Elecciones 2027: TSE investiga cambios irregulares de residencia electoral ante riesgo de conflictos en 101 municipios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) investiga posibles cambios irregulares de residencia electoral que podrían generar conflictos durante las elecciones generales del 2027. La institución también ha identificado 101 municipios con riesgo de conflictividad, de los cuales 46 están clasificados en riesgo alto y 55 en riesgo medio.

En una entrevista con Prensa Libre Radio, el magistrado Quelvin Jiménez Villalta explicó que uno de los principales focos de tensión surge cuando personas inscritas para votar en determinado municipio son señaladas por los vecinos de no residir en esa localidad.

Según el magistrado, estos conflictos suelen surgir durante las votaciones, cuando el padrón electoral ya está cerrado y no es posible resolver las inconformidades antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

“En este momento estamos en el proceso de depuración del padrón electoral y estamos verificando todas las denuncias que se han tenido por la transhumancia”, afirmó.

La transhumancia electoral consiste en el cambio irregular de residencia electoral para participar en una circunscripción donde la persona no reside.

Los antecedentes de conflictividad en el 2023

La preocupación por posibles conflictos electorales tiene antecedentes documentados. En enero del 2023, Prensa Libre publicó un informe del TSE que identificaba 103 municipios con distintos niveles de riesgo: ocho estaban clasificados en riesgo muy alto, 42 en alto y 53 en medio.

Los ocho municipios considerados de muy alto riesgo eran Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo e Ixchiguán, en San Marcos; San Mateo Ixtatán y San Pedro Soloma, en Huehuetenango; San Jorge, en Zacapa; El Adelanto, en Jutiapa, y El Estor, en Izabal.

La clasificación también incluía entre los 42 municipios de riesgo alto a Huité, en Zacapa; Puerto Barrios, en Izabal; Nueva Concepción, en Escuintla, y San Juan Sacatepéquez, en Guatemala.

Aquel informe tomaba en cuenta antecedentes de tensión social y enfrentamientos durante procesos electorales anteriores. El TSE advertía entonces que las condiciones podían cambiar conforme se acercaran las votaciones y se definiera la participación de los candidatos.

Para el proceso del 2027, el Tribunal identifica 101 municipios con riesgo de conflictividad, dos menos que los registrados en el informe presentado antes de las elecciones del 2023. Sin embargo, el magistrado Quelvin Jiménez evitó revelar sus nombres, por lo que todavía no es posible establecer cuáles permanecen en las categorías de riesgo, cuáles cambiaron de clasificación y cuáles dejaron de figurar en el mapa de conflictividad.

Casos trasladados al Ministerio Público

Jiménez aseguró que el TSE revisa miles de expedientes relacionados con posibles irregularidades y que varios casos ya fueron presentados ante el Ministerio Público (MP).

También anticipó que podrían emprenderse acciones legales contra personas investigadas por estas prácticas.

El magistrado señaló que, en algunos casos, los cambios de residencia electoral podrían estar motivados por ofrecimientos de beneficios a cambio de votar en otro municipio.

El funcionario no precisó cuántos expedientes fueron remitidos al MP, qué municipios están involucrados ni cuántas personas podrían enfrentar acciones legales.

Jiménez explicó que, cuando los ciudadanos actualizaron su residencia electoral, firmaron declaraciones juradas en las que aseguraron que vivían en el lugar consignado.

Por ello, el Tribunal desarrolla procedimientos administrativos y presenta las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, según explicó.

Municipios con riesgo de conflictividad

El TSE ha identificado 46 municipios con riesgo alto y otros 55 con riesgo medio de conflictividad electoral para el proceso del 2027.

Jiménez explicó que, para establecer estas clasificaciones, se consideran antecedentes de incidentes durante las elecciones anteriores, particularmente aquellos que afectaron el desarrollo de las votaciones.

Entre las variables mencionó los casos en los que la tensión impidió efectuar elecciones durante la primera vuelta del 2023 y obligó a resolver la situación después.

Al preguntársele qué municipios integran las categorías de mayor riesgo, el magistrado evitó identificarlos.

“No le puedo mencionar nombres de los municipios porque no queremos causar alarma”, respondió.

Aunque reconoció que algunos territorios presentan mayores antecedentes de conflictividad, aseguró que el TSE prestará atención a todos los municipios del país.

Seguridad desde antes de las elecciones

El magistrado explicó que la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, instalada esta semana, mantendrá sus actividades hasta la toma de posesión de las autoridades que resulten elegidas en el 2027, prevista para el 2028.

La instancia trabajará durante las etapas previas a la elección, la campaña, la jornada de votación y el período posterior a los comicios.

Según Jiménez, las instituciones participantes desarrollan protocolos para prevenir y atender posibles incidentes.

También anunció que en los próximos días se presentará una mesa específica de conflictividad electoral, cuya coordinación estará a cargo del magistrado Mario Alexander Velásquez.

El funcionario insistió en que las impugnaciones relacionadas con posibles irregularidades en la residencia electoral deben plantearse antes del cierre del padrón.

El TSE tiene previsto el 20 de marzo del 2027 como fecha límite para el empadronamiento y la actualización de datos, según el calendario preliminar del proceso electoral.

Jiménez sostuvo que el objetivo es llegar a las elecciones con un padrón depurado y reducir las causas de enfrentamientos entre comunidades.