Eduardo Masaya queda sin arresto domiciliario ni prohibición de salir del país por el caso Corrupción Semilla

La jueza María del Carmen Zamora aceptó la solicitud de la defensa de Eduardo Masaya para revisar las medidas de coerción, con la que planteó retirar la prohibición de salir del país y el arresto domiciliario.

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.

Los abogados de Masaya argumentaron que modificar las medidas permitiría al profesional cumplir con las atribuciones asignadas como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ya que algunas actividades incluso se desarrollan fuera del país.

El querellante adhesivo, Fernando Linares Beltranena, coincidió con la solicitud de la defensa, con la condición de que Masaya continúe firmando cada 15 días en el Juzgado de Paz de Mixco. Además, discrepó de la postura del Ministerio Público (MP),que se opuso a la petición.

También enfatizó que Masaya debe recordar que tiene un proceso penal abierto y que se comprometió a someterse al Tribunal cuando sea notificado.

El juicio contra Masaya comenzará el 8 de diciembre.

El 31 de marzo, la Sala Segunda de Apelaciones rechazó la apelación presentada por el MP, con la que buscaba revocar el arresto domiciliario para que volviera a prisión.

El 22 de julio del 2025, la jueza López Zamora también retiró la prisión preventiva a Masaya y, en ese momento, le otorgó arresto domiciliario sin vigilancia.

El 26 de mayo de ese año, el juez Fredy Orellana envió a juicio a Masaya por la posible comisión del delito de falsedad ideológica en forma continuada, dentro del caso Corrupción Semilla.

La Fiscalía argumenta que el sindicado, en su calidad de notario, habría avalado legalizaciones de actas que no fueron firmadas, pese a que estas formarían parte de las hojas de adhesión para la inscripción del comité proformación del partido Movimiento Semilla.

La captura de Masaya fue ejecutada el 28 de enero del 2025, tras una orden girada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana.

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