aplican estrictamente dentro del marco legal vigente y que el enfoque actual prioriza la prevención y la corrección administrativa, más que la imposición de sanciones cuantiosas.

Casos específicos bajo revisión

Durante la sesión también se abordaron casos puntuales que han generado cuestionamientos sobre la gestión del CIV y autoridades locales:

• Antigua Guatemala: Se cuestionó la adjudicación de una obra de ampliación en la escuela de San Mateo, cuyo costo inicial de Q17.9 millones se elevó a Q27 millones. Las sanciones impuestas sumaron apenas Q162 mil, lo que fue considerado insuficiente para las irregularidades detectadas.
• San Miguel Petapa: Se denunciaron sanciones mínimas para funcionarios financieros, con multas entre Q2 mil y Q23 mil, mientras el alcalde no enfrentó medidas pese a denuncias de sobrevaloración y problemas contractuales en obras de agua potable.

Contexto y desafíos en la fiscalización pública en Guatemala

La fiscalización del gasto público en Guatemala enfrenta desafíos estructurales relacionados con la magnitud de los recursos, la complejidad de los proyectos y la necesidad de un control más efectivo para prevenir actos de corrupción y mal manejo administrativo.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es una de las carteras con mayor presupuesto estatal y, por ende, un foco potencial para irregularidades. La percepción de una fiscalización insuficiente en este sector genera preocupación entre legisladores, organizaciones civiles y ciudadanos.

Por su parte, la Contraloría General de Cuentas mantiene que sus acciones se basan en un enfoque preventivo y en el fortalecimiento del control interno, buscando que las entidades públicas mejoren sus procesos y reduzcan riesgos antes de que se materialicen en daños económicos o legales.

Esta discusión refleja la tensión entre la necesidad de un control riguroso y la operación dentro de los límites legales actuales, que regulan tanto la frecuencia de auditorías como la aplicación de sanciones.

Conclusión

El debate entre el diputado Orlando Blanco y la Contraloría General de Cuentas pone sobre la mesa la importancia de revisar y posiblemente fortalecer los mecanismos de fiscalización en sectores estratégicos como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Mientras el legislador demanda mayor rigurosidad y sanciones más contundentes para combatir la corrupción, la CGC defiende un modelo que prioriza la prevención y la mejora continua del control interno, ajustándose a los marcos legales vigentes.

Este escenario invita a una reflexión profunda sobre la eficacia del sistema de control fiscal en Guatemala y la necesidad de reformas que permitan un equilibrio entre supervisión estricta y garantías procesales, en beneficio del uso transparente y eficiente de los recursos públicos.