EE. UU. contrata cuatro empresas para localizar y cobrar multas millonarias a deportados en Guatemala y otros países

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) adjudicó cuatro contratos para localizar a personas deportadas y gestionar el cobro de multas migratorias en Guatemala, Honduras y México.

Las empresas contratadas son Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group, por un monto de hasta US$9 millones con cada una, luego de un proceso de licitación que concluyó a principios de septiembre y tuvo un periodo de recepción de ofertas inusualmente breve, según documentos de contratación publicados por Project Salt Box.

Según los documentos de la licitación, las empresas deberán localizar a las personas que Estados Unidos ha deportado en los tres países, deberán confirmar que residen en esos sitios y entregarles notificaciones sobre las sanciones. También deberán documentar la entrega de las multas mediante fotografías.

Las cuatro empresas ya han tenido contratos federales relacionados con inmigración.

Global Recovery Group y Response AI Solutions han realizado labores de localización de personas para operaciones de deportación, mientras que Caduceus, Baptiste Group y Response AI Solutions han trabajado en controles de bienestar de menores migrantes no acompañados. Baptiste Group también tiene antecedentes.

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CBP deja pendiente cómo cobrar las multas

La CBP señaló que no había encontrado una forma para que las personas sin una cuenta bancaria en Estados Unidos puedan pagar las multas, por lo que los contratistas deberán proponer una solución.

Además, la agencia no cubrirá los gastos de viaje de las empresas y únicamente pagará por las personas localizadas. Esto genera dudas sobre cuánto dinero podrá recuperar el Gobierno frente a los US$36 millones que podría desembolsar por los contratos.

La CBP no aclaró cómo evaluó las ofertas ni si estos contratos están relacionados con los trabajos previos de las empresas en materia migratoria. Tampoco respondió a una solicitud de comentarios, según la información disponible.

¿Qué está pasando con las multas a guatemaltecos?

La contratación ocurre mientras abogados han advertido sobre el impacto de estas sanciones en migrantes guatemaltecos.

Ana Gabriel Urizar, abogada de origen guatemalteco con experiencia en casos migratorios, confirmó a Prensa Libre en julio que tenía conocimiento de al menos 10 casos de connacionales que habían recibido sanciones millonarias con base en una ley que, según explicó, llevaba décadas sin aplicarse.

Entre los casos que asesoraba estaban los de dos guatemaltecas a quienes el Departamento de Estado reclamaba multas de US$1.8 millones y US$2.3 millones, respectivamente.

Urizar explicó entonces que ambas mujeres regresaron voluntariamente a Guatemala a inicios del 2026, pero las notificaciones continuaron llegando y las multas aumentaron.

Según la abogada, las sanciones se relacionan con órdenes de deportación derivadas, en estos casos, de la inasistencia a citas ante la Corte de Inmigración, y no de antecedentes criminales.

La abogada también advirtió que apelar no garantiza que las multas sean anuladas y que podrían existir implicaciones civiles adicionales.

Recomendó a los migrantes que reciban notificaciones relacionadas con estos procesos buscar asesoría de un abogado de inmigración, acudir a su consulado y responder dentro de los plazos establecidos.

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