Documento de EE. UU. revela plan para localizar a guatemaltecos deportados con multas migratorias pendientes

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) busca contratar a una empresa para localizar en Guatemala, Honduras y México a migrantes que fueron deportados o abandonaron ese país y mantienen pendientes multas, sanciones civiles o tarifas migratorias impuestas por las autoridades estadounidenses.

La propuesta del Gobierno de Donald Trump, forma parte de un contrato elaborado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza (USBP), cuyo objetivo es recuperar pagos derivados de infracciones a la legislación migratoria.

“El propósito de este contrato es establecer un servicio para localizar a personas deportadas fuera de Estados Unidos, así como a personas que anteriormente permanecieron ilegalmente en el país y que posteriormente salieron; verificar que el contacto corresponda a la persona correcta, notificarles sobre las multas, tarifas u otras deudas pendientes y gestionar la resolución de las cuentas asignadas”, señala el documento.

US$423 millones en multas pendientes

El Departamento de Seguridad Nacional indica que, hasta julio de 2026, las multas, sanciones civiles y tarifas migratorias pendientes sumaban aproximadamente US$423 millones.

Además, precisa que 66 mil 387 personas expulsadas de Estados Unidos mantienen pendiente de pago una combinación de multas y sanciones civiles, sin detallar la cantidad por nacionalidad.

La estrategia de Estados Unidos se basa en la Orden Ejecutiva 14159, que instruye al DHS a garantizar el cobro de multas civiles a extranjeros que permanecieron ilegalmente en Estados Unidos, participaron en procesos de inmigración irregular o facilitaron esa permanencia.

Buscarán a deudores en Guatemala

El contrato establece que la empresa adjudicada deberá prestar servicios especializados para localizar a personas en Guatemala, Honduras y México, aunque deja abierta la posibilidad de ampliar la cobertura a otros países.

La empresa deberá utilizar técnicas de localización de personas, conocidas como “skip tracing”, para encontrar el domicilio o la información de contacto más reciente de los deudores.

Posteriormente tendrá que verificar que se trata de la persona buscada mediante documentos como fotografías del domicilio, recibos de servicios públicos, constancias laborales u otras pruebas aceptadas por el Gobierno estadounidense.

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Notificación y cobro

Una vez identificado el deudor, el contratista tendrá que entregarle una notificación sobre la deuda pendiente y las opciones para cancelarla.

El documento agrega que deberá entregar un volante impreso en inglés y español con instrucciones para realizar el pago mediante la plataforma gubernamental Pay.gov.

“El objetivo es garantizar que la persona pague las tarifas por aprehensión, las multas civiles y otras deudas relacionadas a través del portal de pagos en línea Pay.gov”, detalla el escrito.

Asimismo, señala que el pago podrá ser realizado por el propio deudor o por un tercero, aunque el sistema requiere una cuenta bancaria establecida en Estados Unidos.

Buscan ampliar los esfuerzos de cobro

El DHS reconoce que, hasta ahora, las agencias privadas contratadas para recuperar estas deudas no han logrado localizar a personas que ya se encuentran fuera de Estados Unidos.

“Hasta julio de 2026, las agencias privadas de cobranza no habían localizado a ninguna persona fuera de Estados Unidos”, señala el documento.

Debido a esa situación, Estados Unidos busca contratar a una empresa con capacidad para operar en Guatemala, Honduras y México.

La empresa seleccionada deberá presentar informes periódicos sobre cada caso, incluyendo la localización de la persona, la notificación realizada, el estado de la deuda y la recuperación de los pagos. De acuerdo con el documento, el contrato tendría una vigencia estimada del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2028.