
El Faro denuncia congelamiento de bienes y nueva presión fiscal del Gobierno de El Salvador
El Faro denuncia el congelamiento de bienes personales de dos socios de Trípode S.A., empresa creadora del medio, atribuido a una nueva presión fiscal del Gobierno de Nayib Bukele contra el periodismo independiente en El Salvador.
El medio digital El Faro ha denunciado recientemente una nueva acción de presión fiscal por parte del Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, que involucra el congelamiento de bienes personales de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la empresa matriz responsable de la creación y operación del periódico. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente tensión entre las autoridades salvadoreñas y el periodismo independiente, con múltiples denuncias de persecución y acoso.
Detalles del congelamiento de bienes
Según lo informado por El Faro, entre febrero y abril de 2026, se ejecutó una "anotación preventiva" sobre fondos en una cuenta bancaria y un inmueble pertenecientes a dos accionistas de Trípode S.A. de C.V. Esta medida, que funciona como una garantía ante posibles deudas fiscales, fue resultado de auditorías impulsadas por el Ministerio de Hacienda salvadoreño. La empresa explicó que su estructura administrativa y legal opera desde Costa Rica desde 2023, lo que ha complicado aún más la situación.
Antecedentes de la persecución fiscal
El Faro señala que las acciones del Gobierno contra el medio comenzaron en 2020, cuando el presidente Nayib Bukele anunció públicamente, en cadena nacional, una investigación por presunto lavado de dinero contra el medio. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías fiscales contra Trípode S.A. de C.V. Sin embargo, ante la falta de evidencia que sustentara las acusaciones de lavado de dinero, el Ministerio cambió el argumento hacia presuntas evasiones fiscales.
El Faro ha apelado cada conclusión presentada por Hacienda y destaca que no existe aún una sentencia definitiva en ninguno de los cuatro procesos auditorios. Aun así, las autoridades han procedido a congelar bienes personales de dos accionistas, lo que el medio considera una escalada en la persecución.
Reacciones y contexto regional
Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),ha manifestado que estas acciones representan un intento claro de controlar y silenciar las voces críticas al Ejecutivo salvadoreño. En paralelo, Carlos Dada, director de El Faro, ha vinculado este nuevo episodio con la reciente difusión del documental El trato: Trump, Bukele y las pandillas de El Salvador, coproducido por Frontline y El Faro, que aborda presuntos pactos entre el Gobierno salvadoreño y grupos pandilleros.
Además, Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, ha señalado que las amenazas y difamaciones por parte de funcionarios contra el medio y sus periodistas son constantes, llegando incluso a acusarlos públicamente de delitos sin presentar pruebas.
Silencio oficial y preocupaciones sobre libertad de prensa
Hasta el momento, ni el presidente Bukele ni ninguna autoridad gubernamental se han pronunciado oficialmente sobre las denuncias realizadas por El Faro respecto al congelamiento de bienes. El medio también ha comunicado que no ha recibido ninguna notificación formal de las autoridades sobre esta intervención.
Este incidente se inscribe en un contexto más amplio de denuncias sobre presiones sistemáticas a periodistas en El Salvador. La Asociación de Periodistas de El Salvador reportó que hasta junio de 2025, 43 comunicadores se encontraban desplazados, mientras que un informe posterior elevó esa cifra a 53 periodistas que han sido forzados al exilio durante el último año.
Implicaciones para el periodismo independiente
El caso de El Faro evidencia un patrón preocupante sobre la libertad de prensa en El Salvador, donde medios independientes y críticos enfrentan crecientes obstáculos legales y administrativos. La utilización de mecanismos fiscales como instrumento de presión pone en riesgo la pluralidad informativa y la garantía de derechos fundamentales en el país.
Organizaciones internacionales y regionales han manifestado su alerta ante estas prácticas, que podrían constituir una restricción indirecta al ejercicio periodístico y una amenaza para la democracia en la región centroamericana.
Situación de El Faro y perspectivas
El Faro, reconocido por su cobertura crítica y rigurosa, continúa operando desde Costa Rica debido a la compleja situación en El Salvador. La empresa se mantiene firme en su defensa legal y en la apelación de las decisiones fiscales que considera arbitrarias. Mientras tanto, la comunidad internacional y organizaciones defensoras de la libertad de prensa observan de cerca la evolución de este caso, que podría sentar precedentes en la protección del periodismo independiente frente a gobiernos autoritarios.
En definitiva, la denuncia realizada por El Faro sobre el congelamiento de bienes personales de sus socios y la presión fiscal ejercida por el Gobierno de Nayib Bukele representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo salvadoreño y la prensa crítica, con implicaciones directas para el ejercicio de la libertad de expresión y la transparencia en la región.
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