El plan y diagnóstico vial que requiere el CIV para anticipar la temporada de lluvias en Guatemala

En Guatemala, la llegada de la temporada de lluvias representa un reto recurrente para la infraestructura vial, principalmente en las carreteras prioritarias del país. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en 2024, busca responder a estas emergencias a través de mecanismos legales que permitan intervenciones más rápidas y eficientes. Sin embargo, expertos en infraestructura señalan que aún existen obstáculos para su plena aplicación, lo cual limita la capacidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para anticiparse a los daños que el invierno puede ocasionar.

Marco legal y mecanismos para intervención rápida

El artículo 95 de la mencionada ley establece un procedimiento especial para agilizar la contratación y ejecución de obras en las principales carreteras del país, especialmente aquellas identificadas como prioritarias. Esta norma permite obviar algunos trámites administrativos habituales, facilitando la contratación directa para atender emergencias como derrumbes, socavamientos o daños severos en puentes y vías.

Con este mecanismo, el CIV podría reducir significativamente los tiempos de respuesta, pasando de procesos que suelen durar entre cuatro y seis meses a un máximo de 15 días para adjudicar proyectos una vez emitido el dictamen favorable de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Este dictamen es un requisito indispensable para justificar la emergencia y proceder con la contratación.

Ventajas y desafíos en la implementación

Uno de los principales beneficios del artículo 95 es la contratación integrada de diseño y construcción, que elimina la necesidad de licitar por separado los estudios técnicos y la ejecución de obras, acelerando así el inicio de los trabajos. Además, mantiene la transparencia al exigir la publicación en la plataforma Guatecompras y la solicitud de varias ofertas para seleccionar la más conveniente.

No obstante, la falta de un reglamento específico para la ley ha retrasado su aplicación. Este vacío normativo obliga al CIV a implementar ajustes y procedimientos ad-hoc que, si bien tienen como objetivo garantizar la transparencia, incrementan los tiempos de contratación y ejecución, lo que va en contra del espíritu original de la ley.

Además, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP),entidad contemplada en la ley para administrar estos procesos, aún no ha sido plenamente establecida, lo que limita la capacidad institucional para gestionar y ejecutar los proyectos con la agilidad requerida.

Impacto económico y social de la infraestructura vial

La calidad de la red vial tiene una relación directa con el desarrollo económico y la calidad de vida de la población guatemalteca. Carreteras en buen estado facilitan el transporte de mercancías, la movilidad laboral y el turismo, contribuyendo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Indicadores internacionales señalan que una infraestructura vial eficiente puede impactar entre un 2% y un 10% en el PIB de un país.

El deterioro de las vías, por el contrario, aumenta los costos logísticos, eleva el consumo de combustible y prolonga los tiempos de traslado, lo que se traduce en un incremento en los precios finales de bienes y servicios. Esto afecta directamente el bolsillo de los guatemaltecos y limita la competitividad del país.

Situación actual y proyectos en marcha

Actualmente, bajo el marco legal del artículo 95, se ejecutan proyectos de recapeo y mantenimiento en varias rutas nacionales y carreteras centroamericanas, incluyendo tramos en Fraijanes, Santa Elena Barillas, Taxisco, Chiquimulilla, Quezaltepeque, Río Hondo, Morazán, San Carlos Sija, Escuintla, Retalhuleu y Huehuetenango. Estas obras buscan prevenir el deterioro irreversible de la red vial y mitigar riesgos asociados a la temporada lluviosa.

Sin embargo, la ejecución de estos proyectos ha sido lenta y limitada, en parte por las demoras en la contratación y la falta de planificación anticipada. La ausencia de un diagnóstico exhaustivo y actualizado de la red vial impide que se prioricen adecuadamente los tramos más vulnerables.

Necesidad de diagnóstico y planificación anticipada

Expertos coinciden en que para enfrentar eficazmente las consecuencias del invierno es necesario contar con un estudio integral de la red vial que permita identificar los puntos críticos con mayor riesgo de daño por lluvias intensas. Este diagnóstico debe incluir evaluación de puentes, taludes, drenajes y la superficie de rodadura.

El Ministerio de Comunicaciones debe contar con la capacidad técnica y logística para realizar estas evaluaciones y, con base en ellas, diseñar un plan de intervención priorizado, que se pueda activar antes y durante la temporada de lluvias. Sin esta planificación, las reparaciones se realizan de manera reactiva, con un impacto mayor en la movilidad y la economía.

Transparencia y eficiencia en los procesos

La ley contempla la transparencia como uno de sus ejes fundamentales, buscando prevenir actos de corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada. En la práctica, la ausencia del reglamento ha generado la incorporación de pasos adicionales para asegurar esa transparencia, como la solicitud de múltiples ofertas aunque la ley permita la contratación directa.

Si bien estas medidas son positivas para la rendición de cuentas, es necesario equilibrarlas con la agilidad requerida para responder a emergencias. La pronta aprobación del reglamento y la operatividad completa de la DIPP son vitales para lograr este balance.

Hoja de ruta para fortalecer la red vial

• Estabilización de vías críticas: Atender de manera inmediata los tramos con derrumbes, socavamientos o daños severos en puentes.
• Anticipación a la temporada de lluvias: Identificar y reparar puntos vulnerables para evitar interrupciones en la vialidad.
• Desarrollo y mejora continua: Ampliar y modernizar la infraestructura vial existente para mejorar la conectividad y la movilidad.

Implementar esta ruta requiere de voluntad política, recursos adecuados y una institucionalidad fortalecida que permita gestionar los proyectos con eficiencia y transparencia.

Conclusión

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, con su artículo 95, ofrece un marco legal prometedor para que Guatemala pueda anticiparse y responder oportunamente a los daños provocados por la temporada de lluvias. Sin embargo, la falta de reglamento, la ausencia de un diagnóstico actualizado de la red vial y la demora en la instalación de la DIPP limitan el impacto de esta normativa.

Para proteger la infraestructura estratégica del país y asegurar la continuidad de la actividad económica y social, es indispensable acelerar la aprobación del reglamento, consolidar la institucionalidad encargada y desarrollar un plan integral de diagnóstico y mantenimiento vial que permita anticipar y mitigar los efectos del invierno en Guatemala.