“El señor Walter Mazariegos no tiene finiquito”: CGC explica detalles de tres denuncias contra el rector de la Usac

La Contraloría General de Cuentas (CGC) reiteró este 23 de junio que Walter Mazariegos no cuenta con finiquito vigente y confirmó que existen tres denuncias penales derivadas de una auditoría que aún se desarrolla en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Durante una citación en el Congreso, Nery de León, director de Atención a Denuncias de la CGC, explicó que la auditoría continúa debido a retrasos en la entrega de información requerida por los auditores.

Según detalló, la Contraloría identificó tres hallazgos que dieron lugar a denuncias presentadas ante el Ministerio Público entre el 24 y el 27 de marzo de 2026. De León indicó que, pese a los avances, “la auditoría todavía continúa en proceso” debido a atrasos en la entrega de información solicitada por el equipo auditor.

Las denuncias están relacionadas con la presunta omisión de convocatorias para la elección de representantes universitarios; la aprobación de mecanismos de contratación docente que, según la Contraloría, contravendrían la Ley Orgánica de la Usac; y la participación de integrantes con períodos de funciones vencidos en órganos de decisión universitarios.

De León indicó que las denuncias fueron ratificadas ante el Ministerio Público el 12 de mayo y que, una vez presentadas, el estatus de las personas señaladas cambia automáticamente dentro del sistema de la Contraloría.

Contraloría: Mazariegos no tiene finiquito

Consultado por el diputado Orlando Blanco sobre la situación actual de Mazariegos, De León respondió que “el señor Walter Mazariegos ahorita no tiene finiquito”.

Posteriormente, Edgar Castillo, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CGC, recordó que el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece impedimentos para optar a cargos públicos cuando una persona no cuenta con la constancia de finiquito correspondiente.

La normativa señala que no pueden optar a cargos públicos quienes hayan administrado o custodiado bienes del Estado y no cuenten con el finiquito emitido por la institución donde prestaron servicios, y por la Contraloría General de Cuentas.

Al ser consultado sobre si Mazariegos podía haber sido electo rector bajo esas condiciones, Castillo respondió: “No, toda vez que las denuncias fueron presentadas antes”, en referencia a las acciones penales promovidas por la Contraloría.

Piden ampliar la auditoría

Durante la citación, Blanco solicitó que la auditoría se amplíe para incluir las actuaciones de la comisión electoral universitaria y de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU).

El congresista argumentó que tanto la Ley Orgánica de la Usac como el reglamento electoral establecen que si una persona electa no reúne los requisitos legales para ocupar el cargo de rector, debe convocarse inmediatamente a una nueva elección.

Además, sostuvo que las autoridades universitarias debieron verificar previamente que los candidatos cumplieran con todos los requisitos establecidos en la legislación universitaria.

Blanco también consultó si la Contraloría está verificando la legalidad del proceso electoral universitario. “Se está verificando”, respondió De León.

Respecto a una fecha para concluir la auditoría, el funcionario indicó que no podía precisar un plazo y señaló que posteriormente podrían trasladar un informe circunstanciado sobre el avance de las pesquisas.

Denuncias involucran al rector y al Consejo Superior Universitario

Durante el intercambio, Blanco resumió que las denuncias se relacionan con la falta de convocatorias conforme a la ley, contrataciones presuntamente realizadas sin respetar procedimientos establecidos y la participación de personas que continuaban ejerciendo funciones pese a que sus períodos habían vencido.

Al ser consultado sobre quiénes están comprendidos en las denuncias, De León indicó que estas abarcan “prácticamente a los consejos superiores universitarios y al rector”.

Por su parte, asesores de la bancada señalaron que los hechos denunciados podrían tener implicaciones sobre decisiones adoptadas durante la gestión de las actuales autoridades universitarias, mientras que Blanco recordó que representantes de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, a donde fueron remitidas las denuncias, no acudieron a la citación legislativa por cambios hechos en la jefatura, en la semana pasada.

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