El caso k’ub’ul abre el debate: ¿Cuándo una variante se convierte en un idioma en Guatemala?
La búsqueda del reconocimiento del k’ub’ul plantea una pregunta que va más allá de Cubulco, Baja Verapaz: qué separa una variante de un idioma y quién traza esa frontera.
El 78% parece una cifra capaz de resolver una discusión.
Ese fue el porcentaje de inteligibilidad que encontró un estudio de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) entre los municipios investigados del área achi’. La institución concluyó que las diferencias encontradas corresponden a variantes territoriales de un mismo idioma.
Pero la cifra abre otra pregunta: ¿qué ocurre con el 22% restante? ¿Y cuánto tendría que disminuir la comprensión para que dos formas de hablar dejen de considerarse variantes y pasen a reconocerse como idiomas distintos?
No existe una respuesta matemática.
Sergio Romero, profesor de antropología lingüística de la Universidad de Texas en Austin, explica que la inteligibilidad es una herramienta para medir la relación entre dos formas de hablar, pero no funciona como una línea exacta que pueda trazarse a partir de un porcentaje.
El problema comienza desde el momento mismo en que dos personas intentan comunicarse.
“En todo acto comunicativo existe un acomodamiento”, explica.
Si quieren entenderse, pueden cambiar palabras, modificar la pronunciación, hablar más despacio, recurrir a gestos o escoger expresiones que saben que la otra persona reconocerá. El resultado también depende de cuánto contacto hayan tenido antes con hablantes de otras comunidades, argumenta Romero.
En mercados, viajes, matrimonios o espacios compartidos, agrega el especialista, esa exposición puede aumentar la comprensión. Alguien acostumbrado durante años a escuchar otra variante puede entenderla con mayor facilidad que una persona que casi nunca ha tenido contacto con ella.
“Todo mundo habla de inteligibilidad como si fuera un criterio que se puede establecer cuantitativamente sin mayor dificultad”, afirma.
Más allá de las palabras
La discusión tampoco se resuelve con una lista de vocabulario.
En el caso k’ub’ul, buena parte de las diferencias que los hablantes muestran primero son palabras: una forma para nombrar un animal, un utensilio o un alimento en Cubulco y otra en comunidades achi’.
Romero explica que para medir una distancia lingüística deben examinarse estructuras más profundas.
“En general se podría establecer que aquellas estructuras gramaticales más complejas, más allá del léxico, son los mejores indicadores”, señala.
Habla de sintaxis, de cómo se organizan las oraciones; de morfología, de cómo se forman y cambian las palabras; de sistemas verbales, negación y diferencias fonológicas.
“La gramática no siempre coincide con la intuición de los hablantes”, explica Romero.
El ejemplo que coloca sobre la mesa está en Guatemala.
Achi’ y k’iche’ son reconocidos institucionalmente como idiomas distintos. La ALMG posee gramáticas normativas y comunidades lingüísticas diferenciadas para ambos.
Romero sostiene que “la diferencia entre achi’ y k’iche’ no es mayor que la que hay entre k’ub’ul y achi’”.
La comparación corresponde a su criterio como lingüista; no existe una medición equivalente que permita colocar ambas relaciones en una misma escala porcentual.
Quién traza la frontera
“El pleito, en última instancia, es de orden político, es sobre quién tiene la autoridad de definir”, sostiene Romero.
En Guatemala, esa autoridad está repartida.
La Ley de Idiomas Nacionales establece que el reconocimiento o fusión posterior de idiomas mayas debe contar previamente con un dictamen técnico de la ALMG y concretarse mediante decreto del Congreso.
Qué pasó en el 2003 en el Organismo Legislativo
Esa relación entre conocimiento técnico y decisión política ya produjo una controversia hace más de dos décadas.
En noviembre del 2002, Prensa Libre documentó que los chalchitecos buscaban ser reconocidos como la comunidad lingüística maya número 22, mientras la ALMG consideraba el chalchiteko una variante del awakateko.
Un estudio de la institución había analizado aspectos fonológicos, morfológicos, lexicales y sintácticos y concluido que no existían diferencias significativas que impidieran la inteligibilidad mutua.
Meses después, en el 2003, el Congreso incorporó al chalchiteko mediante el Decreto 24-2003.
La iniciativa 2870 argumentó que el chalchiteko había quedado fuera de la Ley de la Academia, que existía una identidad histórica diferenciada y que la demanda de reconocimiento había sido formalizada por miles de integrantes de la comunidad en una asamblea celebrada el 25 de julio de 1998. La propuesta fue conocida y aprobada de urgencia nacional el 3 de junio del 2003.
La ALMG se opuso.
