El Congreso de El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidio, violación y terrorismo

La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó este jueves una reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y terrorismo, específicamente en relación con pandillas. La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con un amplio respaldo político que incluye al partido oficialista Nuevas Ideas (NI),sus aliados y a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La votación finalizó con 58 votos a favor de un total de 60 diputados presentes. La única bancada que decidió abstenerse fue el partido minoritario de oposición VAMOS. La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña y prohíbe expresamente la prisión por deudas, las penas infamantes y proscriptivas, y toda forma de tormento. Sin embargo, faculta la imposición de la pena perpetua exclusivamente para quienes sean condenados por homicidio, violación y actos terroristas.

Esta reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial en el Diario Oficial. La aprobación se produce una semana después de la promulgación de una reforma constitucional que permite realizar cambios exprés en la misma legislatura, una medida que ha generado polémica por modificar el procedimiento tradicional que requería el aval de dos legislaturas distintas para enmendar la Carta Magna.

Contexto y marco legal

Desde enero de 2025, El Salvador cuenta con un mecanismo que agiliza las reformas constitucionales, lo que ha facilitado la aprobación de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. En este marco, la propuesta del gobierno de Bukele para instaurar la cadena perpetua llega en un contexto marcado por la lucha contra las pandillas, que han sido señaladas como responsables de la mayoría de homicidios en el país.

El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha permitido la detención de más de 91 mil personas acusadas de pertenecer o tener vínculos con estructuras criminales. No obstante, este régimen también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos debido a reportes de violaciones a los derechos fundamentales, incluyendo más de 500 fallecimientos bajo custodia estatal.

Reformas complementarias

Durante la misma sesión legislativa, se prevé que el Congreso apruebe modificaciones a diversas normas penales, entre ellas el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y la Ley para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres. Estas reformas tienen como objetivo homologar el marco jurídico con la nueva redacción constitucional y fortalecer las sanciones contra los delitos contemplados.

Reacciones y análisis

La aprobación de la cadena perpetua ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera de El Salvador. Analistas y juristas internacionales han señalado que, si bien el combate a las pandillas es una prioridad nacional, existen preocupaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción.

El gobierno salvadoreño sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y reducir los índices de violencia que durante años han afectado el país, considerado anteriormente como uno de los más violentos del mundo. La reforma constitucional es vista por la administración como un paso crucial para fortalecer el sistema de justicia y disuadir la criminalidad.

Implicaciones para la región

La decisión del Congreso salvadoreño también tiene repercusiones en el ámbito regional, donde la violencia asociada a pandillas es un problema común en Centroamérica. El endurecimiento de las penas y la ampliación del régimen de excepción en El Salvador podrían influir en políticas de seguridad similares en países vecinos, como Guatemala y Honduras.

En Guatemala, donde la violencia también representa un desafío para las autoridades, el debate sobre la aplicación de penas severas y la protección de derechos humanos continúa siendo un tema relevante. Las experiencias y resultados que se observen en El Salvador podrían servir como referencia para futuras discusiones legislativas y políticas en la región.

Conclusión

La ratificación de la cadena perpetua para homicidio, violación y terrorismo por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador representa un cambio significativo en el sistema penal del país. Impulsada por el Ejecutivo y respaldada por la mayoría legislativa, esta medida se enmarca en una estrategia integral para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad pública. Sin embargo, también plantea desafíos en materia de derechos humanos y justicia, aspectos que continuarán siendo objeto de seguimiento y debate a nivel nacional e internacional.