Ejecutivo busca intervención de la CC por interpelaciones “simultáneas”

Como una medida para “hostigar y obstaculizar” el funcionamiento del Gobierno calificó el presidente Bernardo Arévalo los procesos de interpelación promovidos por bloques de oposición en el Congreso para fiscalizar el trabajo de varios ministros que integran su Gabinete de Gobierno.

El mandatario se refirió al tema durante la conferencia de prensa este lunes 20 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura y surgen a partir de las solicitudes de diputados del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para interpelar a 14 ministros que integran el Organismo Ejecutivo.

“Tenemos una situación en donde las interpelaciones, que son un recurso establecido legalmente para afirmar los controles en un sistema democrático, el sistema de controles cruzados que es la base de un sistema democrático, está siendo abusado y pervertido, en un intento de utilizarlo para hostigar al Gobierno y obstaculizar su funcionamiento”, indicó.

Arévalo afirmó que ante la situación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo para que se exhorte a la Junta Directiva del Congreso que estas interpelaciones, que son un derecho constitucional del cual gozan los diputados no supongan una “interferencia” en la función pública.

“El Gobierno de la República presentó la semana pasada un amparo ante la Corte de Constitucionalidad pidiéndole a la Corte que indique a la Junta Directiva del Congreso de la República que las interpelaciones que están siendo solicitadas por los distintos miembros del Congreso sean llevadas a cabo de una manera que no constituya una interferencia en el funcionamiento y en la gestión del Organismo Ejecutivo”, afirmó el presidente.

Arévalo aseguró que con esta acción el Ejecutivo no pretende impedir el derecho de interpelación de los diputados, sino que este se realice de forma coordinada y organizada, con la finalidad de evitar que se convierta en una herramienta que paralice el trabajo del Organismo Ejecutivo.

PGN, a cargo de la acción legal

El amparo fue presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) el pasado 16 de julio ante la Corte de Constitucionalidad, en cumplimiento de la instrucción del presidente con el objetivo de evitar que las interpelaciones solicitadas se realicen de forma “simultánea”.

Dentro de la acción legal se denuncia la “amenaza cierta, inminente y determinada” de que la Junta Directiva del Congreso programe de forma simultánea las interpelaciones a los 14 ministros de Estado, solicitadas por la UNE el 9 de julio pasado.

En este sentido, la acción cita varios aspectos que pondrían en riesgo el trabajo del Ejecutivo:

• Paralizaría las actividades administrativas y las funciones de cada ministerio.
• Afectaría gravemente los servicios públicos esenciales, como salud, seguridad, educación e infraestructura.
• Se utiliza la figura de la interpelación como un medio para obstaculizar el funcionamiento del Organismo Ejecutivo, lo que afecta la gobernabilidad del país.
• Viola el principio de “no subordinación” entre los organismos del Estado —artículo 141 de la Constitución—, ya que el Congreso estaría subordinando “de hecho” al Ejecutivo al controlar su agenda.
• Impide que el presidente actúe en Consejo de Ministros —artículo 182 de la Constitución— si todos los ministros están sujetos al proceso de interpelación.

Ante esta situación, el Ejecutivo solicita a la CC que otorgue el amparo provisional de “forma urgente”, como medida cautelar para evitar que las interpelaciones se realicen de manera “simultánea” mientras se resuelve el caso y que, posteriormente, se otorgue el amparo en definitiva.

También que “exhorte o conmine a la Junta Directiva del Congreso a agendar, calendarizar y planificar las interpelaciones de forma ordenada y no simultánea”, para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Según lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, luego de que se plantee la interpelación por parte de los diputados, el presidente del Congreso deberá anunciar la fecha y la hora de la sesión en que se llevará a cabo. Esta debe realizarse, a más tardar, dentro de las cinco sesiones inmediatas siguientes, y la Secretaría del Congreso deberá efectuar la notificación correspondiente al ministro que será interpelado. También indica que las preguntas básicas deben comunicarse al ministro con no menos de 48 horas de anticipación a la interpelación.

A criterio del exalcalde y exdiputado Selvin García, la interpelación es un derecho constitucional de todos los diputados. Según indica, en el 2016 se realizaron cambios en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en los que se estipuló un día específico para llevar a cabo este procedimiento, ya que antes de esas modificaciones las interpelaciones se incluían en la agenda del día del Congreso, lo que las convertía en un proceso “ininterrumpible” que atrasaba la agenda legislativa.

También considera que algunos diputados han caído en “el abuso” de este derecho, al convertirlo en una herramienta de presión y beneficio político, desvirtuando su propósito original.

“El problema es el abuso del derecho de interpelación. Todo derecho también puede llegar a constituirse en abuso… Cuando se tiene un abuso del uso de la interpelación, debe considerarse si, en efecto, la intención de interpelar es evaluar o buscar una forma de presión política y obtener un beneficio adicional”, afirma García.

