Diputados presentan amparo por cambios en Guatecompras y piden restituir el acceso a información

Los diputados Orlando Blanco, Jairo Flores y José Chic presentaron este viernes 4 de septiembre una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) por los cambios efectuados en el portal Guatecompras, al considerar que restringen la publicidad, transparencia y fiscalización del gasto público.

La acción fue planteada contra el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos; el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, y la subdirectora técnica 3 Xiomara Lorena Morales Gordillo.

El documento señala como acto reclamado la decisión de modificar el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).

Los diputados sostienen que las modificaciones reducen las herramientas disponibles para localizar, relacionar y analizar información de proveedores y contratistas vinculados con adquisiciones estatales.

Según el amparo, la Ley de Contrataciones del Estado establece que la consulta de Guatecompras debe ser pública, irrestricta y gratuita. Los accionantes argumentan que una decisión administrativa no puede imponer restricciones materiales a información vinculada con adquisiciones públicas.

El memorial también señala que los diputados solicitaron a las autoridades los dictámenes jurídicos y técnicos que respaldan los cambios en el portal, pero que estas indicaron que los documentos serían enviados a las oficinas de la bancada. Los accionantes afirman que la ausencia de esos dictámenes contradice disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y de su reglamento.

La acción plantea que Guatecompras no debe funcionar únicamente como un repositorio de documentos de los procedimientos de adquisición, sino como una herramienta que permita conocer, analizar y fiscalizar las contrataciones públicas.

Los diputados reconocen en el memorial que la Dirección General de Adquisiciones del Estado tiene facultad para modificar el sistema, pero argumentan que esa atribución está limitada por la Constitución, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Acceso a la Información Pública y el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas.

También cuestionan que una modificación tecnológica pueda hacer más difícil encontrar, relacionar o sistematizar información que antes podía consultarse mediante las herramientas del portal.

El amparo señala que la Dirección General de Adquisiciones del Estado tiene entre sus funciones facilitar el acceso público a la información de los sistemas de adquisiciones estatales mediante soluciones tecnológicas. Por ello, los accionantes consideran contradictorio que una modificación bajo responsabilidad de esa dependencia reduzca las posibilidades de consulta.

Además, sostienen que identificar qué empresas contratan con el Estado, cuántas adjudicaciones reciben, con qué instituciones contratan y quiénes participan como oferentes es información necesaria para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Piden restituir el sistema

Los diputados solicitaron como amparo provisional que las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas restituyan Guatecompras a su estado anterior mientras se resuelve la acción.

Como petición de fondo, solicitaron que el amparo sea declarado con lugar y que se ordene nuevamente al Minfin restituir el sistema a las condiciones previas a las modificaciones.

Minfin defiende los cambios

El Ministerio de Finanzas Públicas sostiene que Guatecompras dejó de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringió la consulta de proveedores del Estado para hacer más eficiente el uso del portal y atender quejas de personas cuyos datos aparecían en el sistema pese a no tener relación con las compras públicas.

Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, explicó durante una citación con el diputado Chic que el Ministerio analizó el uso de esa herramienta.

El sistema registraba hasta 600 mil búsquedas al mes.

A partir del 20 de julio, el portal dejó de mostrar la base de contribuyentes inscritos en el Registro Tributario Unificado. Guatecompras obtenía esos datos mediante un convenio que el Ministerio de Finanzas firmó con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hace unos 12 años.

El argumento del Minfin también aparece recogido en el propio amparo, que reconoce que la autoridad justificó los cambios en la necesidad de evitar consultas ajenas a la contratación pública, mejorar el rendimiento del sistema y concentrar los resultados en personas y empresas vinculadas con el Estado como proveedores o contratistas.