Ejecutivo cierra la Copresam por falta de resultados y duplicidad de funciones

Ejecutivo cierra la Copresam por falta de resultados y duplicidad de funciones

El Gobierno de Guatemala cerró la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) debido a la falta de resultados efectivos y duplicidad en sus funciones con otras dependencias, priorizando la comunicación directa entre gobernaciones y municipa...

21 marzo 2026
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El 19 de marzo de 2026 cesó formalmente sus funciones la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam),una instancia creada en 2020 para servir como enlace entre el Organismo Ejecutivo y los gobiernos municipales del país. La decisión fue tomada por el presidente Bernardo Arévalo tras evaluar el desempeño, la vigencia legal y las funciones que esta comisión desempeñaba, las cuales presentaban duplicidades con otras entidades estatales.

Antecedentes y funciones de la Copresam

Establecida mediante el acuerdo gubernativo 42-2020 durante la administración anterior, la Copresam tenía como objetivo principal coordinar la agenda presidencial con las municipalidades guatemaltecas, fortaleciendo las capacidades técnicas locales, facilitando la inversión pública y mediando en conflictos sociales que afectaran la ejecución de proyectos de desarrollo territorial.

Entre sus atribuciones también figuraba la capacitación de equipos técnicos municipales en gestión e inversión pública para mejorar la administración local. Además, impulsaba la descentralización y la gobernabilidad, promoviendo procesos de mediación para resolver conflictos sociales con el fin de agilizar proyectos en los municipios.

Otro aspecto importante era su colaboración técnica y ambiental con instituciones como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM),para la implementación de políticas relacionadas con la gestión de residuos sólidos y la conservación de recursos naturales.

Evaluación y cierre de la comisión

En diciembre de 2025, el presidente Arévalo, junto con el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP),Víctor Godoy, y el titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan),Carlos Mendoza, analizaron el desempeño y la pertinencia de la Copresam. En una reunión celebrada el 4 de diciembre, la entonces comisionada Alida Vicente presentó un informe de labores que fue evaluado exhaustivamente.

Tras dicha revisión, se decidió que la Copresam dejaría de operar el 19 de marzo de 2026, fecha en la cual concluyó su período de vigencia legal, establecido en seis años según el acuerdo gubernativo original. La Secretaría General de la Presidencia quedó encargada de la liquidación administrativa de la comisión.

Desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se indicó que no se presentó una reforma para extender la vigencia de la Copresam, por lo que el cierre se realizó conforme a la normativa vigente.

Motivos detrás del cierre: Resultados y duplicidad

Fuentes internas del Ejecutivo han señalado que, más allá del marco legal, el cierre responde a la falta de resultados concretos durante los primeros dos años de la actual administración. En particular, se cuestionó que la gestión de la Copresam se enfocó en actividades dirigidas a sectores específicos como mujeres y pueblos indígenas, sin cumplir plenamente con los objetivos técnicos y políticos definidos para la comisión.

Además, se identificó que existía una duplicidad funcional entre la Copresam y otras dependencias del Ejecutivo, principalmente la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, los delegados departamentales de Segeplan y las gobernaciones departamentales. Estas entidades también mantienen canales de comunicación y coordinación directa con las municipalidades, lo que hacía redundante la existencia de la comisión.

El Ejecutivo considera que las gobernaciones departamentales deben asumir la comunicación y gestión con los municipios sin intermediarios, fortaleciendo así la coordinación directa y eficiente entre las autoridades locales y el gobierno central.

Asignación presupuestaria y aspectos financieros

Durante el periodo 2024-2026, la Copresam contó con un presupuesto anual de aproximadamente cinco millones de quetzales, totalizando una erogación cercana a los quince millones en esos tres años. Para el año 2026, parte de estos recursos se destinaron al pago de indemnizaciones del personal y a cubrir gastos pendientes derivados del cierre administrativo.

La asignación financiera a esta comisión generó cuestionamientos en el contexto de la revisión del gasto público y la eficiencia en la gestión de recursos en el sector público, especialmente en un entorno donde la ejecución presupuestaria en otros ámbitos municipales ha sido limitada.

Análisis y perspectivas sobre la relación Ejecutivo-municipalidades

El cierre de la Copresam ha sido valorado como una medida acertada por analistas en gobernabilidad y administración pública, quienes destacan la necesidad de que el gobierno central reduzca la cantidad de dependencias y comisiones que generan duplicidades y costos sin aportar resultados significativos.

Se enfatiza que la relación entre el Ejecutivo y las municipalidades debe basarse en criterios técnicos y administrativos, evitando la politización o clientelismo que puede distorsionar la gestión pública y la asignación de recursos. El fortalecimiento de canales directos y claros, como las gobernaciones y delegados técnicos, se considera una vía más eficiente para mejorar la gobernanza local.

En este sentido, se recomienda un análisis integral para identificar otras entidades con funciones similares y promover una reestructuración que optimice la coordinación interinstitucional y aumente la eficacia en la atención a las necesidades municipales en Guatemala.

Conclusión

La finalización de las funciones de la Copresam representa un cambio en el modelo de coordinación entre el gobierno central y los municipios en Guatemala. La apuesta del Ejecutivo es fortalecer la gestión directa a través de las gobernaciones departamentales y otros actores técnicos, con miras a mejorar la inversión pública y la gobernabilidad local.

Este proceso refleja un esfuerzo por optimizar el uso de recursos públicos, evitar duplicidades y promover una relación basada en la eficiencia y la transparencia, aspectos claves para el desarrollo territorial y social en el país.

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