El MEM advierte sobre operación ilegal de miniestaciones expendedoras de combustible

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Toda persona que instale o adquiera una miniestación de servicio de combustibles debe iniciar el proceso de licenciamiento ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y cumplir con los requisitos establecidos en el país, advirtió el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en sus redes sociales.

El aviso añade que la operación de estos establecimientos sin autorización no es legal y puede representar riesgos.

Además, al dirigirse a la población, refiere que cuando se compra en una miniestación de servicio se arriesga el motor del vehículo, y alerta que el combustible adulterado puede dañarlo de forma permanente.

El mensaje del MEM, lanzado durante este mes, añade que las miniestaciones móviles de combustible no cuentan con licencias para operar.

Consultada la cartera acerca de qué sucedió en la actualidad para emitir estas advertencias, el director de Hidrocarburos, Gerson de León, explicó que se han detectado miniestaciones en Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, San José Pinula y otros puntos, las cuales, refirió, operan de manera ilegal al no cumplir con la Ley de Comercialización y su reglamento.

Por ello, indicó el funcionario, que se debe advertir a la población sobre este tema, que puede afectarla directa o indirectamente.

El director explicó que las miniestaciones son depósitos de combustibles de dos o tres compartimientos que suministran combustible. Agregó que actualmente operan sin autorización y que deben acercarse al MEM a realizar la gestión y cumplir los requisitos de ley.

El aviso en el perfil de Facebook del MEM añade que las miniestaciones de combustible que operan ilegalmente en Guatemala representan un riesgo para la seguridad de las personas, el medioambiente y las comunidades. Además, la venta de combustibles sin cumplir con los permisos y normas técnicas puede provocar incendios, explosiones y contaminación.

En enero del 2026, la institución ya había lanzado una advertencia en la que señalaba que estas representan riesgos generales porque evaden controles, afectan el ambiente y comprometen la seguridad.

Mientras que, en septiembre del 2025, el MEM expuso sobre la proliferación de este tipo de miniestaciones; en esa oportunidad añadió que vender combustibles sin los requisitos de ley es un delito.

En ese entonces se identificaron en Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango y Guatemala, y se mencionó que otro factor de preocupación era la procedencia dudosa del combustible.

Entre los factores de incumplimiento se mencionó que no hay medidas de seguridad industrial, están al aire libre, pueden producir derrames que dañen el ambiente, provocar explosiones, las instalaciones eléctricas están expuestas y no cuentan con extinguidores. También se indicó que los vehículos podrían dañarse, ya que estos combustibles pueden contener agua, metales y arena, lo que afecta la calidad del producto.

Denuncias

Consultado si se han interpuesto sanciones o denuncias, el director respondió el viernes 26 de junio por medio de la oficina de comunicación del ministerio, que respecto a las denuncias, el MEM no puede dar mayor información para no interferir con las investigaciones.

La DGH informó en el 2025 que atendió varias denuncias sobre la comercialización y que, al momento de darles seguimiento, contó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito y municipalidades. Debido a lo detectado en esa ocasión, el MEM presentó denuncias ante las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes y se puedan deducir responsabilidades.

En tanto, en el 2024 se dio a conocer que guatemaltecos de Chimaltenango, Sololá y Suchitepéquez estaban siendo víctimas de “personas inescrupulosas” que ofrecen estas miniestaciones móviles de combustibles sin advertirles que operan de forma ilícita. En ese entonces, la DGH no había autorizado ninguna, por lo que instó a las personas que las utilizaban como negocio a que no lo hicieran hasta realizar las gestiones necesarias para operar. Además, ordenó a los comercializadores autorizados abstenerse de venderles combustibles, ya que operaban ilegalmente, según el boletín emitido por el MEM en esa ocasión.