Diputados presentan acción contra el IUSI y señalan vacíos legales en la ley vigente

En medio de un debate que mantiene en vilo el financiamiento de las municipalidades guatemaltecas, la bancada Cabal presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI),vigente desde 1998. Los diputados cuestionan que esta normativa no contempla la capacidad real de pago de los contribuyentes y señalan diversas inconsistencias legales que afectan su aplicación.

El Impuesto Único Sobre Inmuebles es una de las principales fuentes de ingresos para las municipalidades en Guatemala, pero desde hace semanas ha sido objeto de controversia en el Congreso de la República. Propuestas para reformar, reducir o incluso eliminar este tributo han generado un intenso debate entre legisladores y autoridades locales.

Argumentos sobre la inconstitucionalidad del IUSI

La acción presentada por la bancada Cabal sostiene que la ley que regula el IUSI, contenida en el Decreto 15-98, carece de fundamento constitucional debido a que el impuesto se basa exclusivamente en la titularidad de un inmueble como hecho generador, sin evaluar la capacidad económica real del propietario.

En el documento remitido a la CC, se señala que este impuesto presume de manera absoluta la existencia de capacidad contributiva por la sola posesión del bien, sin considerar factores como ingresos, liquidez, rentabilidad del inmueble o la situación socioeconómica del contribuyente. Esta característica, indican los diputados, puede provocar una carga tributaria injusta, especialmente para quienes poseen inmuebles pero enfrentan dificultades económicas.

Asimismo, la acción destaca que la aplicación del impuesto varía entre las diferentes municipalidades, lo que genera desigualdad y falta de uniformidad en el cobro. Mientras algunas comunas mantienen una tasa fija, otras establecen montos que no necesariamente guardan relación con la realidad económica de los propietarios.

Puntos clave del planteamiento

• El IUSI se fundamenta únicamente en la propiedad del inmueble y no en la capacidad económica del contribuyente.
• Presupone que todos los propietarios pueden pagar el impuesto sin evaluar su situación financiera.
• La aplicación heterogénea entre municipalidades genera desigualdad y posibles arbitrariedades.
• Puede afectar bienes esenciales, como la vivienda familiar, si no se considera la situación socioeconómica del propietario.

Propuestas en discusión en el Congreso

Paralelamente a la presentación de la acción de inconstitucionalidad, el Congreso discute varias iniciativas para modificar la estructura del IUSI. Entre las más destacadas está la propuesta de reducir la tasa para viviendas, estableciendo un cobro equivalente a tres quetzales por cada mil quetzales del valor del inmueble. En contraste, las propiedades comerciales mantendrían una tasa más elevada.

También se contempla la exoneración del impuesto para adultos mayores y la implementación de un período de gracia para personas que adquieren vivienda mediante créditos hipotecarios, con el fin de aliviar la carga financiera inicial.

Estas reformas estaban previstas para analizarse durante el segundo período ordinario de sesiones del Congreso, aunque la acción de inconstitucionalidad podría modificar significativamente la agenda y el ritmo de las discusiones.

Reacciones y posturas encontradas

La discusión sobre el IUSI ha generado opiniones divididas. Por un lado, algunos diputados y sectores sociales abogan por una revisión del impuesto para que sea más justo y refleje la capacidad real de pago de los contribuyentes. Por otro, alcaldes y representantes municipales advierten que una reducción drástica o la eliminación de este tributo comprometería los ingresos necesarios para financiar servicios públicos, infraestructura y funcionamiento de las comunas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) no emitió una postura formal respecto a la acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad en los últimos días. Sin embargo, su presidente ha señalado que, si bien la ley del IUSI requiere una actualización tras más de 25 años de vigencia, su eliminación podría afectar severamente las finanzas municipales.

Además, Anam ha mostrado apertura para analizar medidas focalizadas que otorguen alivios tributarios a sectores específicos, especialmente a quienes adquieren viviendas mediante financiamiento, buscando equilibrar la necesidad de ingresos con la protección a contribuyentes vulnerables.

Contexto y perspectivas futuras

El Impuesto Único Sobre Inmuebles ha sido un pilar del financiamiento municipal en Guatemala desde finales del siglo XX. Sin embargo, el contexto económico y social ha cambiado considerablemente, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y actualizar la normativa para garantizar equidad y eficiencia en su aplicación.

El debate en el Congreso y la acción planteada ante la Corte de Constitucionalidad reflejan la complejidad de equilibrar los intereses fiscales con la justicia tributaria. La resolución de esta controversia tendrá un impacto directo en la gestión financiera de los gobiernos locales y en la carga tributaria que enfrentan los propietarios de inmuebles en todo el país.

Por ahora, el desarrollo del proceso en la Corte y las discusiones legislativas marcarán el rumbo de este tributo fundamental para las municipalidades guatemaltecas, que requiere un consenso que atienda tanto las necesidades de las comunas como la realidad económica de sus ciudadanos.