En cuanto a la solicitud realizada por la UNE para interpelar a todo el Gabinete de Gobierno, asegura que “históricamente nunca había sucedido” algo similar.

“Históricamente nunca había sucedido, ni hay antecedentes ni precedentes de que un mismo partido interpelara, en su orden, a todos los miembros de un gabinete de Gobierno al mismo tiempo”.

Ejecutivo, sin una bancada fuerte

El excongresista también asegura que, ante esta solicitud de interpelación a todo el Gabinete de Gobierno, el Ejecutivo se encuentra “vulnerable” frente al Legislativo, debido a la falta de una bancada oficial fuerte, así como de aliados en el Congreso.

“El hecho de que el Ejecutivo no tenga una buena relación con el Congreso, no tenga una bancada representativa de forma fuerte… hace que sea más vulnerable a cualquier acción que el Congreso pueda realizar de forma individual o conjunta. Hace que los intereses de la agenda que pudiese tener el Ejecutivo sean lentos o simplemente no se conozcan o no se aprueben”, asegura.

Pueden continúar con su trabajo

En cuanto a si representa algún atraso en el trabajo de los ministros acudir cada jueves al Congreso a la espera de ser interpelados, García indica que en legislaturas anteriores “se han habilitado los espacios” para que los funcionarios continúen realizando sus labores mientras esperan su ingreso al hemiciclo.

“Se les han habilitado espacios para que continúen su trabajo… casi que se les pone una oficina en el Congreso. Pero la intención es que no interrumpan sus actividades si tienen que firmar o tomar decisiones de alto nivel. Lo ideal es tener y facilitar todo aquello que hagan para que puedan continuar con sus funciones”, concluye García.

Interpelaciones sin resultados

Por su parte, el diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Comisión Permanente del Congreso, indicó que efectivamente las interpelaciones se han llevado a cabo con la idea de “detener” la función administrativa de los ministerios. Además, aseguró que las últimas interpelaciones han sido “mediocres” y con el objetivo de entorpecer las funciones de los ministros.

“Las personas que han visto las redes sociales y que han seguido al Congreso de la República, ven que las interpelaciones realmente han sido unas interpelaciones mediocres, sin fundamentos. No han logrado concluir la del ministro de Desarrollo Social, no han logrado identificar las falencias de ese ministerio. Solo lo que pretende esta institución es mantener detenidos a los ministros acá todos los jueves de 8 de la mañana a medio día que duran las interpelaciones y son interpelaciones políticas para entorpecer el que hacer de los ministerios”, aseguró Rivera.

El congresista también afirmó que ninguna de las interpelaciones que se han realizado hasta el momento en el actual período legislativo “han cumplido con el mandato constitucional de fiscalizar, denunciar o comprobar cuáles son las falencias que tienen los ministerios y no se ha visto en las interpelaciones que se han realizado en los últimos tres años”.

Rechazan declaraciones del presidente

Luego de conocer las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, la UNE emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones del mandatario e indica que la interpelación es un derecho que se otorga a los diputados en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y en la Constitución.

“El Gobierno pretende desviar la atención de los guatemaltecos frente a la baja ejecución en la inversión de los ministerios del Estado”, indica el comunicado.

También asegura que durante los tres años del actual Gobierno el país “mantiene una gran deuda y con deficiencias en carreteras, medicinas y hospitales, seguridad, escuelas y con mayor pobreza y desnutrición”.

Las solicitudes de interpelación fueron realizadas por la diputada Teresita de León de dicho bloque legislativo, que dirige la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, la cual inició el 13 de noviembre del 2025. Los ministros que serán interpelados a solicitud de la congresista son:

• María Fernanda Rivera, ministra de Agricultura.
• Gabriela García, ministra de Economía.
• Miriam Roquel, ministra de Trabajo.
• Anabella Giracca, ministra de Educación.
• Jonathan Menkos, ministro de Finanzas.
• Carlos Ramiros Martínez, ministro de Relaciones Exteriores.
• Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación.
• Henry Sáenz, ministro de Defensa.
• Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura.
• Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales.
• Norma Zea, ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
• Joaquín Barnoya, ministro de Salud y Asistencia Social.

De León también solicitó la interpelación al ministro de Energía y Minas. Sin embargo, aún está bajo análisis debido a que el pasado 2 de julio asumió el cargo Erwin Rolando Barrios, quien se desempeñaba como viceministro de Minería e Hidrocarburos, en sustitución de Víctor Hugo Ventura.

Adicionalmente, el diputado Inés Castillo, jefe de dicho bloque legislativo, también solicitó la interpelación en contra de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes. En todos procesos de interpelación el Congreso aún no se ha definido la fecha y hora en que se llevarán a cabo.