Sostuvo que el Congreso había reconocido un nuevo idioma sin solicitar previamente el dictamen técnico que exigía la Ley de Idiomas Nacionales. La Academia promovió un amparo y pidió dejar sin efecto el decreto.
La Corte de Constitucionalidad denegó la acción. No decidió si el chalchiteko era lingüísticamente un idioma o una variante ni resolvió el fondo de la disputa técnica: consideró que el amparo no era la vía adecuada para impugnar una norma de carácter general.
El antecedente no es idéntico al de k’ub’ul. Ahora la ALMG sí emitió un dictamen técnico y su conclusión fue contraria al reconocimiento.
La diversidad no obliga a separar
Raxche’ Rodríguez Guaján mira la discusión desde otra dirección.
Editor e investigador de idiomas mayas, parte de una premisa sencilla: “En realidad, ningún idioma vivo es completamente uniforme”.
Las diferencias territoriales, generacionales y sociales, sostiene, forman parte de la vida de los idiomas. Una comunidad puede emplear vocabulario propio, pronunciaciones distintas o ciertas estructuras particulares sin que eso obligue necesariamente a reconocer otro idioma.
“La identidad de una comunidad y la clasificación lingüística de su forma de hablar, aunque estrechamente relacionadas, no son exactamente lo mismo”, plantea.
Su ejemplo principal es el mam.
El idioma se extiende por un territorio amplio y presenta variaciones dialectales documentadas. La gramática normativa elaborada por la ALMG reconoce esa diversidad social y dialectal, al mismo tiempo que establece criterios comunes para la escritura.
“La unidad lingüística no exige uniformidad”, resume Rodríguez Guaján.
Una persona puede conservar la manera de hablar aprendida en su municipio y, al mismo tiempo, utilizar una gramática, un diccionario o un libro producido para hablantes mam de otras regiones.
El caso tampoco ofrece una fórmula que pueda trasladarse automáticamente a k’ub’ul. Rodríguez Guaján advierte que cada comunidad tiene una historia distinta y que los hablantes deben participar en las decisiones sobre sus idiomas.
Más que un nombre
Alrededor de un idioma se construyen gramáticas, diccionarios, materiales educativos, formación de docentes, traducciones y procesos de normalización.
“Reconocer un nuevo idioma no consiste únicamente en agregar un nombre a una lista”, señala Rodríguez Guaján.
El reconocimiento legal, sin embargo, no crea por sí solo esa estructura.
Y el problema ya no termina en los libros.
Los idiomas también necesitan existir en teléfonos, computadoras, buscadores, traductores y sistemas capaces de reconocer una voz.
“Los nuevos desafíos tecnológicos son todavía mayores: desarrollar correctores ortográficos, traductores automáticos, sistemas de reconocimiento de voz o herramientas de inteligencia artificial requiere grandes cantidades de textos, audios y otros recursos lingüísticos”, explica Rodríguez Guaján.
Una comunidad lingüística amplia, agrega, puede reunir con mayor facilidad esos materiales que varias comunidades pequeñas trabajando por separado.
“Esto no significa que un idioma con pocos hablantes tenga menos derechos ni que deba negarse la existencia de idiomas genuinamente diferentes para aumentar artificialmente el número de hablantes”.
La ALMG ya trabaja en algunos espacios digitales. En el 2025, por ejemplo, reportó cursos interactivos y revisión de diccionarios y otros materiales lingüísticos para distintas comunidades.
La siguiente generación
Después de porcentajes de inteligibilidad, gramáticas, leyes, dictámenes y discusiones institucionales, queda otra medida mucho menos técnica.
Que los niños sigan hablando.
Romero lleva el debate hasta allí cuando cuestiona que la revitalización pueda separarse de las condiciones de vida de las comunidades.
“Lo que se trata es de transformar al país en beneficio de las comunidades mayas y no simplemente de revitalizar la lengua”, sostiene.
Y agrega: “Mientras mejor sea la vida de la gente, más y mejor se van a hablar las lenguas mayas”.
Rodríguez Guaján llega a una preocupación parecida desde otro camino.
Durante siglos, recuerda, los idiomas sobrevivieron porque madres, padres, abuelas y abuelos transmitieron palabras, historias y conocimientos a las nuevas generaciones.
Por eso plantea una pregunta distinta a la que abrió la discusión en Cubulco:
“La pregunta de fondo no debería ser solamente cuántos idiomas podemos reconocer, sino cómo conseguimos que las niñas y los niños continúen hablando los idiomas que hemos heredado”.
Quizá allí esté la frontera más difícil de medir.
No la que separa una variante de un idioma, sino la que divide a una generación que todavía lo habla de otra que podría dejar de hacerlo.
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