Dos guatemaltecas reciben multas de hasta US$2.3 millones por no atender las órdenes de deportación de Estados Unidos

Dos mujeres guatemaltecas regresaron al país creyendo que habían dejado atrás sus problemas migratorios en Estados Unidos. Sin embargo, días después seguían recibiendo cartas en las que el Departamento de Estado les reclamaba multas de US$1.8 millones y US$2.3 millones, respectivamente, por permanecer en territorio estadounidense después de que se emitiera una orden final de deportación.

Los casos fueron atendidos por Ana Gabriela Urízar, abogada guatemalteca especializada en temas migratorios en Estados Unidos, quien afirmó que en los últimos meses ha conocido 10 expedientes de inmigrantes que han recibido sanciones millonarias con base en una ley que permaneció sin aplicarse durante décadas.

“Me han llegado cartas de US$1.8 millones, de US$2 millones y de US$3 millones. Es una ley que había estado dormida durante las últimas seis décadas, y ahora esta administración la está utilizando”, explicó Urízar.

La abogada indicó que ambas mujeres regresaron voluntariamente a Guatemala a inicios del 2026, después de recibir las notificaciones. No obstante, las notificaciones siguieron llegando y las multas aumentando, por lo que buscaron asesoría legal.

Urízar envió al Departamento de Estado evidencia de que las dos mujeres ya habían abandonado Estados Unidos, junto con una solicitud para que se les perdonara la deuda. Sin embargo, aclaró que ese procedimiento no garantiza que las autoridades anulen las sanciones.

Señaló que, dependiendo de la legislación en cada Estado, podrían existir implicaciones civiles relacionadas con las deudas entre cónyuges. Es decir, la multa podría ser transferida a los esposos de las migrantes.

Además, la abogada dijo que estas multas pueden afectar el futuro migratorio de quienes las reciben, ya que una deuda pendiente con el Gobierno estadounidense podría convertirse en un obstáculo para obtener una visa posteriormente.

El argumento legal para la defensa de las guatemaltecas es que desconocían que tenían una orden de deportación. En la mayoría de los casos que ha conocido el bufete de Urízar, la orden para abandonar el país es emitida porque el migrante no asiste a una audiencia ante la Corte de Inmigración, generalmente debido a que nunca recibió la notificación.

“La mayoría de las personas no son criminales. Diría que el 99% de los casos que he visto, la persona no tiene un solo arresto. La orden de deportación se emitió porque no asistieron a una cita en la Corte de Inmigración”, explicó la abogada.

La abogada añadió que también ha conocido casos de menores de edad que recibieron órdenes de deportación porque sus padres no los llevaron a las audiencias migratorias.

“Es importante que quienes reciban estas cartas busquen ayuda de un abogado de inmigración y respondan a tiempo. Ignorarlas puede traer consecuencias graves”, recomendó.

Recomiendan no ignorar las cartas

Urízar recomendó a los guatemaltecos que reciban este tipo de notificaciones buscar asesoría legal y no dejarlas sin respuesta.

“Es importante que las personas, especialmente los guatemaltecos, no ignoren estas cartas porque pueden tener consecuencias graves. Deben acudir a un abogado de inmigración y tratar de responderlas con ayuda”, indicó.

Asimismo, explicó que quienes tengan dudas sobre si existe una orden de deportación en su contra pueden consultar su situación mediante el sistema de la Corte de Inmigración, utilizando su número de registro de extranjero.

Más de 9 mil notificaciones

En abril último, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a imponer sanciones civiles a personas con órdenes de deportación que permanecieron en Estados Unidos después del plazo establecido por la ley.

En ese momento, la dependencia federal indicó que había emitido más de 9 mil notificaciones de intención de multa por casi US$3 mil millones. Las autoridades aclararon que esos avisos no equivalían necesariamente a sanciones definitivas, ya que los afectados tienen el derecho de impugnarlas.

Según el DHS, las multas pueden alcanzar hasta US$998 por día, dependiendo de cada caso, por lo que una deuda puede incrementarse rápidamente cuando la persona permanece durante años con una orden de deportación sin cumplir.